El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el socialista Aurelio Martínez, aseguró tras el consejo de administración del pasado 16 de diciembre que la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid según la cual la condición de órgano sustantivo de la ampliación norte vuelve a pasar de forma cautelar de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Puertos del Estado no iba a tener ninguna incidencia en los plazos para que el Gobierno aprobara el polémico proyecto. La cuestión no es menor ya que el órgano sustantivo es el encargado de solicitar los trámites ambientales.
De hecho, aseguró que en enero tendría el visto bueno del consejo de ministros, previo informe de Puertos del Estado avalando la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007.
Sin embargo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de quien depende Puertos del Estado, dio a entender todo lo contrario este miércoles en su comparecencia en el Senado.
A preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet, anunció que deben esperar “a la resolución del recurso” y que serán “escrupulosos con el cumplimiento de la normativa medio ambiental”. Unas palabras de las que se deduce que difícilmente habrá pronunciamiento por parte de Puertos del Estado y mucho menos aprobación del consejo de ministros hasta que haya una resolución definitiva sobre la cuestión de fondo por parte del TSJ de Madrid, lo que puede tardar varios meses.
La pregunta de Mulet estaba dirigida a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, puesto que hacía alusión a “las medidas a tomar por el Gobierno para que cualquier actuación en el Puerto de València cuente con todas las garantías medioambientales”. Sin embargo, asignaron la cuestión a Sánchez como responsable de puertos, lo que causó la indignación del senador valencianista: “Obviamente una pregunta que hablaba de medidas medioambientales del Puerto de València iba dirigida a la ministra Teresa Ribera que una vez más ha vuelto a escurrir el bulto y a vuelto a esconderse. Hoy he mostrado una queja al señor Simancas porque la pregunta debía contestarla la señora Ribera”.
En su intervención, Mulet se refirió al litigio en el TSJ de Madrid y reprochó que saben que “este proyecto no se ajusta a la DIA de 2007, y ha de tomar cartas en el asunto; la DIA era para 19 millones de metros cúbicos de material para los muelles el proyecto necesita 25’7 millones; y la DIA estudió una draga de la dársena a – 18m metros y el nuevo proyecto es a -24 metros de profundidad en la dársena y de 28 metros en el antepuerto” y añadió que han de velar “por el cumplimiento de la DIA de 2007 y este proyecto no lo está cumpliendo”.
“Paren esta barbaridad, o será usted de la responsable de cargase la Albufera de València todo, para el interés de unos pocos”, finalizó Mulet.
Claves del auto judicial
El auto judicial suspende cautelarmente la resolución adoptada el 30 de marzo del pasado año por el Ministerio de Transición Ecológica en virtud de la cual se pasó la condición de órgano sustantivo de Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), por lo que ahora el organismo estatal recupera esa condición de órgano sustantivo hasta que haya un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.
Tal y como informó elDiario.es, el informe de la Abogacía del Estado del que se dio cuenta en el consejo de la APV del pasado 2 de diciembre en el que se aprobó la polémica ampliación norte con los únicos votos en contra del alcalde de València, Joan Ribó, y del secretario autonómico de Compromís Iván Castañón, ya advirtió de que el informe técnico sobre el proyecto emitido por Puertos del Estado no avalaba la validez de la DIA.
Según la Abogacía, el informe de Puertos del Estado solo avala la vigencia, pero no la validez de la DIA: “Tampoco el informe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado de 9 de abril de 2021 es concluyente en este punto, pues en el mismo se aborda la caducidad o vigencia de la declaración de impacto ambiental emitida en 2007 respecto del proyecto inicial, entendiendo que dicha declaración de impacto ambiental está vigente”.
Sin embargo, añade que “lo que ahora se plantea es, distintamente, si las modificaciones introducidas por el anteproyecto de 2018 y sus adendas en el proyecto inicial, que fue objeto de declaración de impacto ambiental en 2007, son de tal entidad que determinan la necesidad de realizar una nueva evaluación de impacto ambiental, cuestión que no se aborda expresamente en el informe jurídico de referencia”.