La promesa realizada recientemente por la alcaldesa de València, María José Catalá, sobre la búsqueda de un proyecto consensuado con los vecinos para evitar el derribo del hotel Sidi Saler será complicada de llevar adelante.
En primer lugar, porque según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica a elDiario.es, la concesión de 30 años otorgada en 2018 a los fondos Coral Homes y Divarian tan solo permite el uso hotelero y al tratarse de una concesión transitoria para la ocupación del dominio público marítimo terrestre, no están permitidos otros usos. Los vecinos siempre habían abogado por su conversión en una residencia para personas mayores.
Pero es que además, la vigencia de la concesión depende de que los propietarios obtengan las correspondientes licencias municipales para poner en marcha la instalación, algo que el Ayuntamiento denegó al estar el edificio fuera de ordenación sustantiva, por lo que solo se le puede otorgar permisos de obras para realizar tareas de mantenimiento y conservación. El inmueble, sin embargo, requeriría de importantes obras de reforma y consolidación por su estado de abandono, al estar cerrado desde el año 2011.
Los dueños del hotel, sin embargo, alegan que el edificio se encuentra fuera de ordenación en diferido, una calificación que sí le permitiría llevar a cabo intervenciones de reforma en el edificio.
Ante esta situación, en octubre del pasado año los propietarios interpusieron un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la denegación de licencias del Ayuntamiento y al mismo tiempo pidieron al Ministerio de Transición Ecológica una prórroga de la concesión otorgada en su momento, que de momento se encuentra suspendida.
Al respecto, el concejal de Compromís, Sergi Campillo, pidió este miércoles que al nuevo gobierno del PP que deje de “jugar a mentir” y crear “falsas” expectativas: “La licencia del hotel Sidi Saler caducó porque llevaba más de dos años sin actividad. Por eso, desde el Ayuntamiento de València, con el gobierno del alcalde Joan Ribó, se procedió a la caducidad de esta licencia que no es recuperable de ninguna de las maneras porque, además, es un edificio que está fuera de ordenación sustantiva como así lo certifican los informes técnicos de los distintos servicios municipales (Urbanismo, Devesa-Albufera y Actividades). Por tanto, no se trata de una decisión política, se trata de que no se puede dar una licencia a un edificio que está fuera de ordenación sustantiva”.
Campillo insistió en que “esto se debe a que se asienta en el cordón dunar de la Albufera que es fundamental para la estabilidad desde las playas del sur” y añadió que “las declaraciones de la alcaldesa Catalá van en contra de las políticas de restauración ambiental que todos los gobiernos municipales habían desarrollado hasta ahora en la Devesa-Albufera”.
El inmueble fue construido en 1970 sobre terrenos privados. En 2007 se aprobó el deslinde que incorporó los terrenos a dominio público marítimo-terrestre. El pasado mes de enero, el Ayuntamiento denegó la licencia de obras y la licencia ambiental solicitada por la propiedad del complejo por estar fuera de ordenación sustantiva, por lo que la Demarcación de Costas debe pronunciarse sobre la prórroga de la concesión solicitada tiempo atrás por los mencionados fondos.