“Es una burla que el Gobierno se atreva a proponer alternativas para el túnel pasante de València y la doble plataforma València-Castellón en espacios de huerta protegida; cuando se legisla para proteger un espacio es por algo, porque hay que salvaguardarlo de cualquier amenaza, por lo que de entrada es inasumible cualquier posibilidad que suponga una afección en terreno protegido”. Así de contundente se mostró este jueves el portavoz de Per l'Horta, Josep Gavaldà, durante la presentación de las alegaciones que presentará a ambos proyectos la entidad junto al sindicato CGT, l'Associació d'Usuàries del Tren Valencià e Indignats amb Renfe.
Miembros de estas entidades en defensa del territorio y el ferrocarril se opusieron así al 'Estudio Informativo de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad València-Castelló' que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Medio Urbano puso a exposición pública el pasado 21 de octubre de 2021.
Los motivos que mueven a estas asociaciones a estar en contra recuerda a las campañas de finales de los 90 y principios de los años 2000 cuando se gritaba en las calles y pueblos ‘tren sí, AVE no’.
En palabras de Joan Ramón Ferrandis, del sector federal ferroviario de la CGT, “el AVE se ha demostrado con el tiempo como un consumidor fabuloso de recursos públicos con escaso retorno social pero tampoco económico”. La alta velocidad “es un programa en el que el estado español ha gastado ya más de 60.000 millones de euros y en el que ninguna línea es a estas alturas rentable, mientras cercanías y mercancías tienen inversiones mínimas en comparación”.
Según Gavaldà, es inconcebible que algunas de las propuestas de trazado por parte del ministerio se hagan sobre territorio protegido. Ahora hace veinte años la sociedad valenciana se movilizó para pedir una ley de protección de la huerta que recogió 120.000 firmas y que el 2018 condujo a la aprobación de la Ley de Huerta por parte del Gobierno del Botánico (ley 5/2018).
Además, el 2019 la ONU declaró l'Horta de València como un Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), un equivalente a patrimonio de la humanidad de los sistemas agrícolas.
En palabras de Josep Gavaldà, miembro de Per l'Horta, “no tiene ningún sentido proteger un territorio para continuación proponer una gran infraestructura por encima”. Es como declarar “la Abufera parque natural y a continuación proponer instalar una central nuclear”. Y habla de carencia de responsabilidad del ministerio: “No sé de quién ha sido la idea pero me parece insultante que se propongan alternativas por un espacio doblemente protegido y que tiene una función clave en la resiliencia territorial ante el cambio climático”.
El nuevo trazado del AVE supondría expropiar entre 5,7 y 7,2 millones de metros cuadrados entre València y Sagunto, mayoritariamente de naranjos y huerta. Pero el impacto más importante, pasara por donde pasara, sería el debido a la fragmentación del territorio que provocaría, con anchuras del trazado de entre 45 y 75 metros, contraviniendo las directrices europeas en materia de resiliencia territorial.
“El gran beneficiado del proyecto sería la larga distancia, que podría tener la misma frecuencia que cercanías, con 42 trenes diarios. La publicidad del Corredor Mediterráneo trata por lo tanto de esconder la apuesta política por el alta velocidad (AVE)”. Este es uno de los motivos por el que las asociaciones de usuarias de Cercanías se oponen al proyecto.
Rafa Villalba, de la Asociación de Usuarias del Tren Valenciano, señala: «Nos oponemos a este proyecto porque no da respuestas a los problemas reales que sufrimos las personas usuarias del tren“. Es una propuesta ”extemporànea y poco razonada que va a comprometer miles de millones de euros públicos que necesitamos gastar en tren, sí, pero en cercanías y ferrocarril metropolitano como metro o tramo“.
Según las asociaciones en defensa del territorio y del ferrocarril sorprende que se renuncie a conectar importantes zonas industriales de Paterna, de Riba-Roja y de Quart con una vía mixta de mercancías y viajeros que podría discurrir precismante por el corredor que el ministerio está expropiando en estos momentos para duplicar la capacidad de la A-7, es decir, el by-pass.
Tal como indica Vicent Torres, experto en transporte, el objetivo del proyecto no queda claro: “No se sabe muy bien cuál es la justificación para gastar 2.000 millones de euros. No tenemos un estudio integrado de movilidad y necesidades. Tan solo tenemos un estudio de demanda que atendiendo a estudios anteriores parece fantasioso y confiar en él puede resultar peligroso, y si no veis las radiales de Madrid”. Y añade: “No se hace por necesidades económicas, de transporte, de demanda, etc, sino por una decisión política de que llegue el AVE, una manera muy irresponsable de gastar el dinero”.