“Realmente no había un yonqui del dinero sino una epidemia de yonquis”, clamó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, en su intervención parlamentaria de la semana pasada. El jefe del gobierno autonómico usó la expresión popularizada por Marcos Benavent, imputado estrella del caso Imelsa, en referencia a la empresa Vaersa, a raíz de una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre el último de los escándalos sucedidos en ella: el uso por sus directivos, en la época del PP, de tarjetas de crédito para “lucro personal”, según la propia Intervención de la Generalitat.
Esta empresa no fue la única, pero sí la más grande y la que ha cosechado más sentencias que ponen en evidencia lo irregular de su funcionamiento. Mediante el empleo de sociedades del sector público empresarial de la Generalitat, los gobiernos valencianos del PP organizaron una especie de “Administración paralela”. Diversas sentencias judiciales han determinado desde 2014 que Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), una entidad similar a la estatal Tragsa y que se ha visto inmersa en varios casos de corrupción, incurrió en “cesión ilegal de trabajadores” a consellerías con competencias en Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo.
Como alertó la propia Intervención General de la Generalitat ya en la época de Alberto Fabra de presidente, personal de Vaersa ejerció durante años, en las propias dependencias oficiales, tareas exclusivas de funcionarios en materias como la redacción de informes urbanísticos, las autorizaciones ambientales y otros documentos y dictámenes que deben estar sujetos a la imparcialidad y objetividad que se supone a los técnicos con plaza específica en la Administración pública.
Eso se hizo a través de las denominadas “encomiendas de gestión”, que los gobiernos de los tiempos de Francisco Camps, singularmente, utilizaron para conformar auténticas “consellerías paralelas”. Ocurrió con la construcción de colegios, que se derivó a la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa), actualmente investigada en el caso Taula porque supuestamente se cobraron comisiones ilegales en las obras que promovió. También con la denominada Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (Avapsa), que gestionó la evaluación de solicitudes para la aplicación de la Ley de Dependencia, con una falta de agilidad que en la Comunidad Valenciana acumuló un retraso considerable. Y ocurrió con Vaersa.
La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que dirige actualmente Vicent Marzà, hace esfuerzos importantes por recomponer su estructura administrativa para la construcción de colegios, desmantelada en buena medida como contrapartida a la encomienda de esa función a Ciegsa.
La vicepresidenta del gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha puesto en marcha un proceso para dotar suficientemente el sistema de tramitación de las ayudas a la dependencia, a cuyos evaluadores quiere situar en manos de los ayuntamientos, lo más cerca posible de los beneficiarios, mientras desmonta la estructura de Avapsa. Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que dirige Elena Cebrián, ha heredado una situación en la que hay casi tanto personal en la “conselleria paralela” como en la genuina.
Empresa enorme frente a consellería raquítica
Vaersa, que también se ha accidentado judicialmente a la hora de emprender expedientes de regulación de empleo, tiene en estos momentos todavía unos 1.200 empleados, según datos del departamento. En contraste, la conselleria cuenta con 1.650 empleados públicos, lo que supone sólo el 81,1% de su plantilla. Ese 19% de vacantes en su estructura (384 puestos) la sitúa como el departamento con la proporción más alta de plazas sin cubrir en la diezmada Administración valenciana. “Es un problema grave porque se trata de una proporción muy alta para una conselleria pequeña”, señalan fuentes del departamento.
Revertir la situación no va a ser fácil, pero el gobierno del Pacto del Botánico (que firmaron el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, aunque esta última formación se limita al apoyo parlamentario) pretende devolver músculo a la Administración autonómica.
De Gürtel a las tarjetas, pasando por la visita del Papa
Mientras tanto, todavía se ventilan en los tribunales los excesos del sistema que implantó el PP. Vaersa tiene el dudoso honor de ser el primer departamento con el que contrató la trama Gürtel en Valencia, con Rafael Blasco, hoy en prisión por un fraude en las ayudas de cooperación cuando años después fue titular de la cartera de Solidaridad y Ciudadanía. Por eso, varios antiguos responsables de la empresa figuran entre los imputados en la pieza de Gürtel que investiga los contratos menores de la Generalitat con la trama.
En otra pieza de Gürtel, la de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, también hay una ramificación en Vaersa, empresa en la que la policía halló en 2015 pruebas del desvío de dinero (más de medio millón de euros) desde la fundación que organizó aquel evento, en un caso por el que está imputado Juan Cotino, en aquel momento conseller de Agricultura y, por tanto, responsable de Vaersa.
Por si eso no fuera suficiente, el exdirector de Vaersa Felipe Espinosa Bolaños fue condenado en julio de 2016 a 8 y 10 meses de inhabilitación, respectivamente, por la compra irregular de 67 todoterrenos, algunos de ellos de alta gama, y el pago de sobresueldos a directivos entre 2007 y 2011 sin la autorización del Consell. En ambos casos, el exdirector acordó con la fiscalía la conformidad, es decir, se declaró culpable.
La investigación sobre irregularidades en Vaersa, sin embargo, permanece abierta, entre otras cosas por el pago supuestamente irregular de servicios de asesoría a un despacho de abogados. Nada más llegar a la Generalitat, el nuevo gobierno del Botánico formuló denuncia ante la fiscalía, desde la nueva dirección de Vaersa, contra el que fuera director general. Un juzgado de Valencia se hizo cargo del asunto y la Generalitat se personó como perjudicada en la causa.
En el marco de esa investigación judicial, un informe de la Intervención General de la Generalitat ha revelado que directivos de Vaersa, como el exdirector ya condenado, usaron entre 2006 y 2015 tarjetas de crédito de la entidad para extraer cantidades de dinero en efectivo por valor de más de 45.000, en operaciones en cajeros automáticos realizadas en su mayor parte en fines de semana. Del total de gastos de esas tarjetas, 138.525 euros, el informe destaca, por ejemplo, que 12.000 euros se abonaron en un mismo restaurante por 89 comidas, 65 de ellas en sábado o domingo.
La Intervención concluye que estas actuaciones “suponen un lucro personal de los sujetos que llevaron a cabo dichas conductas en perjuicio de la entidad en la que prestaban servicios y deberían dar lugar a la exigencia de responsabilidad en la vía correspondiente, pudiendo incluso ser constitutivas de actuaciones penales”.
Así se ha abierto el último episodio en el desastre de la gran conselleria paralela, el de unas “tarjetas black”, que aunque no fueran opacas sí que se usaron para fines distintos a los que estaban destinadas.