A vueltas con el proyecto de Ley de Turismo

Les Corts Valencianes están tramitando el anteproyecto de Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, en comisión previa a la negociación de enmiendas por los distintos grupos políticos. Llama la atención que, siendo un debate actual en la sociedad, en esta fase de “participación ciudadana” de los catorce comparecientes en la comisión nueve pertenecen al sector turístico o inmobiliario; tres a asociaciones de vecinos, patrimonio y pequeños comerciantes; y los otros dos al ámbito académico. ¿Qué tipo de propuestas van a pedir y ley “dibujar” estos comparecientes? ¿Quién va a representar al resto de esa sociedad “hospitalaria” que van a visitar los turistas? ¿Y a personal y trabajadores de hostelería? El sector turístico tiene una importancia indudable en PIB (más del 13% regional) y empleo así como una viabilidad y calidad que es obligado garantizar; pero es igual de cierto que se trata de una materia compleja por sus múltiples intereses y sus implicaciones directas en el día a día (¡y la noche!) de ciudadanos y ciudades.

En este sentido, a mi entender hay algunos puntos del anteproyecto que podrían mejorarse para prevenir no conflictos futuros, si no que ya se empiezan a hacer notar al menos en determinados barrios de las grandes ciudades. Conflictos que tienen relación con las viviendas de uso turístico; las posibles molestias y saturación que pueden causar parte de los visitantes; y la precariedad y reivindicaciones de parte del personal al servicio de la industria hotelera (la lamentable situación de “las kellys”), y que son los que más efectos y relevancia social tienen. Aquí van cinco reflexiones rápidas sobre algunos aspectos que la nueva legislación autonómica podría tener en cuenta:

1. Diferenciar entre alquiler turístico “compartido” y “profesional”, algo que la ley no recoge. Cuestión fundamental ante la explosión de los modelos de negocio de la economía colaborativa y el éxito de plataformas de alquiler por días como AirBnB, HomeAway y similares. No es lo mismo –ni causa las mismas molestias- alquilar una habitación (una, no varias, donde quizás sería más correcto calificar esa actividad como “hotelera” similar a un hostel o pensión) mientras su vecino vive en esa vivienda o alquilar una vivienda entera unos días al año (60, por ejemplo, como bien ha planteado desde el Ayuntamiento de València su teniente de alcalde Sandra Gómez), que alquilar un piso de forma permanente y profesional. Ni es lo mismo ni es lógico que haya de sujetarse a las mismas obligaciones legales, clarificando la normativa y atendiendo la, en su caso, “competencia desleal” con respecto a quienes sí cumplen sus obligaciones;

2. Solicitar, a efectos de coordinación con los ayuntamientos, que al dar de alta una vivienda turística en el registro autonómico se haya de presentar también el “informe de compatibilidad urbanística”, de forma que no sea posible registrar como turística una vivienda que no cumpla con la normativa municipal. Y, más en concreto y en lugares como València ciudad donde hay una laguna normativa, se permita que si el Ayuntamiento no otorga esa compatibilidad a un apartamento turístico por entender que no cumple con el Plan General de Ordenación Urbana (que no esté en un primer piso o tenga debajo una vivienda residencial), no pueda registrarse;

3. Al igual que las obligaciones que la ley establece que hna de cumplir las empresas del sector turístico “tradicionales”, establecer un artículo “plataformas” que refleje las particularidades de la digitalización con sus obligaciones, la colaboración que han de prestar con la administración y las posibles sanciones por incumplimiento. Como, por ejemplo, no publicitar inmuebles que no acrediten tener número de registro o no publicitarlos si no consta en el anuncio (la sentencia nº 297/2017 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Valencia lo valida al ratificar la sanción de la Agencia Valenciana de Turismo a HomeAway precisamente por incumplir esto) o colaborar con las administraciones –sin sustituir su labor- en la supervisión de que los oferentes de viviendas turísticas cumplen la legislación (urbanística municipal y turística autonómica…) y no son “malos actores”, como suelen decir las propias plataformas. La trazabilidad de internet posibilita de forma sencilla cruzar los datos entre los pisos que se ofertan en las plataformas y los pisos dados de alta ante turismo o el Ayuntamiento, de forma que se puedan “descubrir” y tomar medidas frente a los irregulares (de igual forma al reciente Decreto del Ministerio de Hacienda que obliga a las plataformas a ceder datos fiscales para comprobar que quienes alquilan pisos turísticos pagan impuestos y no hacen competencia desleal). Sin perjuicio, claro, de que las administraciones autonómica y local necesiten de un cuerpo de inspectores suficiente y capacitado para esta labor;

4. Reflejar la situación de precariedad de parte de las personas que trabajan en el sector de la hostelería. No únicamente con una mención genérica que llama a las empresas a esforzarse por ofrecer “un empleo digno y de calidad” (artículo 20-s del anteproyecto), si no dotándolo de mecanismos efectivos que recojan el incumplimiento de esta obligación por las empresas turísticas como una infracción con pena de multa de las que se contemplan en el capítulo tercero del propio anteproyecto;

5. Abrir la puerta e incorporar el marco legal para una futura aprobación de la tasa turística o de pernoctación. Aunque sea algo que –menos Podem- las formaciones políticas ya descartaron durante la negociación de los presupuestos de 2018, la tasa turística es algo razonable, que existe en todos los destinos donde el turismo es un sector económico importante y donde la Comunitat Valenciana no tiene ninguna especialidad que justifique su no implementación. Si la tasa es mayor o menor según temporada, categorías y tipo de alojamiento; grava todo tipo de pernoctaciones con independencia de se trate de un hotel, camping o apartamento turístico; y su recaudación es finalista para reducir las externalidades negativas del turismo (limpieza, medioambiental, encarecimiento vivienda…), mejor.