El PP prometió a empresarios una 'amnistía' a los apartamentos turísticos registrados antes de 2018 sin informe urbanístico

En mayo de 2018 entró en vigor la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana. Entre otras muchas cosas, la normativa autonómica vino a endurecer las medidas para poder dar de alta un apartamento turístico en el registro de la Agencia Valenciana de Turismo, requisito imprescindible para alquilarla por días de forma legal.

En virtud de la normativa y desde su entrada en vigor, se empezó a exigir a los propietarios o empresarios del sector un informa de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento correspondiente por el cual quedaba garantizado que la vivienda cumplía con lo exigido en el Plan General de cada municipio para poder darle un uso turístico.

En el caso de València, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del año 1988, marca que tan solo se puede dar un uso terciario a los inmuebles ubicados en plantas bajas o primeros pisos (salvo el caso de edificios completos), por lo que desde 2018 todos los apartamentos turísticos legalizados deben cumplir con este requisito.

El problema es que hasta la entrada en vigor de esta normativa muchos apartamentos turísticos dados de alta en el registro de Turismo no cumplen con lo establecido en el PGOU al estar diseminados en el resto de plantas de edificios residenciales, por lo que actualmente se encuentran fuera de la legalidad, habiendo casos incluso de órdenes de cierre a pesar de tener número de registro.

Según la información recabada por elDiario.es, el PP prometió a la la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) una suerte de 'amnistía' para regularizar estos alojamientos, una promesa que no solo no se ha cumplido por el momento, sino que lo que se ha hecho es aprobar una moratoria de un año para frenar nuevas autorizaciones hasta que se apruebe una ordenanza específica que otorgue mayor seguridad jurídica al sector.

Esta cuestión se trató en la asamblea de AVAEC del pasado 14 de mayo en la que desde la entidad lamentaron que pecaron de inocentes cuando en una reunión que tuvieron con los populares el pasado mes de julio, tras ganar las elecciones el PP, les prometieron que iban a estudiar la aprobación de un régimen jurídico especial para esos casos. Al parecer, por lo comentado en la reunión y en los foros, esta promesa también se hizo antes de las elecciones, cuando hubo también contactos con los populares.

Como informó este diario, los empresarios del sector se sienten señalados y por este motivo en la asamblea aprobaron generar un aluvión de denuncias, tanto anónimas como desde la la propia asociación, hasta el punto de colapsar el servicio de inspección con el objetivo de paralizar o al menos frenar los cierres y las sanciones sobre apartamentos turísticos, pero sobre todo para poner de relieve que, según sus asesores jurídicos, los profesionales que desempeñan un uso terciario en viviendas como médicos, abogados o psicólogos también estarían incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana del año 1988 según el cual solo se permite un uso terciario en los bajos y primeros pisos.

De esta manera, desde AVAEC quieren forzar al Ayuntamiento a que establezca una normativa en términos de igualdad para todos los usos terciarios.

El Ayuntamiento de València, a preguntas de elDiario.es, no ha contestado si la nueva normativa que se aprobará incluirá la mencionada 'amnistía' a los apartamentos que se registraron antes de 2018 y tampoco si el servicio de inspección está notando un incremento de denuncias a profesionales que ejercen su actividad en viviendas.

Como ha informado este diario, no es el único punto que se debatió en la asamblea que tuvo lugar dos semanas antes de aprobarse la moratoria el 28 de mayo. Miembros de la AVAEC recriminaron que no se informara sobre las noticias que días antes ya estaban circulando al respecto. Ese mes las peticiones del permisos al Ayuntamiento se dispararon. En todo 2023 se pidieron 456 licencias o declaraciones responsables y hasta finales de mayo de 2024 se habían pedido 733. De ellas, 60 se pidieron en enero, 63 en febrero, 50 en marzo, 54 en abril y nada más y nada menos que 506 en mayo.