Antifraude calcula un perjuicio de 11,2 millones de euros en la contrata que pagó una mordida al cuñado de Rita Barberá

La instrucción del 'caso Azud' reveló que Jose María Corbín, cuñado de Rita Barberá, se repartió con su socio, Diego Elum, una supuesta mordida de 2,2 millones de euros en el marco de una contrata de Acciona por la gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), al que ha tenido acceso elDiario.es, calcula el perjuicio económico a consecuencia de modificaciones o de partidas sin justificar del contrato, en 11,2 millones de euros en un lustro.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la mordida estaría vinculada a los regalos navideños de lujo por parte de Acciona a la entonces alcaldesa popular, Rita Barberá (vino y accesorios de Louis Vuitton por un valor de 7.651 euros).

El letrado Diego Elum, también investigado en la causa, destruyó 12 cajas con 475 kilos de documentación. Sin embargo, la UCO pudo seguir el rastro de la presunta comisión millonaria de 2,2 millones de euros repartida entre los dos letrados, amigos desde que militaban en la extrema derecha en su juventud.

Antifraude, en funciones de auxilio judicial a la instructora del 'caso Azud', traza un análisis técnico, económico y financiero de la adjudicación del marcocontrato de saneamiento y de su ejecución entre 2007 y 2012 por parte de una UTE formada por Infilco Española SA y Acciona Infraestructura SA. Adjudicado en 2007, durante el mandato de Rita Barberá, por un plazo inicial de 15 años y con una posible prórroga de dos ejercicios adicionales, el valor estimado del contrato fue de 146 millones de euros.

El informe señala que en los importes certificados correspondientes al periodo entre 2010 y 2012 “no se incluye anexo, referencias ni detalle mínimo alguno de ejecución que justifique el importe”. A pesar de que el Ayuntamiento de València encargó entre 2007 y 2012 un total de 37 actuaciones “de forma directa” a la UTE adjudicataria, por un importe que suma 13,3 millones, no consta documentación “acreditativa de las mejoras ofertadas”.

Aunque Antifraude considera que el procedimiento abierto de adjudicación fue “adecuado” y acorde a la normativa, el tipo de contrato “no se ha determinado de forma correcta”, al no tener en cuenta que se trata de un contrato mixto de gestión de servicio público y de obras. El informe también alude a la “indeterminación” del precio del contrato, que supone un incumplimiento de la normativa de contratación pública.

El organismo que dirige Joan Llinares también ha detectado “irregularidades administrativas” en el expediente, tales como pliegos de cláusulas administrativas particulares firmados en distintas fechas, un informe del departamento de contratación anterior al del servicio de asesoría jurídica o contradicciones sobre la duración del contrato. Además, algunos de los proyectos firmados por un técnico municipal son informados por el mismo funcionario, que a su vez se encarga de firmar el acta de replanteo de las obras.

“En los expedientes relativos a los encargos directos de las obras, los informes emitidos por el servicio de contratación se refuerza la irregularidad de los encargos directos, al indicarse en ellos, por los propios técnicos, que no son contradictorios”, agrega la AVA.

La licitación se disparó un 62%

Durante la preparación de la licitación no se atendieron las advertencias de la Oficina económico-financiera del Ayuntamiento de València, que alertó sobre la duración, el importe y la revisión de precios. Así, el importe de licitación se disparó un 62% respecto al anterior contrato de 1994.

Sobre las modificaciones contractuales, que supusieron un incremento del importe del contrato, no constan informes jurídicos ni referencia alguna a la “procedencia o no” del reajuste de garantías. Tampoco consta, a juicio de Antifraude, control interno de la intervención sobre la modificación inicial en 2012 (de 7,9 millones de euros).

En el periodo analizado —entre 2007 y 2012— los importes ejecutados globales ascendieron a 79,1 millones (con una media anual de 13,1 millones), lo que supone un aumento respecto de los importes recogidos en la licitación de un 53,47%, “sin que tal incremento venga justificado”. Es decir, sin ningún tipo de justificación, se disparó la ejecución en 27,5 millones en el periodo de seis años (4,5 millones de euros anuales).

Por ello, Antifraude considera que se alteraron las bases de la adjudicación, “en clara contradicción con el principio de libre concurrencia” y se quebrantaron los principios de igualdad, publicidad y transparencia.

Los técnicos de la AVA tampoco han hallado certificación de las mejoras contenidas en la oferta de la adjudicataria. Entre 2007 y 2021, el perjuicio económico en relación a las mejoras y obligaciones no certificadas, ascenderían a 1,3 millones de euros. 

El informe desglosa cada apartado del perjuicio económico. Por la modificación de la fórmula de revisión de pocos, el perjuicio asciende a 4,9 millones de euros (un incremento del 54,58% respecto de la estimación inicial). En relación a los servicios extraordinarios, el importe de 225.579 euros “no se ajusta a lo establecido en el pliego”.

El perjuicio podría sumar 2,3 millones adicionales

Los perjuicios económicos derivados de la inclusión en las certificaciones de conservación del alcantarillado de partidas como mano de obra o materiales se estima en un millón de euros. Además, Antifraude también ha localizado 129.586 euros facturados “sin un desglose concreto”.

Por otro lado, los perjuicios económicos por la inclusión en los proyectos de obras de partidas sin justificar asciende a 808.287 euros. Además, en un periodo de 15 años, se han producido perjuicios económicos de 3,2 millones de euros por mejoras u obligaciones “sobre las que no se acredita su realización”.

En definitiva, el total del perjuicio económico, entre 2007 y 2012, supone 11,2 millones de euros. Sin embargo, Antifraude calcula que “adicionalmente” podría sumar 2,3 millones de euros “en caso de considerar” los siguientes ejercicios de 2013 a 2023, en el supuesto de la prórroga del contrato. Este periódico se ha puesto en contacto con Acciona, que ha declinado comentar esta información.