Compromís y Unides Podem, los socios del PSPV en el Gobierno valenciano del Pacte del Botànic, redoblarán la presión al presidente Ximo Puig con sendas preguntas en la sesión de control de esta semana sobre dos polémicos temas que han centrado gran parte de la atención mediática estos días, como son el nuevo aplazamiento por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la reforma del sistema de financiación, y la situación del presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, tras los informes de la Intervención y de la Abogacía que cuestionan la legalidad de la permuta de concesiones aprobada al naviero y consejero del Puerto Vicente Boluda.
En este sentido, por parte de Compromís, el síndic Fran Ferri preguntará al jefe del Consell “cómo valora la negativa del Gobierno central a cumplir sus compromisos en materia de reforma del sistema de financiación o la regularización de la deuda y qué respuesta institucional y social tiene previsto impulsar para hacer rectificar estos incumplimientos”.
La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, planteará a Puig si considera que “después de la concesión irregular de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Boluda Corporación Marítima, puesta de manifiesto por un informe de la Intervención del Estado, es creíble que el señor Aurelio Martínez beneficie a los intereses generales sobre los privados y, por tanto, que siga presidendo el Puerto de València”.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmó este lunes que mantiene su apoyo al actual presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, y ha descartado un posible trato de favor al naviero y consejero del Puerto, Vicente Boluda, pese a los informes de la Intervención y de la Abogacía del Estado que han obligado a la Autoridad Portuaria a pedir la nulidad de la permuta de las concesiones que aprobó en 2018 en favor del propio Boluda.
“Creo que no hay ninguna cuestión que haga entender que ha habido un trato de favor. Hay una posición que por supuesto tienen que aceptar todas las partes”, señaló Puig, que dijo mantener su confianza. No hay ninguna cuestión que en estos momentos sea determinante en este informe para tomar cualquier otro tipo de decisión“, concluyó.
Sin embargo, en declaraciones a este diario, Lima afirmó que “es preocupante que un proyecto como el de ampliación del Puerto de València, que determina el modelo de ciudad, pueda estar dirigido por una persona sobre la que, de nuevo, hay indicios que presumen que atiende antes a intereses privados que a los de València y la ciudadanía” y añadió que saben que “ni el president Puig ni el Consell operan en esa clave, más bien al contrario, por ese motivo es importante que la persona que preside la Autoridad Porturaria también trabaje para el bien común y esté libre de toda sospecha”.
Según Lima, “cabe recordar que es el Consell quien nombra a la Autoridad Portuaria y que el nombramiento de Aurelio Martínez se hizo vía decreto del consell en el año 2015. Por eso parece lógico que el Consell preste atención a las noticias preocupantes conocidas recientemente”.
Podem València, que hace más de un año que se manifestó abiertamente en contra de la ampliación, ya solició el pasado 28 de junio la dimisión de Martínez, una petición a la que se sumó Compromís.
Como avanzó elDiario.es, el informe de la Intervención refleja hasta siete posibles irregularidades relacionadas con estudios irregulares, tasaciones indebidas, valoraciones incorrectas, concesión sin concurso público, incumplimientos normativos y negociación desigual, que dejan la terminal de cruceros y, por tanto, la ampliación del Puerto de València en el aire.
Además, el informe de la Abogacía del Estado señala que hacer una permuta de concesiones a dos empresas diferentes y con actividades dispares “no es conforme a Derecho”.
El contenido de ambos escritos provocó que la APV aprobara hace una semana el inicio de un procedimiento de lesividad, cuyo objetivo es anular la mencionada permuta de concesiones al considerarlo lesivo para los intereses públicos.
En concreto, a finales de 2018 se aprobó rescatar la concesión de los astilleros de Unión Naval de Valencia, propiedad de Boluda, a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros cuadrados a favor de Boluda Corporación Marítima para construir un edificio de oficinas de 13 alturas. Una causa por la que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas apreció posible responsabilidad contable.