El exministro del PP Eduardo Zaplana vivió este miércoles una jornada negra en el juicio del 'caso Erial', quizá la peor. Tres investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detallaron las pesquisas sobre la presunta trama corrupta. A mediodía, la declaración de los agentes del instituto armado se interrumpió para conectar telemáticamente con el abogado uruguayo Fernando Belhot, encargado de diseñar la estructura societaria de la trama. El blanqueador, experto en este tipo de tinglados financieros, afirmó tajante que el dinero era del exdirectivo de Telefónica. Tanto la confesión de Belhot como el relato de la investigación apuntalan la acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra Zaplana, para el que pide una pena de 19 años de prisión y 40 millones de euros de multa. Se trata del cuarto miembro de la presunta trama que, esta vez con la condición de testigo, sostiene ante el tribunal que los fondos de las mordidas eran propiedad del expresidente de la Generalitat Valenciana, a pesar de que estaban a nombre de su amigo de la infancia y testaferro confeso, Joaquín Barceló 'Pachano'. La defensa de Zaplana se quedó prácticamente sin munición.
Miembros del equipo de investigadores del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO, encargados de las pesquisas, detallaron cómo siguieron la pista de las mordidas que pagó a Zaplana y a su jefe de gabinete, Juan Francisco García, la empresa Sedesa, de la familia Cotino, en Luxemburgo. El sobrino del fallecido político del PP, Juan Cotino, confesó que su tío, siendo director general de la Policía durante el primer Gobierno de José María Aznar, fue quien orquestó la comisión a cambio de la adjudicación a Sedesa de uno de los lotes de la privatización de las ITV. “Juan Cotino nunca fue ajeno a la actividad de la empresa [Sedesa], juega un papel fundamental”, afirmó uno de los agentes.
Las agendas intervenidas a Zaplana dieron valiosas claves a los investigadores sobre “lo relevante de las reuniones” entre el expresidente valenciano y Juan Cotino. El hecho de que antes, durante o después de cada movimiento de los fondos en el extranjero siempre figure una reunión entre Zaplana y algunos de los personajes de la trama denota que fue el “actor principal” de la trama. Por ejemplo: el 6 de agosto de 1997, cuando se abren los sobres con las propuestas técnicas de las empresas que concursan a la licitación de las ITV, Cotino se reúne con Zaplana.
Otra jornada clave marcada en la agenda fue el 17 de noviembre de 1997, pocos días después de la adjudicación de los lotes de las ITV. Ese día, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, cuya hagiografía se titulaba “un liberal para el cambio”, se reunió tanto con Cotino como con las empresas Lubasa y Pavasal, todos adjudicatarios del pelotazo de las ITV. Sedesa se embolsó una plusvalía de 43 millones de euros cuando revendió la concesión.
Los presuntos chanchullos se extendieron, en la licitación del Plan Eólico, al entonces conseller de Industria, Fernando Castelló, investigado en una causa separada. Cinco misivas confeccionadas por Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana, se convirtieron en un documento de “valor excepcional” para los investigadores: acreditaban la “materialización de colaboraciones en una serie de procesos administrativos para los intereses particulares” de los acusados (las presuntas mordidas). Se trata de una suerte de informes elaborados por Grau para las reuniones que mantenía con Zaplana, en los que aparece algún concurso relativo al parque Terra Mítica y a Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de colegios, entre otros asuntos.
El plato estrella de las pesquisas fue el seguimiento del rastro del dinero en Luxemburgo, territorio 'offshore'. Juan Cotino, siendo el máximo responsable de la Policía, llevó personalmente al Gran Ducado más de 600.000 euros en metálico a la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía y responsable de la estructura financiera para esconder la comisión. La actividad de la empresa creada en Luxemburgo era “nula”, según uno de los agentes. El 5 de septiembre de 2005 se inició la “repatriación” de los fondos a España mediante sociedades a nombre del testaferro Pachano.
Las conversaciones telefónicas crípticas
Los agentes analizaron las conversaciones telefónicas de Zaplana con su asesor fiscal y concluyeron que cuando hablaban de asuntos como la declaración de la renta del político lo hacían en un “lenguaje normal” y “totalmente abierto” mientras que cuando trataban de las inversiones de los fondos lo hacían con un “lenguaje esquivo” evitando dar “ningún tipo de nombres”. También destacaron algunos encuentros de Zaplana, entre ellos una reunión en Madrid con Óscar Sánchez Mendoza, un personaje “relevante” por sus antecedentes por blanqueo de capitales y organización criminal.
El asesor fiscal, Paco Grau, pretendía “retornar el dinero para hacer inversiones”, declaró uno de los agentes de la UCO. Sin embargo, Eduardo Zaplana “es el que finalmente acaba tomando las decisiones”, apostilló. Unos 2,2 millones de euros se usaron para adquirir parcelas en La Vila Joiosa, de uso hotelero y de uso residencial.
Cuando se plantearon vender la parcela de uso hotelero a través de una empresa en la que figuraba Pachano, el amigo de la infancia de Zaplana no tomó la decisión sino que consultó al exministro. Gracias a la actividad operativa de la UCO (los seguimientos al testaferro), detectaron que hizo una visita al hospital La Fe, donde el principal acusado recibía tratamiento, y luego llamó para confirmar la operación.
El papel de la BPA
Los investigadores también detectaron casi 10 millones de euros en Andorra, siempre a nombre de Pachano. Los testigos explicaron el papel de la Banca Privada d'Andorra (BPA) hasta su intervención por su participación en el blanqueo de capitales del crimen organizado.
La BPA “posibilitaba”, mediante intermediarios del propio banco que ni siquiera residían en el Principado, la entrega de dinero en efectivo a los clientes que lo solicitaran. El intermediario, en una operativa de compensación, buscaba clientes con “intereses contrapuestos”: uno que necesitaba efectivo y otro que buscaba deshacerse de dinero en metálico. Lo cual evitaba los controles en la frontera y propiciaba que, además, los movimientos no aparecieran como “transferencias en si”.
El titular de los fondos de Zaplana en Andorra era su amigo Pachano, que a su vez figuraba en una cuenta numerada, con lo cual la BPA se refería al testaferro simple y discretamente con un número. Además, “las sociedades panameñas también son 'offshore' y las proporciona el propio banco”, recordó uno de los investigadores de la UCO.
“La cuenta de la vieja”
En el marco de los movimientos de fondos entre Andorra y Panamá se colocaron sociedades pantalla intermedias para dificultar el seguimiento del rastro del dinero, a pesar de que la UCO pudo trazar en detalle los destinos de la 'lavadora internacional' de la trama. Otros documentos ayudaron a apuntalar las pesquisas, especialmente seis archivos digitales intervenidos en el ordenador de Paco Grau que reflejaban “operaciones, saldos e inversiones” de la presunta trama corrupta. “La cuenta de la vieja” se llamaban varios de los archivos.
El servidor de Grau “era muy ordenado” y tenía asignada una carpeta a cada cliente, recordó uno de los agentes. Sin embargo, la “cuenta de la vieja” relativa a Zaplana estaba en la carpeta correspondiente a la empresa Les Dunes, propiedad de su suegro, el empresario hotelero ya fallecido Miguel Barceló, senador del PP entre 1986 y 2008. Se trata de la misma empresa que impulsa actualmente junto a otros promotores el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm, tal como informó este diario.
Los documentos “se guardan, se modifican o se imprimen” en “fechas compatibles” con las reuniones entre Zaplana y su asesor fiscal (el diablo está en los detalles, decía el refrán). El último de los archivos era el “más relevante”: una especie de resumen que reflejaba los saldos bancarios de las cuentas en Andorra, información contable de las empresas del testaferro y varias operaciones de la trama, tales como la compra de dos áticos de lujo en Altea o la adquisición de las parcelas en La Vila Joiosa.
El blanqueador de los “clientes offshore”
Pocos minutos antes del mediodía, el presidente del tribunal interrumpió la declaración de los investigadores de la UCO para conectar con Uruguay, desde donde declaró el abogado Fernando Belhot, especializado en diseñar complejas estructuras societarias y cuyo despacho estuvo implicado en el 'caso Odebrecht'. Belhot figuró al principio de la instrucción como investigado pero su condición procesal cambió a la de testigo al prestarse a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y entregar casi siete millones de euros de Zaplana a la justicia española.
Belhot apareció en escena cuando la trama decidió sacar los fondos de Luxemburgo. El uruguayo conoció a Zaplana en 2009 y, en un principio, acordaron que el directivo de Telefónica le buscara clientes para su despacho en Montevideo, especializado en asesoramiento fiscal y de inversiones de “clientes offshore” de países como Argentina, Brasil o España, según la presentación que hizo al inicio de su declaración.
Zaplana le pidió que asesorara a un amigo suyo de la infancia con fondos en el extranjero (Pachano). Sin embargo, “luego con el tiempo”, Belhot fue “comprobando” que quien tenía el “poder de decisión” sobre el dinero era el exministro. “Era el verdadero decisor de todas las operaciones”, afirmó el blanqueador, quien precisó que los activos de la trama “en realidad eran del señor Zaplana”.
“Él me manifiesta que, efectivamente, era el dueño de la gran mayoría de los activos y que no quería hacerlo público por su exposición pública, como miembro de un partido muy importante en España y su carácter de empresario vinculado a la asesoría y la actividad de lobby”, afirmó a preguntas del fiscal anticorrupción, Pablo Ponce.
Contactos con empresarios del Ibex 35
De paso, Eduardo Zaplana le “abrió las puertas para conocer a empresarios de altísimo nivel”, del Ibex 35 y a “políticos españoles”, aunque no citó a ninguno en concreto, sólo a cotizadas tales como “Acciona, Gas Natural o Telefónica”. El testigo describió a Zaplana como un “hombre extremadamente cuidadoso”, con el que ni siquiera se intercambió “un solo correo” electrónico durante los nueve años que duró su relación.
“Tres o cuatro veces al año”, Belhot viajaba a España y le entregaba a Zaplana los extractos de las operaciones que hacía. El exministro, un hombre “inteligente”, según Belhot, “lo entendía perfectamente y, en general, destruía los extractos”. “Era un hombre muy cuidadoso y no quería tener nada en su poder que lo vinculara a esos activos”, explicó.
En 2016 y 2017, coincidiendo con la grave enfermedad diagnosticada a Zaplana, Belhot le transfirió 2,3 millones de euros mediante el procedimiento de los cambistas, similar al de Andorra pero en versión latinoamericana. “Era un procedimiento no muy ágil, a veces podía demorar un mes o dos, era la única forma de entregarle dinero vivo, que era lo que quería el señor Zaplana”. Una vez que el dinero llegaba a sus manos en España, Zaplana llamaba a Belhot y le decía: “Todo correcto”.
Uruguay: confidencialidad y secreto bancario
El abogado detalló toda la operativa que montó con el dinero de Zaplana, una suerte de 'lavadora' que pasó por Holanda, Dubai o Panamá, entre otros países, para volver a España. Desde el principio, Belhot convenció a Zaplana de que los fondos se trasladaran a Uruguay, país que cumplía el “mejor requisito que buscaba”: la “confidencialidad” y “uno de los secretos bancarios más fuertes del mundo”. “En Uruguay, la evasión fiscal no era un delito ni lo sigue siendo”, apostilló.
El testigo sufrió las consecuencias del 'caso Erial', según explicó. “Lamentablemente, esta situación que se generó por la exposición pública me afectó profesionalmente y también familiarmente”, dijo Belhot, quien se divorció y cerró el despacho. “La prensa hizo figurar mi nombre asociado al del señor Zaplana, nos afectó muchísimo porque nadie quiere que le maneje su dinero alguien que está, aunque sea tangencialmente, vinculado a operaciones de corrupción”, lamentó el blanqueador confeso.
El testigo resumió la clave de su antiguo trabajo en el contrato de palabra entre caballeros, sin comprometedores papeles de por medio. “Si no hay confianza en el administrador fiduciario, no puede haber este tipo de operaciones”, sentenció.
El cliente de Belhot, sentado en el banquillo, siguió con atención la declaración del testigo, una de las más importantes del juicio para apuntalar la acusación, tras las confesiones de los Cotino y de su exjefe de gabinete. La línea de la declaración de Belhot era la esperada: ya cantó todo, con pelos y señales, en la fase de instrucción. De nuevo, Fernando Belhot se olvidó de la cháchara sobre la confianza del cliente y lo largó todo ante el tribunal. Mal día para “don Eduardo Zaplana”, como le llaman todos los acusados.