El Ayuntamiento y el Gobierno valenciano firmarán un nuevo convenio para repercutir a los promotores los 42 millones del circuito de Fórmula 1

El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana impulsarán un nuevo convenio para el sector del Grau que estipulará el reparto de los costes de la construcción del circuito de Fórmula 1 que ascendieron aproximadamente a 42 millones de euros.

Así lo han anunciado la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, y el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, tras la reunión que han mantenido para “buscar una solución al documento que firmó en su momento el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, y que generó una importante deuda a las administraciones”, ha explicado la vicealcaldesa.

Sandra Gómez ha destacado el acuerdo de las dos administraciones para impulsar un nuevo convenio que modifique el anterior que condicionaba el desarrollo del sector del Grau.

“Es una magnífica noticia porque podemos anunciar por fin que vamos a pasar página a una de las grandes herencias envenenadas que dejaron al actual Consell y al actual Ayuntamiento de València los gobiernos del PP, que estaban más interesados en beneficiar a unos pocos en perjuicio de los intereses de la mayoría de los valencianos y valencianas, y que se tradujeron en una deuda de más de 40 millones de euros”, ha asegurado.

El nuevo convenio que suscribirán el Ayuntamiento y la Generalitat permitirá llegar a un acuerdo entre todas las partes interesadas con el que “recuperar el dinero invertido por parte de todas las administraciones y dar una solución al nuevo barrio del Grau, una zona que conectará con el antiguo cauce del río Túria, que servirá de nexo entre Natzaret y los Poblats Marítims y que, además, dispondrá de buena parte de las nuevas dotaciones públicas como escuelas, vivienda pública accesible, etc, que nos permitirá consolidar esta parte de la ciudad”, ha defendido Gómez.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha incidido en el consenso alcanzado entre las dos administraciones para dar una salida a la “herencia recibida de gobiernos anteriores” en el Grau. “Ha sido una reunión cordial que hemos abordado desde la complicidad para tratar de resolver una situación a la que se le debía dar una salida poniendo siempre por delante los intereses de los valencianos y valencianas”, ha explicado.

“Coincidimos en que es necesario un nuevo convenio entre las administraciones que establezca las condiciones para afrontar esta herencia que hemos recibido de gobiernos anteriores y que compromete los intereses de la ciudadanía”, ha añadido Illueca, quien ha continuado explicando que el nuevo convenio se realizará “desde la defensa del interés general y el rigor jurídico”.

El vicepresidente, igualmente, ha mostrado su satisfacción “por la coincidencia básica en el enfoque que se le ha de dar al sector del Grau. Esto desembocará, los equipos están trabajando ya, en la posibilidad de un nuevo convenio para regular la resolución de esta situación entre las dos administraciones de acuerdo y en defensa de los intereses de la ciudadanía”, ha concluido.

Los estudios técnicos de la Conselleria de Vivienda concluirán si hubo o no exceso en la determinación de las cantidades que tuvo que asumir la Generalitat por si son motivo de exigencia de responsabilidades.

Fuentes del departamento que dirige Illueca han comentado que “el motivo fundamental de la suscripción de un nuevo convenio es, por una parte, dotarnos de un instrumento jurídico válido desde un punto de vista formal y de contenido, y sin ningún género de dudas, que permita la recuperación del dinero invertido por la Generalitat Valenciana en las obras para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, y que, en parte, formarían parte de la urbanización del sector Grau”.

Por otra parte, “para permitir la recuperación de dicho dinero con cargo a las plusvalías urbanísticas que se generen como consecuencia de la urbanización del Sector Grao”. Además, “para dotar de seguridad jurídica al posible urbanizador y a los propietarios del sector, que tendrán la información necesaria para conocer que los costes de urbanización que tengan que asumir serán exclusivamente aquellos que necesariamente beneficien a sus propiedades”.

De este modo “se mantiene la lealtad institucional entre administraciones (Generalitat y Ayuntamiento) respetando las actuaciones que ambas partes han ejecutado en cada momento, aún discrepando de lo que otros gobiernos hicieron en su día, pero con la necesidad de dotarse de un marco jurídico seguro, garantista, respetuoso con el interés general y el de los particulares afectados”.

Es más, “el Convenio que se suscriba no solo va a permitir recuperar la deuda sino que será aprovechado para dar soluciones habitacionales de la zona que actualmente necesitan de la ayuda institucional”.

Por último, han añadido que “el objetivo primordial es hacer efectivo el derecho a la vivienda y acabar con la degradación del entorno urbano de la zona”.