Vivimos en un país a dos velocidades. Mientras gran parte de la población clama por la destitución de la cúpula del fútbol español por abuso de poder, representado en un acto retransmitido en directo que se juzgará como agresión sexual hacia una jugadora, los representantes de algunas instituciones públicas borran la terminología que denuncia esos mismos abusos.
El minuto de silencio por dos mujeres asesinadas el pasado viernes en Orihuela y Castellón ha evidenciado la ruptura del consenso sobre la violencia machista. También que el PP tiene un problema con sus socios de gobierno en la Comunitat Valenciana, que niegan una violencia estructural que se ha cobrado la vida de 1.232 mujeres en veinte años, y que pese al intento de rebajar la tensión se han topado con un asunto que les ha explotado en la cara.
El Parlamento valenciano ya no condena la violencia machista. La mitad condena la violencia contra las mujeres, en general. La otra mitad, la que sí lo hace, denuncia que hay que conceptualizar el problema. La unanimidad se rompió con la entrada de la extrema derecha en la Cámara, que se apartaba de las pancartas que llevaban el lema contra la violencia machista en los minutos de silencio tras un asesinato. Ahora la extrema derecha ocupa la Presidencia de las Corts Valencianes con el apoyo del PP, y por su iniciativa la pancarta desaparece y se sustituye por “violencia contra las mujeres”. El PP argumenta que es el mismo lema que emplea la Delegación de Gobierno y que ahora hay un protocolo unificado, antes era un acuerdo verbal, desvinculando a su socio del conflicto. Antes Vox no se ponía en la pancarta institucional; este martes sí lo ha hecho, cuando ha desaparecido la mención a un término que consideran un invento ideológico. Quienes no lo han hecho han sido PSPV y Compromís, los grupos de la oposición, que mantienen el lema que denuncia la causa de la violencia, la raíz del problema, y ponen su empeño en subrayarlo.
La Generalitat Valenciana tampoco condena la violencia machista de forma unánime. Depende del departamento que uno consulte. Presidencia o la Conselleria de Igualdad lanzan el mensaje “tolerancia cero frente a la violencia machista” y trasladan “un mensaje de esperanza”. “A aquellas mujeres que están en sus hogares y sufren en silencio esa lacra (...) A ellas y a sus entornos ”queremos decirles que hay salida, hay futuro y hay vida tras la violencia de género“, apunta la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Susana Camarero. Sin embargo, los departamentos dirigidos por Vox trasladan su repulsa hacia ”la violencia en el ámbito doméstico hacia las mujeres, hombres y niños“ y equiparan los dos últimos asesinatos al cometido por una mujer contra su pareja, varón, en Alcasser. Sus dirigentes se han posicionado públicamente contra esta conceptualización.
“La semántica me da igual”, dice la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, que aduce que la semántica no salva vidas. La portavoz del Consell hace suyas las palabras que la titular de Igualdad ha pronunciado minutos antes, donde recalca que las pancartas no son lo prioritario, y que después reiterará el presidente de la Generalitat, que se manifiesta “cansando un poco del juego de la pancarta”. Ante las críticas, el PP defiende que lo prioritario son los recursos, critica el cierre de siete juzgados de violencia contra la mujer y las rebajas de penas de agresores por la ley del 'sí es sí', equiparando la seguridad con las penas privativas de libertad. El resto de grupos y el movimiento feminista le responden que hay que nombrar las cosas para ponerles remedio, que lo contrario es eludir la responsabilidad.
El PP tiene la oportunidad de demostrar su compromiso a través de los presupuestos de la Generalitat, que no son una cuestión semántica sino numérica, que son recursos de prevención, atención y reparación; son formación para que el daño no se produzca, ayuda inmediata si se produce y acompañamiento cuando el daño está hecho. Por el momento, sin entrar en las partidas concretas, la orden general de elaboración, la renuncia a los ingresos del impuesto de sucesiones y el rechazo a incorporar la partida de la infrafinanciación apuntan a una reducción notable del presupuesto. El rechazo sistemático de la ultraderecha, con la conselleria competente de proteger a las víctimas a su cargo, a reconocer la violencia de género, esboza algunas partidas en el punto de mira. Es difícil destinar recursos a a algo que no tiene nombre, elaborar políticas de algo que no se conceptualiza.
La Conselleria de Justicia, dirigida por Vox, que acaba de cesar a un alto cargo por ocultar una condena de violencia machista, circunscribe la violencia al ámbito doméstico. El beso no consentido que ha movido a medio país se produjo en el ámbito público, en la celebración inmediata del máximo triunfo de la selección femenina del deporte de masas por excelencia, retransmitido en directo ante millones de personas. La violencia machista sucede en el espacio privado e íntimo, ataca la integridad de las personas, sus cuerpos y sus mentes, su bienestar físico y psicológico, en caso de no cobrarse su vida, pero nunca es solo una cuestión personal, ni de pareja, ni de familia, ni mucho menos del hogar; es una violencia que nace de una concepción asimétrica de las relaciones entre géneros, inherente a un sistema desigual y que empapa todas las capas de la sociedad. Dos grupos parlamentarios, el movimiento feminista, decenas de colectivos y una parte de la población lo señalan a diario, y reclaman volver al consenso emprendido hace dos legislaturas.