El director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Rubén Trenzano, está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por supuesta falsedad documental en una respuesta oficial a la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, sobre las ayudas a dos empresas de comunicación de Francis Puig, hermano del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València que investiga el caso ha desestimado la petición de archivo de la causa solicitada por la defensa de Trenzano, a la que se adhirió el fiscal, y por tanto mantiene en su integridad el auto de procesamiento emitido el pasado 10 de junio.
En su resolución, el juez insiste en que “el objeto de la instrucción no es la concesion de las subvenciones misma sino las actuaciones de control sobre dichas concesiones correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, que se afirma en el documento haberse llevado a cabo conforme las ordenes que se mencionan y la ley 1/2015”.
Sin embargo, el magistrado considera que “no pudo aplicarse un control completo de dichos expedientes de subvenciones al no existir el Plan de Control que debia haberse creado, definido y aplicado en los ejercicios igualmente indicados en la carta. Plan de Control que además, ha de ser siempre previo a la ejecución del control”.
El auto confirma, por tanto, que “existen pues indicios racionales, ante estas contradicciones, para concluir que en el punto en que se afirma que la Direccion General ha realizado los controles que corresponden, todos los controles exigibles por las ordenes y la Ley 1/2015 -sobre el plan de control previo a la concesion- no se corresponde con la realidad; siendo dos cosas distintas, efectivamente, mero control administrativo y necesidad de aplicación de las medidas de control de acuerdo con el Plan de Control”.
En el auto de procesamiento del pasado 10 de junio, la respuesta oficial sostenía que la Generalitat había “realizado las actuaciones de control que le corresponden” de las ayudas públicas a Comunicació del Ports SA y Mas Mut Produccions SLU, “sin que se haya detectado cualquier indicio que haga dudar de la veracidad de la documentación” que aportó Francis Puig, “ni que justifique el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas”. La realidad, según la instrucción, no fue exactamente esa.
“¿De dónde nace la duda sobre una posible parcialidad en la concesión de las subvenciones a empresas relacionadas con algún familiar del M. H. President de la Generalitat que expresa la denunciante?”, se pregunta el juez. La “cuestión capital” se refiere precisamente a “las normas de control”, argumenta el auto del pasado 10 de junio.
El magistrado recuerda que, contrariamente a lo que afirma la respuesta de Trenzano, los controles de las ayudas a las empresas de Francis Puig sólo se iniciaron “una vez ya producidas las quejas o denuncias por el grupo de oposición popular en les Corts”, concretamente “dos días más tarde”. “Tan sólo tras las peticiones de documentación por la oposición, en junio del 2018, es cuando se decide aplicar un nuevo plan de control por riesgo a aquellas subvenciones litigiosas”, abunda el auto.