La Vall d'Uixó plantea un expediente sancionador de 900.000 euros a la empresa de la contrata de limpieza
El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó presentará este miércoles en el pleno municipal una propuesta de expediente sancionador de 905.501,55 euros a la empresa FOVASA -antigua SECOPSA- por incumplir hasta 14 puntos del Pliego de Condiciones Técnico-Económicas de la contrata de limpieza y recogida de basuras de la localidad, considerándose estos como “faltas muy graves”.
Los incumplimientos de los que acusa el gobierno de Tania Baños (PSPV) a FOVASA van de la frecuencia mínima de recogida de contenedores de selectiva, a la falta de limpieza de algunas zonas o de servicios especiales, a la falta de limpieza de fachadas públicas o de renovación del parque de vehículos. Estos incumplimientos han sido detectados desde junio de 2014 (en la anterior legislatura) a abril de 2017. Detectándese todavía algunos de ellos, aunque al parecer menos, durante los últimos meses.
Los problemas del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó con la concesionaria vienen de lejos, pocos meses después que la entonces alcaldesa Isabel Bonig (hoy líder del PP de la Comunitat Valenciana) privatizara el servicio en 2009 que desarrollaba la empresa pública SUMMA, y concediera la contrata por 20 años a SECOPSA. Cabe recordar que SECOPSA fue señalada por Ricardo Costa como financiadora ilegal del PP con 15.000 euros en 2007, año en el que Bonig accedió a la alcaldía.
Así en 2010 un informe técnico advirtió que el servicio “no se estaba ejecutando correctamente”, pese a lo cual el entonces concejal de Medio Ambiente -y después sucesor de Bonig como alcalde- Óscar Clavell pagó las facturas por un importe de 707.000 euros.
Este capítulo le valió a Clavell un proceso judicial en el juzgado de primera instancia de Nules, pero que finalmente fue archivado al pasar Clavell a ser diputado en el Congreso y trasladar la competencia del caso al Tribunal Supremo, que archivó el caso.
Pese a que Clavell pagó estas primeras facturas como concejal, cuando pasó a ser alcalde ya no las pagó, abriendo esto la vía judicial por parte de SECOPSA que acabó ganando todos los litigios por no realizarse el procedimiento adecuado, es decir, incoar previamente un expediente sancionador a la empresa, hecho que no se produjo, como señaló el propio tribunal. Este hecho provocó que el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó tuviera que abonar casi 700.000 euros más en facturas no pagadas ya en la actual legislatura y con gobierno de signo opuesto.
Ahora el ayuntamiento pretende cumplir con el orden estipulado por los tribunales y lleva al pleno municipal la aprobación del expediente sancionador con el que podría conseguir resarcir únicamente en parte el dinero pagado a la empresa pese a no haber cumplido las exigencias de la contrata.
