Paralizado in extremis el desalojo de una familia con cinco menores en el barrio valenciano del Cabanyal

Un ronco sollozo cubre el rostro de Tamara Borrego cuando ve marchar a la Policía. Mira a su alrededor, comprueba que sigue en su casa, que no la han desalojado. Una vecina le recibe a Marcos Brandon, de siete meses, desde sus brazos, que parecen tiritar. “Sabía que Dios nos ayudaría, llevo orándole todo el rato”, musita hacia el techo, a falta de cielo. Ese rato es un tiempo muy definido, unas dos horas y media; la duración exacta de la batalla política que, al pie de los bloques Portuarios, se vivió este lunes entre las dos instituciones, conselleria de Vivienda y concejalía de Urbanismo, que forman parte de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar SA, propietaria del inmueble ocupado y personada en el procedimiento que, el 29 de enero, culminó en orden de desalojo y multa de 240€ para Tamara y Marcos Giménez.

El día empezaba para el matrimonio con cuatro policías en su puerta. Eran las 8.30 horas. Por la calle revoloteaba otra patrulla de la Local. “Tened cuidado, que hoy han venido los pechos de lata”, advertía uno de los uniformados desde la ventanilla del conductor señalando hacia dos vehículos de la Policía Nacional. Muy cerca, el abogado de Plan Cabanyal, una mascarilla incrustada hasta las cejas, miraba impaciente la acumulación paulatina en la acera de muebles, electrodomésticos y bolsas con ropa. Una cadencia rota con la llegada de dos altos cargos de la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat y conselleria de Vivienda: Adoración Guamán, directora general de Coordinación Institucional, y Alberto Rubio, director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética. Por parte de Plan Cabanyal, su gerente, Vicent Gallart, interrumpía las vacaciones para intentar cumplir con el desalojo a pie de calle.

Por la ventana de Marcos y Tamara, en el segundo piso, llegaban en forma de frases sueltas algunas esquirlas del choque entre ambas partes. “¡No vamos a permitir ni un solo desalojo sin alternativa habitacional, punto!”, culminaba Guamán. Una orden con la que ya contaban en la oficina del Plan Cabanyal desde el pasado viernes por boca de César Jiménez, secretario autonómico de Vivienda y Función Social, quien se incorporó a la reunión a media mañana. Según Jiménez, el criterio de la conselleria es no personarse a las citaciones judiciales para evitar que la Fiscalía acuse por usurpación de vivienda. Por su parte, la consigna de Gallart y de Urbanismo es llegar hasta el final, aunque familias vulnerables queden sin techo. “Siempre buscamos una solución y pedimos informes a Servicios Sociales antes, durante y después”, defiende Gallart, cargo de confianza de la vicealcaldesa, Sandra Gomez. No obstante, fuentes de la concejalía de Bienestar Social critican que la solicitud de estos informes “llega tarde, sin margen de maniobra, casi siempre cuando ya existe una sentencia”. Es por ello que, al menos en las últimas ocho ocasiones, han declinado cumplimentarlos “para no ser colaboracionistas con actuaciones que nos parecen injustas”.

Mientras tanto, otro tapiado

Alrededor de las 11.00 horas, mientras Marcos sostenía en brazos una pecera y su padre abatía los asientos traseros para cargar los trastos, se confirmaba la paralización del desalojo. Le antecedía una larga cadena de llamadas a través del director general de Justicia, el decano de los jueces y la titular del Juzgado de Instrucción número 2. Un recorrido que acababa en diligencia de suspensión hasta encontrar una vivienda alternativa, “algo que nos va a llevar algunas semanas”, confirmaba César Jiménez a la familia afectada. Por su parte, Gallart admitía haber recibido “instrucciones concretas” de Jiménez “para poder abrir un tiempo muerto para que el conjunto de las administraciones encontremos una solución”.

Y mientras se discutía sobre este tiempo muerto, se producía un nuevo tapiado en una propiedad de Plan Cabanyal, en el mismo bloque de edificios, en el 23-12. Dos operarios tabicaban la casa de otro habitante de los Portuarios, cuyo nombre pidió preservar por miedo a posibles denuncias. En su interior quedó un televisor, muebles y ropa. “Todo menos la nevera, que un vecino me sacó en el último momento”, relata. Sobre este tapiado y la existencia o no de órdenes judiciales para ejecutarlo, Gallart no quiso realizar declaraciones.

Cabe destacar que los bloques Portuarios están conformados por 168 viviendas. 77 son de propiedad pública, de las que 34 pertenecen a Plan Cabanyal. De ellas, 16 estarían ocupadas, 10 vacías, cinco tapiadas y tres con alquileres sociales. De las ocupadas, al menos dos familias más han sido denunciadas por enganches de luz que han derivado en procesos por usurpación en los que Plan Cabanyal estaría personado. Tanto los juicios como los posibles nuevos desalojos han quedado señalados para la segunda quincena de septiembre.