La sentencia del caso Emarsa concluye y pone negro sobre el blanco “el plan” que políticos del PP y técnicos de dos entidades públicas urdieron para desviar 23.501.620 euros del dinero para la depuración de agua de la ciudad de Valencia y su área metropolitana a otros menesteres. La sala Primera de la Audiencia de Valencia -absuelva o no posteriormente el Supremo a alguno de los 24 condenados- considera probado que la red corrupta se gastó el dinero público, entre otras cosas, en viajes particulares a 24 ciudades de todo el mundo, noches con prostitutas y comilonas de más de 500 euros en los mejores restaurante de Valencia. “Nos daban la mano y nos cogíamos el brazo”, llegó a confesar Esteban Cuesta, el exgerente de Emarsa condenado a 12 años de cárcel y quien ha reconocido los hechos durante la instrucción y la vista oral.
Según la sentencia que todavía es recurrible en el Tribunal Superior de Justicia valenciano y en el Tribunal Supremo concluye que hubo tres maneras de desviar los fondos públicos. En la primera, “los acusados diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Generalitat financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación depuradora de Pinedo (Valencia) que gestionaba Emarsa”, rezan los hechos probados. 13 millones de euros en sobrefacturación fueron a parar a las empresas del condenado a seis años de cárcel Jorge Ignacio Roca Samper que luego repartía las comisiones a través de la extracción de fondos en cajeros automáticos y transferencias al extranjero.
Otra forma para desviar capitales la realizó Cuesta para el resto a través del “cobro de comisiones” por la adjudicación de contratos a empresas amigas y sobresueldos por el kilometraje.
En la tercera, el propio gerente, el director financiero Enrique Arnal -condenado a prisión a 8 años y seis meses- y el empresario Sebastián García Martínez Chanín -7 años y 6 meses de prisión- “idearon un sistema para apoderarse de los fondos públicos que la Epsar y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) entregaban a Emarsa, consistente en que el Sr. García Martínez, ponía a disposición de los responsables de Emarsa distintas personas jurídicas, todas ellas gestionadas de hecho o de derecho por él”. A través de estas compañías, añade la sentencia, “debían emitir facturas a Emarsa por entregas de bienes o prestaciones de servicios inexistentes o por un precio superior al realmente prestado”. Con este método para defraudar se distrajeron 7.188.208 euros.
Y con este dinero llegó la fiesta, el frenesí y los fastos entre los años 2004 y 2010 a costa de la depuradora de Pinedo. Con este dinero, los acusados Cuesta, Arnal, García Martínez y amigos y familiares con el beneplácito de Crespo viajaron por todo el mundo, comieron en los mejores restaurantes de lujo de Valencia y agasajaron a políticos del PP en el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. Rita Barberá, Francisco Camps y otros líderes conservadores de la época recibieron bolsos de lujo, jamones 5J o suntuosas cajas de Navidad.
Viajes por medio mundo
Cuesta y Arnal gastaron entre 2004 y 2010 262.934 euros en viajes particulares a 24 ciudades de todo el mundo. Con su familia, con sus parejas y en el caso de Esteban Cuesta con lo que denominó en instrucción “traductoras” de rumano. Así, según los hechos probados, con dinero de la depuración de aguas se abonaron viajes a Ciudad del Cabo, Moscú, Bucarest, Nueva York, Andorra, Casablanca, Marrakech, Munich, Lisboa, París, Lanzarote, Ibiza, Formentera, Madrid, Alicante, Benidorm, Castelló, Toledo, Bilbao, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Tortosa y Barcelona.
Los condenados también tenían un buen paladar y fueron generosos con regalos pero con dinero público. 836.613 euros se gastaron los condenados, principalmente Cuesta y Arnal, pero invitando a todo tipo de empresarios y cargos del PP a los mejores restaurantes de Valencia. Marisquería Civera, Pilsener, Alkazar, Maypi o Marrasquino estaban en la carta habitual con facturas de 200, 500 0 1.000 euros. Más de 115.000 euros al año por estos conceptos.