Por qué el Gobierno valenciano puede demorar hasta agosto la resolución sobre la prórroga para finalizar el nuevo estadio del Valencia CF

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, comentó el pasado lunes 26 de abril en referencia a la solicitud de prórroga realizada por el Valencia CF para dar cumplimiento a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que la Generalitat quiere “que se cumpla la legalidad” y explicó que se trabaja conjuntamente entre las consellerias de Economía y Obras Públicas, así como con la Abogacía de la Generalitat para estudiar el documento presentado por el club en el que propone un nuevo calendario para finalizar el nuevo estadio y el resto de proyectos urbanísticos.

Al respecto, según ha averiguado elDiario.es, el primer aspecto en el que han comenzado a trabajar los servicios jurídicos es el relacionado con los plazos que establece la ATE y es en esta cuestión en la que ya se han observado puntos que otorgarían más tiempo al Valencia CF para poder aportar garantías suficientes que permitan pensar que podrá cumplir sus compromisos y también a la administración para resolver la petición de prórroga de la entidad deportiva.

En concreto, en primer lugar, la fecha en la que debería estar finalizado el nuevo estadio y por tanto en la que se considera que el plan urbanístico habría caducado no es el 15 de mayo como se venía informando hasta ahora, sino el 30 de mayo, puesto que su entrada en vigor se produjo 15 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Además, según recoge el Boletín Oficial del Estado, todos los trámites administrativos quedaron interrumpidos del 14 de marzo al 1 de junio, es decir, 78 días, por lo que la caducidad de la ATE a efectos legales no se produciría el 30 de mayo, sino el 18 de agosto.

Con todo, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha asegurado que remitirá su escrito a las consellerias de Economía y Obras Públicas antes del 15 de mayo “como fecha simbólica, teniendo en cuenta que el fondo de la cuestión no cambia independientemente de que la ATE caduque en agosto”.

Gómez ha confirmado que en ese escrito “se solicitará la nulidad del plan urbanístico, salvo que el club aporte garantías reales que permitan pensar que va a cumplir con sus obligaciones”.

También el vicealcalde, Sergi Campillo, se sumó recientemente a esta postura al afirmar en una entrevista en À Punt que la concesión de la prórroga quedaría condicionada a que el club aportara algún tipo de garantía.

Como informó elDiario.es, el club realizó la petición sin aportar garantía alguna en cuanto a la financiación de la operación y fiando los nuevos plazos propuestos a que remita la pandemia y se recupere la economía, con el fin de que las parcelas de la avenida de Aragón se puedan vender a un precio suficiente (unos 120 millones) que permita acometer todo el proyecto.

En el documento que firma el presidente, Anil Murthy, el club se compromete a buscar la financiación necesaria (sin dar detalles al respecto) para iniciar la construcción del polideportivo de Benicalap en 2022 y finalizarlo en diciembre de 2023, así como retomar las obras del nuevo estadio a mediados de 2024 para culminarlo a mediados de 2026.

La ATE actualmente en vigor establece que el nuevo estadio debía estar finalizado en mayo de 2021 y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023, puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón.