València licita tras cinco meses caducado el megacontrato de alcantarillas que gestiona una firma investigada en 'Azud'

La Junta de Gobierno Local aprobará este viernes, 31 de mayo, las condiciones para contratar el servicio de mantenimiento, dragado, limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de València. Este contrato se formalizará para 15 años, con un presupuesto que puede ascender hasta los 293 millones de euros y, como ha destacado el concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, “es un contrato que mejora en muchos aspectos al anterior puesto que por primera vez se reservan cerca de 62 millones de euros para inversiones en la red, así como la última tecnología en monitorización o la renovación de toda la flota de vehículos, apostando por la sostenibilidad”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se quita así una patata caliente, puesto que el contrato adjudicado hace 17 años a la empresa Acciona, investigada en el marco del 'caso Azud', estaba caducado desde el pasado 31 de diciembre, tras una prórroga de dos años aprobada por la anterior Corporación municipal formada por Compromís y el PSPV-PSOE. La concejala del Ciclo Integral del Agua en el pasado mandato, la socialista Elisa Valía, aseguró que antes del mes de agosto, cuando ya estaba el PP al frente del Ayuntamiento, recibieron el visto bueno de la licitación por parte de la Generalitat Valenciana y tan solo faltaba que se llevara a la mesa de contratación para su aprobación. El pasado 31 de diciembre se agotó la segunda y última prórroga, por lo que este año, el servicio funciona en precario con reconocimientos de obligación de la contrata en función de los trabajos que va realizando.

En la línea de los pliegos que dejó redactados el anterior ejecutivo, Mundina ha señalado que se incluye “el compromiso de incorporar las últimas tendencias tecnológicas para la explotación y mantenimiento del alcantarillado y resto de infraestructuras que permiten la recogida y transporte de las aguas residuales y pluviales hacia las estaciones depuradoras”.

El concurso contempla que los proyectos deben prever la digitalización del sistema de alcantarillado con la introducción de una “plataforma de gestión integrada”. Esta herramienta permitirá un control en tiempo real y una actualización continua del estado de la red y los trabajos en curso y facilitará la transición de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo.

El nuevo contrato también contempla como otra de las novedades la introducción de sensores en la red para controlar parámetros como caudales, composiciones analíticas de agua y velocidades y para que la información recopilada permita un mejor conocimiento del estado de la red y la prevención de posibles comportamientos.

Mundina ha recordado la importancia de este servicio, que es “vital para la ciudad y la prestación de este servicio también implica la obligación de ejecutar inversiones. Así, se prevé que 61.8 millones de euros del montante total se destinarán para ejecutar obras de renovación de infraestructuras”.

Por ejemplo, se tendrá que abordar la renovación de 25 kilómetros sobre los 170 de los colectores más antiguos. Así mismo, destaca por su envergadura económica y técnica la renovación y adecuación de 4,5 kilómetros del Colector Norte, que constituye el 65% de la inversión total proyectada para ejecutar por la nueva contrata en materia de renovación de la red.

El servicio a prestar incluye las tareas correspondientes a la limpieza y reconocimiento de alcantarillas y colectores, imbornales y albañales, rejas de desbaste, fosas sépticas, pozos y lodos de EDAR municipales, estaciones elevadoras y de bombeo, imbornales de pasos inferiores, y evacuación de los residuos a lugares de eliminación habilitados.

Además, se realizará el mantenimiento de instalaciones electromecánicas y equipos en estaciones de bombeo EDAR gestionadas por el Ayuntamiento, emisarios, compuertas, telemandos… y prestarán servicios como el de la oficina de vigilancia de obras por terceros con afección al SMS, oficina técnica, mantenimiento del sistema de información del Sistema, telemando y supervisión, control de vertidos y ambiental, etc así como los trabajos de conservación de la red de saneamiento.

En general, las intervenciones afectarán a 1.388.731 metros de alcantarillado; 135.000 imbornales y pozos de registro; 90 instalaciones electromecánicas, incluyendo Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), depósitos de tormenta y estaciones de bombeo; así como 2 emisarios submarinos, 3 golas y 34 puntos de control medioambiental.

Otro de los aspectos importantes en materia referente a la sostenibilidad es la renovación total de los camiones y el equipamiento para la prestación del servicio de limpieza de alcantarillado, que estarán adaptados a las últimas tecnologías para mejorar su rendimiento, disminuir el consumo de agua y combustible y facilitar la telegestión y su control en tiempo real. Serán vehículos menos contaminantes que los actuales.

Relación con el 'caso Azud'

El anterior 'macrocontrato' fue adjudicado en 2007, durante el mandato de Rita Barberá, y ha ocasionado un perjuicio económico a las arcas municipales de 11,2 millones de euros, según un informe de la Agencia Valenciana Antifraude incorporado al sumario del 'caso Azud'. Sin embargo, los cálculos de Antifraude podrían sumar un perjuicio adicional de 2,3 millones de euros si se tienen en cuenta las prórrogas que alargaron la adjudicación hasta 2023.

En la causa que instruye la jueza Pepa Tarodo figura como uno de los principales investigados el abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá. La investigación, comandada por el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, afloró el pago de una presunta mordida de 2,2 millones de euros a Corbín y al también letrado Diego Elum, amigo de este último desde que ambos militaban en la extrema derecha.

La UCO vincula el pago de la abultada comisión a los regalos de lujo que recibió en la época la alcaldesa Rita Barberá de Acciona. Antifraude, en funciones de auxilio judicial a la instructora de la causa, analizó pormenorizadamente la ejecución del contrato por parte de Acciona y cifró en, al menos, 11,2 millones el perjuicio económico entre 2007 y 2012 a consecuencia de las modificaciones contractuales y las certificaciones sin justificación. Este diario trató de recabar la versión de la empresa el pasado 15 de febrero, cuando se conoció el informe de la agencia, sin obtener respuesta.