València limitará al 15% por manzana los apartamentos turísticos ubicados en bajos comerciales y creará un censo municipal

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València aprobó este miércoles, con los votos del PP y de VOX, someter a exposición pública la nueva normativa urbanística para frenar la implantación de apartamentos turísticos en la ciudad. Compromís y el PSPV votaron en contra por considerar insuficientes las nuevas restricciones.

Por medio del acuerdo se somete a exposición pública, durante un periodo de 45 días, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Valencia (PGOU) para la regulación de los alojamientos hoteleros y las viviendas de uso turístico. Además, también aprobará ampliar un año más la suspensión de licencias mientras se finaliza la tramitación de esta nueva normativa. El acuerdo se debe ratificar en el pleno de la semana próxima.  

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha explicado que con este nuevo trámite “el gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá muestra una clara voluntad de poner freno a la proliferación desmedida de apartamentos turísticos en Valencia, que cabe recordar es consecuencia sobre todo de que durante los ocho años de gobiernos de la izquierda no se hizo nada para limitarlos, y más bien se estimuló su crecimiento permitiendo que se implantará el uso turístico en los bajos de edificios y con una inspección de las actividades ilegales de apartamentos que fueron escasas o prácticamente inexistentes”. 

La normativa que ahora se somete a exposición pública, tras la correspondiente tramitación y aprobación del procedimiento ambiental, conlleva la aplicación numerosos controles o limitaciones (candados administrativos) que tienen como objetivo, tal y como ha expresado el edil de Urbanismo, “conseguir un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras. 

Entre los controles que se aplicarían están la prohibición de la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados. De esta forma, ningún barrio podrá superar ese porcentaje de plazas con respecto a su población.

Por otro lado, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, se establece una protección de la vivienda por el que el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrán superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios. La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10% en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación, que afectará a toda la ciudad de Valencia a excepción de Ciutat Vella que tiene su propia regulación que aprobó el actual Gobierno.

Asimismo, se propone una protección del comercio, ya que se limita al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turísticas, de forma que el 85% de los locales estarán destinados a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.

Compromís y PSPV lo ven insuficiente

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha comentado que “en la ciudad de València, el principal problema y la principal preocupación que tenemos las personas que vivimos aquí es el acceso a la vivienda, y la señora Catalá nos presenta una normativa en la que deja muy claro que pretende que sigan creciendo las plazas turísticas y hoteleras por delante de la necesidad de vivienda”.

Para Robles, “la señora Catalá debería plantear un plan de cierre de apartamentos turísticos ilegales e irregulares, y su reversión, para que puedan ponerse a disposición como viviendas para las personas que quieren vivir en esta ciudad”, sin embargo, ha lamentado que la alcaldesa “mira hacia otro lado y, de la mano del señor Mazón, está permitiendo que la ciudad de València acabe siendo un parque de atracciones para quienes quieren venir a hacer turismo”.

Por eso, ha explicado que desde Compromís han votado en contra de una normativa que “no restringe, una normativa que permite que esta ciudad acabe siendo un hotel gigante en lugar de una ciudad en la que vivir” y ha defendido que apuestan “por una normativa que regule el acceso a la vivienda, con más vivienda pública y más opciones para la gente que queremos vivir en esta ciudad”.

Por su parte, la concejala del Grupo Municipal Socialista, María Pérez ha tildado de burla la modificación del PGOU que María José Catalá y Vox porque “no limitan los apartamentos turísticos a pesar del grave problema que está suponiendo para el conjunto de la ciudad”. Según Pérez, desde el Partido Socialista siempre han denunciado que la propuesta del gobierno de la señora Catalá en la modificación del Plan General no limita los apartamentos turísticos, más bien abre la puerta a que se amplíe su número en aquellas zonas donde no se había llegado al porcentaje que ahora establece“, han afirmado. 

María Pérez ha hecho hincapié en que PP y Vox “desplazan el problema a otros barrios sin solucionarlo en aquellos donde ya existe” y ha manifestado su preocupación ante las manifestaciones del Gobierno municipal sobre que no se cerrará ningún apartamento con licencia, aunque supere el porcentaje que ahora establece su normativa“.

Igualmente, ha explicado que los socialistas proponen que “una vez cumplido el periodo de 5 años, las licencias actuales caduquen para avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible”. Además, ha advertido de que toda esta normativa municipal “se convierte en papel mojado si tenemos en cuenta que el Partido Popular en la Generalitat ha modificado la normativa para que los alquileres superiores a 11 días no sean ni siquiera considerados como apartamentos turísticos y ni siquiera deban someterse a esta nueva normativa municipal”.