La Valencia que gobernó la exalcaldesa, Rita Barberá (PP), se construyó muchas veces en consonancia con los señores del ladrillo. Pero también en complicidad con los designios de expansión del Puerto de Valencia, que se convirtió durante décadas en un vecino más que problemático para los barrios que se situaban a su alrededor. Esa actitud ante el Puerto ya la apuntaron en los años noventa los socialistas, pero sus intenciones no iban tan lejos como las llevó después el PP.
La elimnación de la playa de Natzaret, el tumultuoso proceso de expropiación de los vecinos de La Punta para construir una Zona de Actuaciones Logísticas (ZAL) que solo ha servido para cubrir de cemento la huerta o la desconexión de la capital con el mar por la presencia de las instalaciones portuarias son algunos de los ejemplos de cómo la voluntad del Puerto se impuso siempre sobre la ciudad. Que sea un polo económico de relevancia hizo que cualquier reivindicación fuera acallada. Y que los anteriores gobiernos municipales se alinearan siempre con sus intereses.
Una situación que parece que ahora se quiere cambiar. O, al menos, eso se desprende por los anuncios que ha realizado el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), después de su reunión con los responsables portuarios. Un museo marítimo, un jardín con huertos urbanos para Natzaret, o desplazar la rotonda que une el puerto con eses barrio son mejoras que empiezan a vislumbrar un nuevo tiempo. Aunque se tendrían que ampliar para ayudar de verdad a un barrio que lucha contra su estigma de aislamiento y marginación.
La cesión del suelo de la ZAL para ampliar el carril bici de La Punta-Pinedo con paseo peatonal, enterrar las vías de Renfe en Natzaret y su entorno y la cesión a la ciudad de Valencia de la propiedad del final del cauce histórico del Turia y del suelo de la antigua fábrica de aceite, el de Benimar y el de Marazul, son algunas de las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Natzaret que ha hecho tanto al tripartito conformado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú como al próximo Gobierno que haya en Madrid. La filosofía que defienden es un cambio de la política portuaria que conlleve “una nueva delimitación de espacios y usos portuarios más justa y con participación vecinal en todo el proceso”. También reclaman “una nueva ley de puertos más respetuosa y transparente con las ciudades colindantes”.
Peticiones que a largo plazo supondrían retornar la deuda que el Puerto de Valencia tiene con la ciudad tras años de libertad para sus proyectos sin necesidad de que confluyeran con los intereses de la ciudad. Pese al encontronazo que mantienen Ribó y el nuevo presidente del Puerto de Valencia, Aurelio Martínez, por la reconversión de la ZAL en huerta, la complicidad entre ambos y la mayor visión de ciudad del exdirigente socialista auguran un cambio de rumbo. Que los intereses de la ciudad estén por encima de los del Puerto. Los compromisos de Ribó van en esa línea. Ahora hay que cumplirlos. De lo contrario, se dejaría pasar una oportunidad histórica de imponer racionalidad.