El Ayuntamiento advierte de que el planeamiento del nuevo estadio y las obligaciones del Valencia CF pueden quedar en un limbo si decae la ATE

El servicio de Actividades del Ayuntamiento de València ha remitido a la Conselleria de Política Territorial el primero de los informes municipales sobre el expediente de caducidad del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo estadio del Valencia CF, el plan urbanístico diseñado en 2012 y aprobado en 2015 para posibilitar el traslado del Mestalla de la avenida de Aragón a la de las Cortes Valencianas.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se centra en los posibles escenarios si finalmente decae el plan, especialmente en todo lo que tiene que ver la concesión de las licencias para el reinicio de las obras y la posible afección en los plazos. Así, advierte de diversas circunstancias que podrían dejar la actuación en un limbo legal.

Además de este informe, faltará el de la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige la vicealcaldesa Sandra Gómez el cual debe pronunciarse sobre la vigencia de los beneficios urbanísticos de la ATE, principalmente los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario en la parcela del viejo Mestalla, con arreglo al proyecto presentado por el club. Gómez ya ha afirmado en varias ocasiones que el proyecto no cumple las exigencias pactadas en el convenio de 2005.

El documento del servicio de Actividades que dirige la concejala Lucía Beamud dice, en primer lugar, que se incorpora la resolución de inicio de caducidad de la ATE al expediente de licencia de actividad para el nuevo estadio, “en el que obra la solicitud de modificación de la licencia de obra y de actividad en fecha 31 de mayo de 2018, y posteriormente, en fechas 25 de febrero y 2 de marzo de 2022, respectivamente, consistente esta modificación en nueva cubierta, nueva fachada y nuevas escaleras con acceso a grada alta y locales interiores y adecuación de garaje”.

A continuación, recuerda que según la consideración décima de la ATE “el proyecto conlleva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València en aquellas determinaciones en las que se contradiga con la ATE y sus determinaciones se integrarán en el PGOU, sin que sean necesarios trámites posteriores”.

En esta línea, añade la consideración duodécima que “la declaración de caducidad conllevará la reversión, retroacción y reposición de los bienes, actuaciones y obras, así como en su caso, la derogación de previsiones de planeamiento en los términos que resuelva la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente” (ahora de Política Territorial).

Sin embargo, el informe advierte de que en la resolución de Política Territorial de 7 de marzo sobre la declaración de caducidad de la ATE “no se indica cuáles serán los efectos de la declaración de la ATE, entre ellos, si se procederá a la derogación de las previsiones de planeamiento de aplicación y, en consecuencia, se desconoce el planeamiento que resultará de aplicación una vez declarada la ATE, lo cual podría tener incidencia respecto a de las solicitudes de modificación de licencia de obras y de actividad a las que se ha hecho mención anteriormente, respecto a la legislación y planeamiento de aplicación”.

Es decir, se advierte al departamento que dirige el conseller Arcadi España de que si la caducidad de la ATE conlleva la eliminación del planeamiento, la tramitación de las licencias se retrasaría hasta que hubiera un nuevo planeamiento aprobado.

El documento también advierte de que “no se indica en la citada resolución en qué términos quedarán los compromisos y obligaciones impuestas a la entidad promotora recogidos, entre otros, en la consideración quinta y entre los que se encuentran algunos compromisos ya suscritos en los respectivos convenios urbanísticos aprobados con anterioridad con el Ayuntamiento de València, por lo que, en su caso, quedará tambien indeterminado el plazo de ejecución de algunos de los compromisos señalados”.

Por último, el informe reseña que “la declaración de la ATE conllevó la modificación de planeamiento que supuso una serie de beneficios urbanísticos en favor de la entidad promotora, en atención a los compromisos que fueron acordados e impuestos a la misma, por lo que debería determinarse en qué situación quedarán dichos compromisos y obligaciones, así como la repercusión que podría conllevar en cuanto a la reversión, retroacción y resposición de los bienes, actuaciones y obras, tomando en consideración que algunas de ellas ya han sido materializadas, y en atención a la afección que pudieran tener en la tramitación de los expedientes de modificación de licencia de obras y actividad mencionados anteriormente”.

La Conselleria de Política Territorial se valdrá de estos informes para determinar si el proyecto presentado por el club así como el plan de financiación son suficientes para mantenerle las ventajas urbanísticas de la ATE, o incluso la propia ATE cuya caducidad se encuentra en un proceso de alegaciones.

El departamento que dirige Arcadi España también ha solicitado un informe al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que se pronuncie sobre la validez de las garantías económicas presentadas por el club para finalizar el estadio, aunque desde el propio organismo afirmaron este miércoles que aún no disponían de la documentación.

Como informó este diario, el club ya ha presentado sus alegaciones a la caducidad de la ATE, en las que vuelve a negar que los retrasos en la ejecución sean achacables al club, una responsabilidad que deriva en el Ayuntamiento, en la pandemia y el fallido proyecto de ADU Mediterráneao.

Además, adjunta un documento según el cual demostraría que “ha obtenido el compromiso de Caixabank, S.A., de poner a disposición del Club una línea de crédito de hasta 15 millones de euros para cubrir el desfase de tesorería que pudiera producirse, en su caso, para el Club en el proyecto de construcción del Nou Mestalla”.