El Ayuntamiento de València ha recepcionado las obras deurbanización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto que se pusieron en marcha hace algo más de un año por parte de la SEPES, la entidad de pública del suelo, con una inversión de 4,4 millones de euros, pese a la incertidumbre jurídica que existía en cuanto la viabilidad del recinto, paralizado durante 23 años por cuatro sentencias judiciales.
La recepción de estas obras por parte del Consistorio se ha decidido siguiendo el criterio de un informe jurídico municipal, solicitado tras el último fallo judicial del pasado mes de marzo que volvió a dar la razón a la asociación de vecinos La Unificadora de La Punta y declaró ilegal el recinto por estar asentado sobre terrenos no urbanizables de especial protección y por haberse tramitado con una Evaluación Ambiental Estatégica (EAE) simplificada, en lugar de ordinaria.
Tanto la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) como la Conselleria de Política Territorial han recurrido el fallo al Supremo por lo que las parcelas del recinto siguen sin poder adjudicarse de forma definitiva, ya que en caso de hacerlo las administraciones se expondrían al pago de indemnizaciones millonarias a las empresas adjudicatarias.
Sobre las posibles consecuencias de recepcionar las obras de reurbanización, el informe destaca que es un trámite que “se limita a la obligación municipal de conservación y mantenimiento, pero no implica nada que perjudique cualquier decisión futura sobre el ámbito de la ZAL” y por lo tanto “ninguna responsabilidad se le puede exigir al Ayuntamiento”. Al contrario, “la no recepción podría suponer una reclamación de indemnización contra el Ayuntamiento”.
Además, advierte de que “el acto de recepción de las obras podrá ser impugnado por los afectados interesados que podrán pedir la suspensión en los tribunales”.
Sobre las posibles consecuencias patrimoniales del Ayuntamiento, que hace dos años dio cuenta en junta de Gobierno del proyecto de reurbanización del entorno, el informe afirma que “cualquier solicitud de reversión por parte de los afectados la tiene que resolver la Generalitat y si se derivan indemnizaciones solo le pertocan a ella” y por lo tanto “no puede derivar ninguna responsabilidad en este Ayuntamiento respecto a la anulación de un Plan Especial de aprobación autonómica, de competencia supramunicipal e interés también autonómico en un ámbito territorial que es patrimonio público de suelo de la Generalitat y en el que aparece como promotor la administración del Estado”.
La asesoría jurídica municipal basa esta afirmación en que “las parcelas de la ZAL están todas incluidas dentro del Patrimonio Público de Suelo de la Generalitat”.
En total han sido tres las sentencias emitidas por los tribunales en los años 2013, 2015, y la ultima de marzo del presente año, las que han declarado ilegal el recinto, dando la razón a los vecinos afectados por las expropiaciones y derribos de sus viviendas agrupados en la asociación La Unificadora de La Punta, quienes en todo este tiempo han litigado nada más y nada menos que contra la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València.
Pese al limbo jurídico en el que siempre se ha visto inmerso el polígono industrial aledaño al Puerto que arrasó 70 hectáreas de huerta productiva en La Punta y expulsó de sus viviendas a 147 familias, la habitual política de hechos consumados que utiliza la APV para sacar adelante la mayoría de sus proyectos hace que la ZAL, cuyo futuro es más incierto si cabe que nunca tras la última sentencia que declara nulo el plan especial aprobado por el Consell en 2018, siga generando costes millonarios.
En concreto, en abril del pasado año se adjudicó un servicio de vigilancia 24 horas a Ilunion Seguridad S. A. por importe de 190.000 euros para un recinto cerrado en el que lo único que hay son viales y parcelas llenas de matorrales. El contrato tiene un plazo de un año, prorrogable a otro año más. Pese a la última sentencia del mes de marzo, el contrato sigue vigente puesto que hasta este martes Ilunion seguía prestando el servicio, tal y como comprobó in situ elDiario.es.