El fondo buitre que aprovechó la ausencia de una mujer de 82 años, que en las Navidades de 2019 se fue a pasar el duelo por la muerte de su marido junto a su hijo, para vaciarle la casa y cambiar la cerradura sin que existiera una orden de desahucio irá a juicio por su forma de proceder, aunque por menos delitos de los que le atribuía la defensa de la mujer afectada.
Según ha informado a elDiario.es Adelina Cabrera, abogada de la cooperativa El Rogle, quien lleva el asunto junto a miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, el juzgado de primera instancia e instrucción número seis de Sueca ha dictado auto de procedimiento abreviado por un presunto delito de realización arbitraria del propio derecho por parte de Haya Real Estate y descarta así la existencia de allanamiento de morada, coacciones, daños y apropiación indebida planteados por la acusación.
El juzgado ha desestimado el recurso planteado por la defensa de la afectada al considerar que no se han realizado todas las diligencias de investigación necesarias para esclarecer las responsabilidades por estos hechos. Entre otras cosas, Cabrera solicitó que se llamara a declarar a todo el consejo de administración de los fondos, Global Pantelaria y Haya Real Estate, y que aportaran sus organigramas, el expediente del caso o los correos electrónicos que intercambiaron con el hijo de la mujer desalojada.
Sin embargo, se han desestimado estas diligencias a las que también se opuso la fiscalía y se confirma el auto de procedimiento abreviado, paso previo al señalamiento de fecha y hora para al vista judicial.
En caso de condena, por un delito de realización arbitraria del propio derecho el fondo se expone a una multa de entre seis y 12 meses con una cuantía diaria que puede ir de los dos a los 400 euros. Así, si por ejemplo la condena fuera de siete meses por importe de 300 euros diarios, estaríamos hablando de una multa de 65.100 euros.
Paralelamente y en virtud del nuevo decreto contra el acoso inmobiliario aprobado por el Gobierno valenciano meses antes de las pasadas elecciones, se ha abierto un expediente sancionador por una infracción grave que pude acarrear multa de entre 350.000 euros y 950.000 euros.
“Posesión extrajudicial”
Como ha informado este diario, el caso de C. M., la mujer de Cullera de 82 años, es especialmente sangrante. La anciana perdió su vivienda y 50 años de recuerdos y pertenencias cuando se fue con su hijo a pasar el duelo por el fallecimiento de su marido en las Navidades de 2019. Durante su ausencia, alguien en nombre del fondo Global Pantelaria accedió a su casa, la vació y cambió las cerraduras para ponerla en venta a través de la gestora de sus activos, Haya Real Estate.
En 2013 el Banco de Santander le notificó el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria porque no podía seguir haciendo frente al pago de las letras. La afectada, sin embargo, recurrió el procedimiento alegando cláusulas abusivas y el juez paralizó el proceso.
Pese a todo, sin que mediara orden de desahucio por parte del juzgado que tramitaba el procedimiento, desde alguna instancia del fondo buitre se encarga un informe de ocupación a otra empresa, que envía a un empleado a casa de C. M. los días 23 de diciembre, 28 de diciembre y 30 de diciembre de 2019, días que es bastante habitual viajar para reunirse con la familia. Al no encontrarse nadie esos días en la vivienda, concluyen que está deshabitada, lo que para ellos es suficiente para entrar, vaciarla y cambiar las cerraduras, tal y como explica la abogada Adelina Cabrera.
Este extremo, incluso, es reafirmado por un representante de Haya Real Estate en un intercambio de correos electrónicos con el hijo de la anciana, quien tras la desagradable sorpresa al no poder acceder a la vivienda y con la ayuda de la PAH, logra averiguar que el Banco de Santander había traspasado gran parte de sus activos, entre ellos la vivienda de su madre, al fondo Global Pantelaria.
En ese intercambio de correos, a los que ha tenido acceso este diario, el centro de reclamaciones y notificaciones de Haya Real Estate comunica al hijo de C. M. que “tras haber realizado las averiguaciones pertinentes por su reclamación en relación al cambio de cerradura” se confirma la “posesión extrajudicial del inmueble tras haber comprobado la situación de vacío contrastada con un informe ocupacional”, por lo que lo único que se hace es “adelantar el proceso” de desahucio.
A continuación, afirman: “Dicho esto, están en su derecho de pedirnos las llaves y que agotemos la vía extrajudicial y esperemos al lanzamiento”. Con ello, reconocían indirectamente que habían procedido sin orden judicial.