El Gobierno valenciano activó el plan autonómico de inundaciones cinco días antes de la DANA y no lo cumplió
Los intentos de la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón por tratar de derivar al Gobierno la responsabilidad de la catastrófica gestión de la DANA que perpetró el Consell del PP el pasado 29 de octubre quedan más desacreditados a medida que se van conociendo nuevos detalles.
El ejecutivo de Mazón ha pasado de apuntar, en primer lugar, a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que avisó en todo momento y con días de antelación de lo que venía, a centrarse ahora en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que solo el día 29 mandó 194 avisos a Emergencias de la Generalitat, 62 de ellos mientras Mazón estaba de comida con una periodista valenciana. Por supuesto, tampoco han escapado a los intentos del presidente valenciano por desviar la atención la exministra y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sin embargo, tal y como se desprende del documento al que ha tenido acceso elDiario.es, el Gobierno valenciano se hizo cargo de la emergencia, tal y como marca la ley de Protección de Civil, cinco días antes de la llegada de la DANA. En concreto, fue la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat la que activó el Plan Especial de Inundaciones el día 24 de octubre a las 11.45 horas, momento a partir del cual, entre otras cosas, puede convocar el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) que no se reunió hasta el 29 a las 17.00 horas. Por ejemplo, el Gobierno del Botánico lo convocó 48 horas antes de la DANA que castigó la Vega Baja de Alicante en 2019. Hubo dos muertos en Orihuela y uno en San Fulgencio. El Plan de Inundaciones se mantuvo activo en todo momento los días posteriores, incluido el 29 de octubre. De hecho, permanece así a día de hoy, puesto que sigue vigente la situación 2.
Aquel día, el 24 de octubre, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) activó alertas meteorológicas con nivel amarillo en el interior de Castellón y València por lluvias y tormentas; como consecuencia de los avisos de Aemet que, un día más tarde, emitió la primera nota informativa oficial, alertando sobre chubascos y tormentas muy fuertes de cara al martes 29.
A pesar de que desde el 24 de octubre el CCE activó el Plan Especial de Inundaciones, muchos aspectos en materia de prevención no se cumplieron. Según ese plan, toda instrucción dirigida a los organismos que lo integran ha de emanar de la dirección de la emergencia –que corresponde a la Generalitat Valenciana– en las emergencias declaradas “de situación 0, 1 y 2”. Corresponden, en cambio, a la Administración General del Estado las declaradas de interés nacional (emergencias de situación 3). En el caso de la DANA nunca ha pasado de la situación 2, por lo que era la propia Generalitat la encargada de adoptar las medidas de prevención oportunas, muchas de las cuales, como la suspensión de las clases en las zonas de riesgo, no se tomaron desde la administración autonómica. En algunos municipios, el caso de Utiel, por ejemplo, fueron los propios alcaldes por iniciativa propia los que decretaron esta medida.
Según la Ley de Protección Civil y el propio Plan de Inundaciones, la dirección de la emergencia recae en la persona titular de la conselleria competente en materia de protección civil y emergencias. En aquel momento era la ya exconsellera de Justicia, Salomé Pradas.
En las preemergencias y emergencias declaradas de situación 0 y 1, con objeto de mejorar la operatividad en la gestión, la persona titular de la conselleria competente en materia de protección civil y emergencias, delega la dirección del Plan en la persona que ejerza la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre). Esa responsabilidad la ejercía entonces el ya cesado exsecretario autonómico, Emilio Argüeso.
Según la normativa, corresponde al Director del Plan de inundaciones “declarar la situación de preemergencia, emergencia y su finalización según lo establecido en el presente Plan; declarar la orden de constitución del CECOPI y decidir, en su caso, una ubicación alternativa del mismo; determinar las actuaciones a desarrollar desde el CECOP / CCE Generalitat; determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse; determinar los recursos humanos y materiales que deben asignarse a cada una de las posibles localizaciones la emergencia en la Comunitat Valenciana, estableciendo las prioridades de actuación que estime oportunas; determinar la información que debe facilitarse a la población y a los medios de comunicación social en relación con la situación de emergencia; establecer las prioridades de cara al restablecimiento de los servicios públicos esenciales; informar a la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana de aquellas emergencias que supongan la activación del presente plan en situación de emergencia 2; asegurar la operatividad del Plan mediante su implantación y mantenimiento de su operatividad; la dirección del plan se efectuará en coordinación con la Administración General del Estado y la Administración Local”.
Muchas de estas medidas llegaron tarde. Cuando se reunió el Cecopi a las 17.00 horas, ya se había desbordado el río Magro y había desaparecidos y rescatados por parte de la UME. El barranco del Poyo estaba al límite en Chiva y se desbordó minutos más tarde en esta localidad, iniciándose la barrancada aguas abajo. Muchos de los alcaldes denunciaron que desde Emergencias de la Generalitat no se les avisó del peligro, en algunos casos porque no tenía actualizada la lista de teléfonos. Mazón llegó al Cecopi pasadas las 19.30 hora y el mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos no se envió hasta las 20.12 horas. El trágico balance es de 223 fallecidos, miles de vidas arruinadas y pérdidas materiales millonarias.
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