El Puerto de València reconoce que el rescate de una concesión de Boluda vinculada a la polémica ampliación puede lesionar los intereses públicos

“Propuesta de incoación de procedimiento de lesividad contra las resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre rescate de concesiones titularidad de Unión Naval de Valencia SA en el Puerto de Valencia”.

Así reza el punto 19 del orden del día de la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que está prevista para el próximo martes 29 de junio.

El asunto está relacionado con la investigación del Tribunal de Cuentas avanzada por elDiario.es por la cual se investiga si la APV cometió alguna irregularidad en el rescate de la concesión de los astilleros de Unión Naval Valencia a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros cuadrados a favor de Boluda Corporación Marítima para construir un edificio de oficinas de 13 alturas. Una causa por la que la Fiscalía del mencionado Tribunal apreció posible responsabilidad contable.

La declaración de lesividad, o declaratoria de lesividad, que el presidente de la APV, Aurelio Martínez, someterá a aprobación, es un acto administrativo por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos o generales un acto previamente dictado por ella misma, con el fin de poder solicitar su anulación ante la justicia.

Es el requisito previo para la impugnación del ente ante la jurisdicción contencioso-administrativa y su declaración de anulabilidad. Los actos emanados de la Administración Pública pueden ser considerados por la propia Administración lesivos para el interés público, motivo por el que ésta debe enmendar su propia actuación.

Según el auto del Tribunal de Cuentas desvelado el pasado 13 de marzo por este diario, “el Ministerio Fiscal, mediante escrito de 25 de febrero de 2021, manifestó que la irregularidad denunciada podría ser constitutiva de responsabilidad contable y que debía ser objeto de aclaración en fase de actuaciones previas”. Además, interesó “la remisión de las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, a efectos de que se propusiera a la Comisión de Gobierno el nombramiento de Delegado Instructor”.

El caso se investiga tras la denuncia presentada por las asociaciones Acció Ecologista-Agró, Associació de Veïns y Veïnes de Natzaret, Ecologistes en Acció València y Associació Per L'Horta. El auto considera que el rescate de la concesión de una empresa de Vicente Boluda a cambio de otra concesión para otra compañía del mismo empresario, que es presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), “podría constituir un concreto menoscabo en los fondos públicos susceptible de dar lugar a la existencia de responsabilidad contable por alcance, en los términos acuñados en el artículo 72 de la LFTCu”.

La operación de rescate de esta concesión viene como consecuencia de las modificaciones introducidas en el anteproyecto de la polémica ampliación norte del Puerto de València.

Entre esos cambios aprobados por el consejo de administración de la APV que preside Martínez figura el traslado de la terminal de cruceros de su ubicación actual en los diques de abrigo a los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval de Valencia S. A., cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L.

Entre otras cuestiones, los denunciantes consideran que el expediente por el que se aprueba el rescate de las antiguas concesiones de Unión Naval de Valencia S. A. (22 de junio de 2018) ha sido concebido 'ad hoc' para favorecer a Boluda Corporación Marítima S. L. sin causa alguna de justificación y que las concesiones eran susceptibles de una declaración de caducidad y de un rescate sin ningún tipo de coste o contraprestación.

En cambio, el consejo de administración de la APV aprobó el 14 de diciembre de 2018 el rescate de las concesiones, que valora en 2,9 millones de euros para las instalaciones y 1,02 millones para el actual edificio de oficinas, mientras la nueva concesión otorgada por un plazo de 35 años en compensación se valora en 1,8 millones, atendiendo al flujo neto actualizado presentado por Boluda Corporación Marítima S. L.