La factura de la frenética actividad judicial que emprendió en el pasado mandato el asesor del grupo municipal del PP Luis Salom acaba de subir otros 3.600 euros y ya se eleva a un total de 9.500 euros para las arcas del Ayuntamiento de València.
Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, presentó en torno a una quincena de denuncias contra una gran parte de los concejales del equipo de Gobierno municipal de Compromís, el PSPV y la ya desparecida València en Comú, todas ellas archivadas hasta ahora tras las declaraciones de las partes.
La Junta de Gobierno Local aprueba este viernes el reintegro de 3.600 euros al alcalde de València, Joan Ribó, en concepto de gastos de abogados tras verse implicado en una de las denuncias del asesor del PP, quien le acusaba de no facilitar documentación sobre un expediente abierto al Ayuntamiento por la Agencia de Protección de Datos, una denuncia que como el resto acabó en archivo.
El alcalde de Compromís tiene derecho por ley a que se le devuelva el coste de su defensa al no poder optar a los servicios de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento por provenir la denuncia de otro empleado público del Consistorio.
Recientemente, el Ayuntamiento ya tuvo que abonar otros 2.200 euros en concepto de gastos de abogados a la concejala socialista de Deportes durante el pasado mandato, Maite Girau, y 3.700 euros al concejal de Comercio, Carlos Galiana, por el mismo concepto, tras sendas denuncias de Salom archivadas.
Otros responsables políticos que han estado investigados por las denuncias de Salom que hasta ahora se han ido archivando tras las declaraciones son, por parte de Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, y concejales como Gloria Tello o Pere Fuset, a quien le han archivado al menos cinco causas. En su caso, lleva un coste acumulado en su defensa de unos 10.000 euros que en su momento podrá reclamar.
La exconcejala socialista Anaïs Menguzzato, por su parte, fue denunciada por falta de informes en un espectáculo pirotécnico, pero el caso ni siquiera llegó a admitirse a trámite.
Además, en septiembre de 2018 se archivó también la causa contra el número dos de la Conselleria de Educación, Miguel Soler (PSPV). Salom le acusaba de haber cobrado de las Corts Valencianes sin ir a trabajar.
Los últimos casos que se desestimaron afectaron al recientemente fallecido, Ramón Vilar (PSPV), y a la exconcejala de Vivienda y exportavoz de València en Comú, María Oliver.