“Recomendamos que se modifique el acuerdo de creación de las Comisiones Permanentes Ordinarias adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de València en su sesión extraordinaria del día 28/07/2023 y se adopten todas las medidas que sean necesarias para cambiar, de forma consensuada con todos los grupos municipales, la regulación actual del Reglamento Orgánico del Pleno de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos con la finalidad de potenciar el control, la transparencia y la rendición de cuentas”. El Síndic de Greuges se pronuncia en estos términos en una resolución firmada este lunes 18 de diciembre en relación con la queja presentada por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de València ante el recorte de las comisiones informativas aplicado por el ejecutivo que preside la alcaldesa del PP, María José Catalá, lo que limita la participación de los concejales de la oposición, así como las preguntas que estos pueden realizar.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, informó este martes de que el Síndic ha dado la razón a su formación sobre las denuncias que realizaron al constituirse el Gobierno de María José Catalá “reduciendo el número de comisiones y de concejales de la oposición con representación y capacidad de presentar mociones y preguntas en cada una de ellas”. “Esta resolución es un varapalo al caciquismo y la incompetencia de María José Catalá”, indicó Gómez, que convocó una rueda de prensa junto al concejal Borja Sanjuán para dar a conocer esta resolución que “retrata el caciquismo y la incompetencia de Catalá”. En su exposición, el Síndic destaca que el resultado de esta reducción es “obvio” ya que “es más difícil participar, controlar y fiscalizar los asuntos municipales”.
Los socialistas explicaron en su escrito de denuncia que la reducción impuesta por Catalá “atenta contra el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos municipales”, cuestión en la que el Síndic les ha dado la razón al advertir que “no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático”. Sandra Gómez anunció que este miércoles presentará una moción de urgencia “ante la ”gravedad de la resolución que tumba la organización del Gobierno de María José Catalá desde su constitución y que pone en tela de juicio el resto de decisiones adoptadas como asignar exclusivas a Vox antes de entrar al gobierno o la propia composición de los consejos de administración“.
“Catalá debería empezar a rectificar su actitud caciquil con la que se cree que en València puede comportarse como en Torrent y asumir que tiene que dejar de impedir la labor de la oposición si es que no tiene nada que ocultar”, advirtió. En esta línea, apuntó que “su gestión autoritaria y esta vulneración de derechos podría ser considerada prevaricación y este mandato se le puede hacer muy largo porque no vamos a descartar ninguna vía para que cumpla la ley”.
Por su parte, Borja Sanjuán expuso que el siguiente paso será elevar este incumplimiento al Consell Jurídic Consultiu, en caso de que María José Catalá no rectifique. “En caso de que el CJC se pronunciara y tampoco rectificara, podríamos estar ante un caso de prevaricación y entonces seguiríamos la vía judicial”, advirtió el edil quien remarcó que “estamos ante un caso de nulidad de derechos y eso es un proceso reforzado por la Constitución que vela especialmente por los derechos y libertades para construir nuestro sistema democrático y de participación política”.
“Con lo que juega Catalá es con derechos que están especialmente protegidos y parece mentira que no lo sepa aunque si lo sabe estaría presuntamente prevaricando”, advirtió el concejal quien resaltó que una de las conclusiones del Síndic es que “todas las decisiones que se han adoptado en este Ayuntamiento desde su constitución vulneran los derechos de representación y esto puede tener como consecuencias muy graves en el caso de que no rectifique Catalá”. “Ella sabía lo que hacía perfectamente –ha continuado- tal y como el Síndic recuerda la cantidad de veces que se había quejado estando en la oposición de que no se respetaban sus derechos”.
Sanjuán destacó que en la resolución, el Síndic responde a Catalá que “ha aprobado una resolución mucho más gravosa de la que se quejaba y está incurriendo en una actitud incoherente que contradice argumentos jurídicos que ella misma aportaba”. Por tanto, los socialistas insisten en que la resolución “demuestra que Catalá sabe que lo que hace no es legal” y alertan de que “cuando un responsable público actúa así podría incurrir en una prevaricación”.
Tras la resolución el Ayuntamiento de València está obligado a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción del acto: “Su respuesta habrá de manifestar, de forma inequívoca, su posicionamiento respecto de las recomendaciones o sugerencias contenidas en la presente resolución. Si manifiesta su aceptación, hará constar las medidas adoptadas para su cumplimiento. Si el plazo para cumplirlas resultara superior, la respuesta deberá justificar esta circunstancia e incluir el plazo concreto comprometido para ello. La no aceptación habrá de ser motivada”.