El Gobierno, sobre la petición de Ribó de un nuevo informe ambiental para la ampliación portuaria: “Lo trasladamos al Puerto de València”

La máxima autoridad en materia ambiental del Estado se desentiende de los riesgos asociados a la polémica ampliación del Puerto de València, incluso de la tutela del cumpimiento de la legislación, todo ello en plena emergencia climática declarada por el Gobierno.

Es lo que se desprende de la respuesta del Ministerio de Transición Ecológica al alcalde de València, Joan Ribó, quien el pasado mes de octubre remitió una carta al departamento que dirige la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, en la que mostraba su oposición al proyecto y solicitaba una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La misiva del primer edil, remitida también al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a la Autoridad Portuaria de València (APV), a la Delegación del Gobierno y a las consellerias de Emergencia Climática y de Política Territorial, recuerda que hace dos años votó en contra de la nueva terminal al considerar que la DIA de 2007 no puede amparar el actual proyecto por las sustanciales modificaciones que incluye, que el descontento ha aumentado como demuestró “la manifestación unitaria y contraria a la ampliación” del pasado viernes 22 de octubre y solicita “avanzar en una propuesta alternativa concensuada” que no perjudique a la ciudad y que se apueste definitivamente “por un litoral verde acorde a la adaptación al cambio climático a la altura de anteriores transformaciones urbanas como el jardín del Túria o la reversión de la urbanización de la Devesa de l'Albufera”.

Además, deja constancia de que la APV no ha respondido aún a las alegaciones planteadas a la nueva terminal, ni a los informes municipales que avalan la necesidad de una nueva DIA.

Hasta ahora, tan solo el Ministerio de Transición Ecológica ha dado una respuesta oficial. En concreto, el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirma que la APV es el órgano sustantivo encargado de autorizar el proyecto al mismo tiempo que ejerce como promotor del mismo (tras un cambio normativo aprobado el pasado mes de abril): “Como órgano sustantivo, por tanto, corresponde en su caso a la Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia iniciar la evaluación ambiental de los proyectos de su competencia”, dice el escrito.

Es a continuación cuando queda plasmado que el Ministerio se desentiende al afirmar Morán: “En cualquier caso, procederé a trasladar sus consideraciones a la Autoridad Portuaria del Puerto de Valencia, como órgano sustantivo, de modo que si decidiese instar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental relativo a esa infraestructura, nos haga llegar la documentación oportuna”.

Sorprende esta posición tan laxa del mismo departamento que el pasado mes de abril advirtió por carta a la APV de que existían “apreciables diferencias” entre el proyecto que se pretende llevar adelante, con respecto al que obtuvo la DIA favorable en 2007, y recordaba las modificaciones de proyectos ya autorizados deberán someterse a evaluación ambiental simplificada cuando puedan tener efectos adversos para el medio ambiente.

El ministerio reclamó también un informe detallado que justificara si finalmente el Puerto de València tramitaría o no un nueva declaración de impacto ambiental simplificada, informe que la APV aún no ha realizado.