El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha aprobado este jueves otorgar a Terminal Investment Limited (TiL), filial de MSC; la concesión administrativa para la construcción y explotación de una terminal marítima de contenedores abierta al tráfico general, en la ampliación norte del Puerto de València por un plazo de 50 años. La adjudicación se produce a pesar de que la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2007 para el polémico proyecto está judicializada.
La oferta de TiL fue la seleccionada por el Consejo de Administración en septiembre de 2019 a propuesta de la Mesa de Calificación. La inversión privada prevista en la oferta presentada asciende a 1.098 millones de euros y engloba todas las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento, la explotación y el mantenimiento de la nueva terminal. Por otra parte la APV construirá los muelles sobre los que se asentará la terminal con una inversión pública de unos 656 millones de euros. La nueva terminal implica la mayor inversión público - privada realizada hasta la fecha en el sistema portuario español.
Según la APV, en materia medioambiental la nueva terminal de contenedores será autosuficiente energéticamente y minimizará la emisión de CO2 mediante el suministro eléctrico. Desde el punto de vista ferroviario, la nueva superficie portuaria supone generar una nueva terminal ferroviaria de seis vías de 1.000 metros de longitud como instalación de carga/descarga de mercancía ferroviaria, lo que convertirá a València en un hub multimodal de primer orden.
Privatización de la Marina de València
El consejo de la APV ha aprobado también la adjudicación de una concesión administrativa a Serveis Maritims Port Eivissa, S.L y Ocibar, S.A., tras completar todos los trámites legales previstos. Este concesionario, que realizará una inversión de 84,8 millones de euros, se encargará de la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de casi la mitad de la Marina de València por un periodo de 35 años, ampliables con hasta un máximo de dos prórrogas sucesivas de 8 y 7 años, respectivamente. Un espacio que hasta ahora gestionaba el Consorcio Valencia 2007, integrado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno. El ente está en proceso de liquidación.
Los bienes de dominio público objeto de la concesión adjudicada a Serveis Maritims Port Eivissa, S.L y Ocibar, S.A. incluyen una superficie de tierra de 236.894,00 metros cuadrados y una superficie de lámina de agua (tras la ejecución de las obras) de 283.056,00 metros cuadrados.
Según ha informado la APV, la propuesta de Serveis Maritims Port Eivissa, S.L y Ocibar, S.A. incluye una serie de iniciativas encaminadas a ofrecer unas instalaciones náutico-deportivas de excelencia a los usuarios y embarcaciones de recreo, así como el fomento de actividades náuticas, deportivas y culturales destinadas a la ciudadanía y la generación además empleo de calidad.
En este sentido, la propuesta de Serveis Maritims Port Eivissa, S.L y Ocibar, S.A. incluye una reordenación de los amarres para mejorar la productividad y que permita aumentar la presencia de embarcaciones tanto de gran eslora como de pequeña y mediana eslora. El proyecto contempla 370 amarres en la dársena interior (de 12 metros hasta 130 metros de eslora) 74 amarres en la dársena norte (de 24 metros a 115 metros de eslora) y 227 amarres en la dársena sur (desde 6 metros hasta 40 metros de eslora).
El varadero contemplado en el proyecto tendrá capacidad para trabajar con embarcaciones desde los 10-15 metros hasta los 60 metros de eslora. Además, dispondrá de una marina seca capaz de albergar 228 barcos de hasta 8 metros. Para la parte de tierra se contemplan instalaciones y espacios dedicados a la formación náutica, investigación, comerciales y de restauración y ocio.
Convenio con el Ayuntamiento
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha comentado tras el consejo de la APV que también se ha aprobado “la creación de la comisión interadministrativa entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria” por el que el organismo portuario tutelará las nuevas concesiones que otorgue el Ayuntamiento en el espacio de la marina que queda sin privatizar, principalmente el edificio Veles e Vents, los tinglados y diversas bases.
La alcaldesa ha destacado que el Consejo de Administración de la APV también ha aprobado la concesión administrativa de las antiguas dos bases del equipo Iberdrola, para Sesame, por un plazo de 20 años y con una inversión de 2,9 millones de euros “con los que se rehabilitaran, recuperarán y explotaran estos inmuebles”.
“Estamos dando pasos de gigante en tiempo record, porque desbloqueamos este espacio y generamos inversión privada aportando oportunidades a este entorno, después de un bloqueo de 8 años en los que solo se aspiró a traer unas oficinas de Labora que no iban a aportar nada de riqueza ni de la actividad económica que ya protagoniza el día a día de La Marina”, ha asegurado Catalá.