El Ayuntamiento de València no desiste en su idea de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tanto a la Iglesia como al resto de confesiones por aquellos edificios en los que estén generando una actividad económica lucrativa que además suponga una competencia para otras entidades privadas que desarrollen la misma actividad y que sí que deben abonar el tributo. En ningún caso entrarían por tanto los templos y edificios de culto, ni los inmuebles dedicados a obras sociales y benéficas, como podrían ser los de Cáritas.
Como informó elDiario.es, la Concejalía de Hacienda remitió en su día seis recibos a entidades dependientes del Arzobispado de València por valor de casi un millón de euros.
En concreto, se giraron con cargo a las sedes de la Universidad Católica, ubicadas en la calle de Corona, en la calle de Quevedo, entre Guillem de Castro y Paseo de la Pechina y en Jorge Juan. También al hospital de la Casa de la Salud que ocupa una manzana entera en la avenida de Manuel Candela, con titularidad de las religiosas de Santa Ana. Por este inmueble deberían pagar unos 196.000 euros al año de IBI. El recinto sanitario facturó en 2018 en torno a 32 millones de euros.
Otro de los inmuebles por los que se remitió el recibi es el ubicado en el cruce de la avenida de Guillem de Castro con la calle de Balmes. Allí se ubica el convento de la Encarnación de las Carmelitas calzadas que data del año 1502.
Por su condición de edificio de culto y residencial de las monjas, está exento del pago del IBI. Sin embargo, alquila sus bajos a cinco empresas y una parte importante del inmueble (bajo más plantas) al Quart Youth Hostel, por lo que los técnicos entienden que deben abonar la parte proporcional correspondiente a los bajos comerciales y a la zona del edificio dedicada a uso hotelero.
Sin embargo, las entidades afectadas recurrieron y alegaron que están exentas en virtud de la Ley de Mecenazgo y la Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos (49/2002), por lo que no se ha podido cobrar de momento cuantía alguna.
Por este motivo, según explica a elDiario.es el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, trasladará a la Federación de Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta para que se inste al Gobierno a una modificación de la mencionada ley que permita a los ayuntamientos cobrar el IBI en los mencionados casos: “No es algo que vaya a ser inmediato, pero sí que está en la agenda y en cuanto se solucionen las cuestiones que se están tratando ahora en la FEMP como que la suspensión de reglas fiscales que ya está en vigor para el año 2021 se extienda también al año 2022 y 2023 o la tramitación de las ayudas del Gobierno para el transpote público urbano, llevaremos este tema para su análisis”.
El Ayuntamiento de València ha empezado a remitir los recibos correspondientes al periodo voluntario de pago, que en el presente año se prolonga hasta el 12 de julio por la crisis del coronavirus, cuando normalmente se debe abonar durante los meses de marzo y abril.
En total, el Ayuntamiento tiene previsto remitir en el presente año 681.203 recibos por los que prevé recaudar 237,6 millones de euros, mientras que un total de 2.089 inmuebles por valor de 12,8 millones de euros están exentos, muchos de la Iglesia, pero también de otras entidades y organizaciones.
Por ejemplo, están exentas del pago del tributo la Fundación Bancaja, que por sus diferentes locales debería abonar 127.000 euros, Feria València, que se ahorra 719.000 euros, el Ateneo Mercantil, que por el edificio de la plaza del Ayuntamiento debería de pagar 105.700 euros o el Instituto Valenciano de Oncología, que deja de abonar 65.600 euros.