Con tres recursos judiciales pendientes de resolución por irregularidades administrativas y por falta de garantías ambientales, a pesar de la más que cuestionada viabilidad jurídica del proyecto, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) aprobó este lunes en una sesión extraordinaria la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras del muelle de contenedores en la ampliación norte del Puerto de València. Una decisión que también será recurrida en los tribunales por la Comissió Ciutat-Port, según confirmaron a este diario.
Las obras de los muelles sobre los que asentará la terminal norte, siempre y cuando la Justicia no diga lo contrario, se adjudicaron a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Construcción, SA, Jan de Nul NV y Grupo Bertolín, SAU por importe de 650 millones de euros financiados con fondos públicos.
Esta infraestructura, que se ubicará en aguas abrigadas de la ampliación norte cuyas obras finalizaron en 2012, tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar hasta cinco millones de contenedores. La terminal contará con diseño, tecnologías y equipamiento de última generación, con una instalación electrificada.
Como informó este diario, el Gobierno eludió responder una pregunta del diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez sobre las consecuencias económicas en forma de indemnizaciones que habría que afrontar en caso de que los tribunales frenaran el proyecto una vez adjudicadas las obras.
La Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista contraria a la ampliación, informó este lunes de que ha pedido la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que devolvió a Puertos del Estado la condición de órgano sustantivo y por tanto de decidir si corresponde realizar una nueva declaración de impacto ambiental que sustituya a la de 2007 y que tenga en cuenta los cambios que se han implementado en el proyecto aprobado y que no han sido evaluados.
Además, recordó que existen otros dos procedimientos activos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El primero “cuestiona el proyecto técnico de la ampliación” y el segundo se dirige contra el mismo procedimiento de licitación de las obras “por ausencia de una evaluación ambiental adecuada y otros defectos de procedimiento, tanto en la aprobación del proyecto como en la misma convocatoria del proceso de selección de contratistas”.
En este sentido, los técnicos consultados por la plataforma han afirmado que es “evidente” que la DIA de 2007 “no contempló las obras de los nuevos muelles y sus unidades”. “Por tanto, deberían someterse a declaración de impacto simplificada, al menos los nuevos dragados y excavaciones para la obtención de material de relleno, tanto dentro de las dársenas como en mar abierto, transporte marítimo, vertidos y recintos a rellenar, inyecciones de cemento, tráfico terrestre, métodos constructivos, etc., en otras palabras, toda la obra”, subrayaron.
“El dato más llamativo, y que se oculta en la información que facilita la Autoridad Portuaria, es que se va a dragar hasta 28 metros de profundidad en la dársena del Puerto de València y hasta 27 metros en la dársena de Sagunt y que se pretende dragar hasta 10 millones de metros cúbicos en València, cuando la DIA de 2007 tan sólo contemplaba 18 metros de profundidad y 1,5 millones de metros cúbicos en esta ciudad”, sostuvieron desde la Comissió Ciutat-Port.
La plataforma aseguró que, “de llevarse a cabo estas nuevas actuaciones, muy superiores a las evaluadas en 2007, se producirá una verdadera cantera profunda que tendrá un indudable impacto ambiental y que afectará a la dinámica de las playas de l'Albufera, poniendo en riesgo el patrimonio natural de todas y todos los valencianos de hoy y, sobre todo, de las generaciones futuras, en la medida en que los daños potenciales podrían ser irreparables”.
La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, calificó la ampliación norte del Puerto de València como el “pelotazo de nuestra época”. “No es necesario, no va a crear más puestos de trabajo y no va a tener repercusiones positivas para la economía valenciana”, criticó.
“Se trata del clásico pelotazo a beneficio de los sospechosos habituales”, sostuvo la edil de la coalición valencianista, quien denunció que, “en este caso, pone en riesgo la salud de todas las valencianas y valencianos y pone en riesgo un patrimonio natural de primera magnitud como es l'Albufera de València”.
Adjudicada la privatización de la Marina de València
El Consejo de Administración de la APV también propuso otorgar a la UTE Serveis Marítims Port Eivissa, SL y Ocibar, SA la concesión administrativa para la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte de la Marina de València.
Previamente a la concesión, la empresa someterá su propuesta al trámite de información pública y de informes oficiales, conforme a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
La concesión tendrá un plazo de 35 años, ampliables con hasta un máximo de dos prórrogas sucesivas de 8 y 7 años, respectivamente y supondrá una inversión de 84,8 millones de euros.
El objeto de la concesión es la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte del Puerto de València e incluye la prestación de los siguientes servicios: gestión de los puestos de amarre; servicio de control marítimo; suministro de carburantes a embarcaciones; suministro de agua, energía eléctrica, telefonía y transmisión de datos; servicio de aparcamiento de vehículos; recogida selectiva de basuras y residuos; desarrollo de actividades de carácter formativo y educativo y de apoyo al deporte náutico en el campo de la náutica deportiva, como pueden ser cursos de vela en sus distintas variantes; organización de eventos y competiciones deportivas y actividades culturales; servicios de varada y reparación de embarcaciones, especialmente destinados a prestar un servicio integral a los usuarios de las instalaciones; servicios comerciales como la explotación de locales comerciales, ocio y/o restauración, u oficinas.
La ordenación de los amarres propuesta mejorará la productividad y la competitividad, y permitirá aumentar la presencia de embarcaciones tanto de gran eslora como de pequeña y mediana eslora. Todo ello sin dejar de atender a embarcaciones de carácter social, con la construcción de una marina seca para atender más adecuadamente este tipo de barcos más pequeños.
El proyecto contempla 370 amarres en la dársena interior (de 12 metros hasta 130 metros de eslora) 74 amarres en la dársena norte (de 24 metros a 115 metros de eslora) y 227 amarres en la dársena sur (desde 6 metros hasta 40 metros de eslora). En el varadero del proyecto, la capacidad de la maquinaria de izada y botadura propuesta abarcará embarcaciones desde 10-15 metros de eslora hasta 60 metros. Además, se dispondrá de una marina seca capaz de albergar 228 embarcaciones de hasta 8 metros.
Para la parte de tierra se contemplan instalaciones capaces de acoger el tejido productivo, oficinas (que ya existen en la dársena interior) y espacios dedicados a la formación náutica, investigación, comerciales y de restauración y ocio.