Vecinos de Natzaret recurren al Defensor del Pueblo para que exija un estudio ambiental de la ampliación del Puerto de València

Medidas para reducir las emisiones de los grandes buques y cruceros y estudios científicos que determinen el impacto de la actividad del Puerto de València en la calidad del aire tanto en la actualidad, como con la hipotética ampliación norte.

Estas son algunas de las reivindicaciones que la Asociacióin de Vecinos y Vecinas de Natzaret ha trasladado al Defensor del Pueblo para que inste a las administraciones competentes a que se lleven a cabo.

El portavoz de la entidad vecinal, Julio Moltó, ha trasladado a la institución que su queja se debe que el 14 de abril 2016, es decir, hace cuatro años, envió a Aurelio Martinez, presidente Autoridad Portuaria de Valencia (APV), a Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y a Joan Ribó, alcalde del Ayuntamiento de València, un escrito sobre la problemática de la contaminación de los barcos “sin obtener respuesta a ninguna de las medidas solicitadas”.

En la misiva ponía de relieve que “el amarre de grandes buques de contenedores y de cruceros turísticos junto al casco urbano de la ciudad, y especialmente en Natzaret y demás barrios colindantes al Puerto, supone una grave fuente de contaminación acústica y atmosférica debido a la gran potencia de los motores, a la carga y descarga de contenedores, y a que utilizan combustible de baja calidad con alto porcentaje de azufre”.

En el mismo escrito añadía que “en los países ribereños del Mar Báltico, Mar del Norte, y en Norteamérica y Canadá se han establecido áreas de control de emisiones, con la exigencia de que los buques utilicen combustibles menos contaminantes”.

En este sentido, solicitaron que se alejaran los amarres de dichos buques del casco urbano de la ciudad de València “como medida de prevención”; que exigieran que los buques utilizaran combustibles “menos contaminantes”; que se evaluara por la administración correspondiente “el impacto de dichas fuentes de contaminación atmosférica y acústica en el área urbana más próxima”; y que se tomaran las medidas necesarias “para salvaguardar el derecho a la salud y a la calidad de vida en el borde urbano sur de la ciudad con el puerto”.

Sin embargo, según Moltó, no han recibido ninguna contestación a las medidas reivindicadas. Muy al acontrario, en su escrito al Defensor del Pueblo denuncian que lejos de alejar los amarres del núcleo urbano “la APV lleva adelante la ampliación norte del Puerto que prevé trasladar la terminal de cruceros de dicha zona norte, mar adentro, a una nueva ubicación al sur limítrofe con la ciudad, una reubicación no prevista en el proyecto inicial de 2007, cuando la APV obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ahora totalmente desfasada, porque después cambió el proyecto del macromuelle norte”.

El portavoz vecinal recuerda que mediante la DIA de 2007 “el Ministerio de Medio Ambiente aprobó las obras antes de la modificación del proyecto que supone trasladar la terminal de cruceros al sur y eliminar un contradique ya construido financiado con fondos europeos”.

Por otra parte, añade que “se anunció que la tasa de azufre en el combustible de los barcos se bajaría con fecha de 1 de enero de 2020, pero las autoridades no explican en qué se concreta dicha medida que podría consistir en reducir la cantidad de azufre en el combustible bajará un 3%, bajando el número de partículas finas”.

Por todo ello, la entidad solicita “la ayuda del Defensor del Pueblo para instar a los gobernantes de las distintas administraciones públicas a realizar un estudio científico para medir el impacto actual de las emisiones de humo de los barcos y los camiones que entran y salen del puerto de Valencia en la actualidad, los impactos previsibles que se producirían con la hipotética ampliación del puerto que duplicaría las instalaciones actuales, y las medidas más adecuadas para proteger el derecho a respirar aire limpio en una situación de emergencia climática y de pandemia de Covid-19”.

Precisamente, este miércoles el presidente de la APV, Aurelio Martínez, volvió a insistir en la necesidad de impulsar la polémica ampliación norte pese a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, un proyecto diferente al que obtuvo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de hace 13 años, pero que para la entidad portuaria sigue siendo válida y vigente pese a los cambios introducidos.

El Ministerio de Transportes dirigido por el socialista José Luis Ábalos será el que determine si finalmente es preceptiva una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como así lo consideran diversos informes remitidos por el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana.