El Ayuntamiento activará el año que viene equipos de atención y seguimiento para personas con problemas de salud mental graves. Así lo ha anunciado el alcalde, Joan Ribó, durante el debate sobre el estado de la ciudad que se ha celebrado esta mañana en el Hemiciclo municipal. Ribó ha explicado que “en un contexto en que la salud mental tiene cada vez más importancia, el objetivo de las administraciones debe ser mejorar su tratamiento con la prestación de una atención más completa, integrada y adaptada a las necesidades de las personas”.
En este sentido, el alcalde ha avanzado que serán equipos de atención comunitaria dependientes de servicios sociales y que dispondrán de dos locales propios, uno que cubrirá territorialmente desde la Malva-rosa hasta Benimaclet y otro desde Ciutat Vella hasta la Saïdia.
El anuncio del alcalde se completa con la próxima incorporación de 113 nuevos profesionales de los servicios sociales, que reforzarán el área de Bienestar Social municipal. Ribó ha añadido que “los servicios sociales de atención primaria básica están experimentando un completo cambio con la aplicación de la nueva legislación autonómica. Esta transformación se ve materializada en el crecimiento de la plantilla que en 2022 ha tenido un incremento de 45 profesionales y en las próximas semanas se ampliará con 113 profesionales más. En total, se incorporarán 300 personas en el marco del contrato programa subscrito con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas”.
También en materia de servicios sociales, Joan Ribó ha destacado que València ha destinado ya 4 millones de euros a ayudar a las personas refugiadas, especialmente las procedentes de la guerra de Ucrania. Según Ribó, “todas las semanas se puede observar que en el orden del día de la Junta de Gobierno, se incorporan partidas que muchas veces superan los 50.000 euros para hacer frente a los gastos de acogida de las personas refugiadas”.
El alcalde ha anunciado también que, a finales del mes de diciembre, se incorporarán a la plantilla de la policía local 150 nuevos agentes, que reforzarán las unidades de distrito, las unidades de convivencia (UCO) y las unidades de proximidad ubicadas en los barrios y que, en estos momentos, hay otras 70 plazas de agente de la policía en proceso de oposición. Joan Ribó ha asegurado que “hemos impulsado la convocatoria de los procesos de oposiciones para incorporar nuevos y nuevas agentes de la Policía Local llegando al límite legal de reposición y ofreciendo la totalidad de las plazas vacantes de la plantilla. Para este gobierno ha sido y es prioritario reforzar la plantilla de la Policía Local y bomberos. Desde que llegamos al gobierno en 2015 hemos incorporado agentes en todas las convocatorias, una cosa necesaria después de 10 años del gobierno anterior en los que no se crearon plazas”.
Centros culturales
En su intervención en el Plenario, el alcalde ha anunciado también que el Ayuntamiento ha conseguido “la cesión anticipada por parte de ADIF de la estación del Grau y se está redactando el proyecto de rehabilitación como centro cultural”. Dentro de la misma área, el alcalde ha avanzado la “próxima apertura de cinco nuevos centros culturales a los barrios de València: la Nau de Ribes en el Parc Central como subsede del Teatro Escalante; el chalé de Aben al-Abbar en el barrio de Albors; l’Escorxador como archivo vivo de la memoria del barrio del Cabanyal; el edificio de la calle de la Reina 121, al mismo barrio del Cabanyal; y la Alquería de Albors en el barrio de Orriols”.
El alcalde ha matizado que “exceptuando la Nave del Parque Central, que ya está en funcionamiento, el resto de centros abrirán sus puertas y empezarán a programar actividades culturales una vez se adjudique la licitación de la gestión de coordinación y personal”. También ha destacado que durante este año han abierto sus puertas el Mesón de Morella como centro cultural juvenil, el Centro Municipal de Juventud de la Malva-rosa, y el del Cabanyal.
En materia educativa, Joan Ribó ha subrayado la reciente apertura de la escoleta Clara Campoamor, con 116 plazas disponibles, y la licitación de una nueva en el barrio del Cabanyal, con otro centenar de plazas más. El alcalde también se ha mostrado satisfecho por “el aumento progresivo de la cuantía del cheque escolar, que ha pasado de 3 millones de euros en el curso 19/20 a 3’7 en el curso 22/23 y se han convocado ayudas para material escolar para el segundo ciclo de educación infantil por valor de 400.000 euros”. Respecto a las becas del comedor escolar, se han destinado 2’7 millones de euros a este concepto. Ribó ha recordado que “el PP destinaba 511.000 euros y nosotros, 2’7 millones. Es evidente que este gobierno hace una apuesta histórica por las ayudas de comedor para los niños y niñas de la ciudad, incrementando la partida presupuestaria y aumentando el umbral de la renta para poderlas solicitar”.
Viviendas de alquiler y rehabilitación energética
En materia de vivienda, el alcalde se ha referido a la rehabilitación de 600 viviendas de los años 50 en los barrios de Natzaret, San Marcel·lí, Beteró y la Malva-rosa con una nueva ayuda de los fondos Next Generation para la mejora de la conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética.
Según el alcalde, la rehabilitación de estas viviendas se añade a la inversión de 2’4 millones de euros en ayudas municipales al alquiler, las 60 viviendas nuevas viviendas para alquiler municipal asequible y la próxima incorporación otros 44 más. Además, la Corporación adquirirá en breve un edificio entero de obra nueva en la calle de Compromís de Casp y que se destinará íntegramente al programa municipal de alquiler asequible.
En cuanto al urbanismo, Joan Ribó ha destacado que, este año, sin duda, “ha sido el año de las plazas en el centro de la ciudad” y ha subrayado la finalización de las obras de reforma de las plazas de la Reina, el Mercat y Bruges que, según ha afirmado, “pretenden aumentar el espacio de la ciudad peatonal reconquistando el espacio que antes se había cedido al coche”.
Gómez desgrana su plan contra la inflación
La vicealcaldesa y candidata de los socialistas a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha lanzado esta mañana en el Debate del Estado de la Ciudad el plan del PSPV-PSOE para proteger a las familias del incremento del coste de la vida provocado por la guerra en Ucrania.
Durante su intervención, Gómez ha subrayado que esta legislatura ha estado marcada por las dificultades, en referencia a la crisis sanitaria y a las consecuencias de la invasión y, por eso, los socialistas, ha dicho, se han fijado como prioridad “ayudar a las familias y ponérselo difícil a los especuladores para garantizar el acceso a la vivienda. En el PSOE sabemos a quién representamos y, por eso, tenemos claro cuál es nuestro camino. Damos la cara para que las personas puedan quedarse a vivir en su barrio”.
La vicealcaldesa ha desgranado durante su intervención el plan de los socialistas para ayudar a las familias contra la inflación que contempla la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, de las actividades deportivas a quienes tienen dificultades y ayudas de hasta 500 euros para las pymes y autónomos de la ciudad para compensar la subida del coste de la luz.
En esta línea, Gómez ha defendido un impuesto extraordinario a los fondos buitres y a los especuladores “que se están lucrando a costa del problema de la vivienda”. Por eso, ha continuado, “vamos a cobrar un recargo del 30% del IBI a los fondos que tengan una vivienda vacía en la ciudad. Se acabó que puedan comprar grandes bolsas de viviendas en barrios como la Fuensanta a costa de coaccionar y amenazar a las familias más vulnerables de la ciudad”. Asimismo, ha anunciado la subida del 325% de la plusvalía a las ventas exprés de viviendas para especular: “La vivienda son los hogares de nuestras familias, no pueden ser el negocio inmobiliario de los buitres”, ha añadido.
Finalmente, ha reafirmado su propuesta de imponer una tasa turística extraordinaria a los apartamentos turísticos “porque donde hoy hay un apartamento turístico, había ayer una vivienda y, por tanto, es otra piedra más en la escalada de precios que pone imposible alquilar una casa a muchas personas jóvenes y familias de esta ciudad”.
Gómez ha destacado que los impuestos valen para gravar la actividad de quienes “no aportan nada o pretenden hacerse ricos a costa del sufrimiento social” y ha criticado con dureza al PP por defender que se les baje “cinco veces más los impuestos a los vecinos de Cirilo Amorós que a los de San Isidro”.
Críticas de la oposición
El turno que corresponde a los grupos políticos lo ha abierto el portavoz de Vox, José Gosálbez, que ha reivindicado la “València real de la que han hablado las entidades” frente a la “València ideal que ha presentado el alcalde”. Gosálbez ha criticado la política de seguridad y ha reclamado “la reorganización de la plantilla de Policía Local y mayor presencia de la policía de barrio”.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha centrado su intervención en el problema de la vivienda. Aunque el concejal se ha referido también a otros aspectos de la gestión de la ciudad en los que, según su postura, el gobierno municipal no está actuando como debería, como “los problemas de suciedad, seguridad, plagas y ruido”, la base de su intervención ha girado en torno a la vivienda. Y la causa de las carencias, ha afirmado, “es que falta gestión, diálogo y consenso”.
En este contexto se ha referido también a la vivienda social, y ha denunciado que, mientras que el registro de demandantes de vivienda de alquiler social suma 2.500 y 1.000 en AUMSA, los recursos municipales son de sólo 163 viviendas. Giner también se ha referido a la movilidad en la ciudad, y ha criticado que “se multe a la ciudadanía para impulsar la sostenibilidad. No parece que las multas sean el camino para la València Sostenible 2030 -ha afirmado- porque es una ciudad poco amable con su área metropolitana”. El concejal ha reclamado una mejor gestión y una reducción de los impuestos, y ha concluido acusando al equipo de gobierno de “generar una economía low cost, que lleva a sueldos low cost”
La portavoz del Grupo Popular, Mª José Catalá, ha comenzado su intervención criticando la “falta de proyecto de ciudad” por parte del actual equipo de gobierno y en referencia a la intervención de Joan Ribó ha señalado que “hace anuncios reciclados porque no le ilusiona València”. Tras referirse al incremento de los costes energéticos “que está cerrando negocios” se ha dirigido al alcalde para que “participe en la Alianza contra la inflación pero bajando los impuestos municipales” porque “València es una de las grandes ciudades españolas con la presión fiscal más elevada”.
Catalá ha criticado la falta de inversión en dotaciones en los barrios así como el “colapso” de la licencias, la falta de limpieza y de seguridad para concluir que “nos estamos barcelonizando”. En cuanto a la política de movilidad, la portavoz del Grupo Popular ha señalado que se han eliminado 11.500 plazas de aparcamientos y líneas de la EMT y ha afirmado que “la EMT debería ser una herramienta fundamental y se ha convertido en un agujero negro”.
Ocho entidades sociales toman la palabra
En el Hemiciclo Municipal también se ha escuchado la voz de la sociedad civil. El consistorio ha atendido las reflexiones y las propuestas de ocho entidades sociales y vecinales que han querido participar para plantear propuestas, acciones, quejas o sugerencias sobre la gestión municipal.
En primer lugar, ha hablado Rafael Soler, como portavoz de la Asociación de Aceras para Peatones. En nombre de esta entidad, ha pedido “ayuda para conseguir una València amable para las personas que sufren infracciones de bicicletas y patinetes que circulan impunemente por las aceras”. Soler ha asegurado “que la política de recuperación de los espacios para las personas ha supuesto la pérdida de las aceras peatonales”.
Inseguridad en el Cabanyal
Seguidamente, ha intervenido Silvie Berger, quien, en representación de la Asociación Zero Incívics, un colectivo vecinal del Cabanyal “harto del incivismo, de la droga, del ruido y de vivir cerrados con miedo”, ha explicado, en primera persona, el acoso que sufre por parte de un grupo de vecinos. Berger ha ironizado al manifestar que “parece que estas personas no han recibido el decálogo municipal para mejorar las relaciones entre el vecindario”, una medida que ha calificado “de insuficiente para defender la dignidad y el derecho a descansar de uno de los barrios de la ciudad que se anuncia como la más justa y amable”.
En representación de la asociación Mi Tierra CV ha intervenido José Antonio García, que ha criticado la actual gestión del equipo de gobierno en diversas parcelas como la limpieza viaria, el cuidado del arbolado y la política de movilidad, reivindicado una ciudad “de 20 minutos” en la que “puedan convivir vehículos y bicicletas” . García ha solicitado también que se eliminen las cámaras de Ciutat Vella y que se baje el impuesto del IBI y “se defienda el valenciano de verdad”.
La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha estado presente también en este Pleno. Su portavoz, Mª Carmen Palop, ha agradecido medidas como la bonificación en el IBI y la ampliación de la plantilla de la Policía Local, pero ha señalado que “sigue siendo insuficiente” porque “el centro se ha convertido en un foco de atracción para bandas organizadas”. Ha reiterado la petición para que se instalen cámaras de control. Palop ha reclamado un “uso honrado y transparente” del sistema participativo Decidim para que “no se implanten medidas de forma precipitada” y ha añadido que “cada vez es más costoso ir al centro para los comerciantes y los transportistas”.
Posteriormente ha tomado la palabra Paz Calleja, representante de la Plataforma vecinal del Barrio de Penyaroja, quien ha criticado la situación del barrio, especialmente en lo referente a los jardines y la política medioambiental. Calleja ha descrito un entorno ciudadano caracterizado por “los alcorques vacíos, los árboles talados, el cesped con calvas y las ratas”. Y ha cuestionado de nuevo “que València pueda ser Capital Verde Europea”.
Además, la representante vecinal ha lamentado también las carencias en el campo de las infraestructuras culturales y sociales, y ha concluido demandando un incremento de las inversiones para el barrio.
Los jóvenes piden alquileres inasequibles
La siguiente intervención ha estado protagonizada por la vicepresidenta del Consell de la Joventut de València, Blanca Silvestre, quien ha realizado un balance del último año y un diagnóstico que, es, ha asegurado “imprescindible para tomar decisiones que den solución a las carencias”.
Silvestre ha recordado que el Consell representa más de 40 asociaciones juveniles, es decir, alrededor del 12% de la población total de la ciudad, “gente joven, diversa y plural que comparte los mismos intereses y las mismas necesidades”. Según su diagnóstico, son tres los conceptos que definen la situación actual de la juventud: “Incertidumbre, resiliencia y expectativa”.
La representante juvenil ha señalado los principales problemas que acucian a la juventud; alquileres inasequibles, dificultades laborales que impiden desarrollar un proyecto de vida, y angustia y ansiedad ante las exigencias del futuro. Blanca Silvestre ha apelado a la responsabilidad de las administraciones, y ha asegurado que “ser joven antes, durante y después de la pandemia sigue siendo un deporte de riesgo”.
Natzaret pide que se elimine el circuito urbano
El siguiente en tomar la palabra ha sido Julio Moltó, para reivindicar, en nombre de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret, intervenciones como el soterramiento de las vías ferroviarias o la retirada de los restos de la Fórmula 1, “elementos con que el vecindario malvive en este barrio”. Moltó también ha pedido la construcción de un instituto o la ampliación de la Línea 10 del tranvía. “Además queremos recuperar espacio público para garantizar el derecho a la vivienda, y que el gobierno municipal no se olvide de la pobreza del barrio, porque ha destinado ayudas para paliarla pero hay que hacer frente a las causas”, ha añadido.
Finalmente, la psicóloga María Victoria Lorenzo, de la Asociación Psima, se ha dirigido al Hemiciclo para pedir que escuche al personal del Servicio Municipal de Intervención Familiar, “que se tiene que mantener porque no se pueden interrumpir los procesos terapéuticos de los adolescentes y jóvenes más vulnerables”. “Somos conscientes de la voluntad municipal de resolver este tema laboral que es un asunto de justicia social”, ha resumido.