La herencia recibida y la necesidad de consensuar pueden provocar que tus decisiones no acaben siendo de tu agrado absoluto, ni que lleguen a materializarse. Y que encima cuenten con el rechazo de los que en el pasado han luchado contigo codo a codo. Situación, producto del paso de la oposición al gobierno, que vive el gobierno municipal de Valencia y, en concreto, el alcalde, Joan Ribó, con la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto.
La ZAL fue un plan que nació en 1994. Sus impulsores entonces fueron la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el Ayuntamiento (en manos del PP), la Generalitat Valenciana (gobernada por el PSPV) y la SEPES, entidad de carácter público dependiente del Ministerio de Fomento, también bajo la batuta del PSOE. La iniciativa que pretendía convertir 716.000 metros cuadrados de huerta en un área para el desarrollo de operaciones portuarias se aprobó en 1999, recalificando suelo general de protección agrícola.
Pero, la aplicación del plan fue traumática. Conllevó desalojos, derribos de alquerías y un conflicto judicial eterno que llevó el pasado mes de junio a que el Tribunal Supremo dictara la nulidad del plan. La sentencia coincidía con un cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Y con la formación de un equipo municipal contrario al plan trazado anteriormente. No en balde, los integrantes de Compromís fueron compañeros de reivindicaciones de los vecinos afectados.
El cambio, además, coexistía con otro: la llegada a la presidencia de la APV de Aurelio Martínez. Un dirigente que en 1995 cuando era candidato a la alcaldía de Valencia por el PSPV había mostrado sus reticencias a la ZAL. Todo, pese al impulso que él mismo había dado al proyecto desde el Ejecutivo autonómico de Joan Lerma.
Ribó planteó una solución en setiembre en la línea de su pensamiento y de los acontecimientos. Ante la infrautilización de la ZAL, propone devolver los terrenos –si no todos, al menos una parte- a su estado anterior. Es decir, que se conviertan otra vez en huerta. Aunque reconoció que la medida se antoja “muy complicada”. Más con la enrevesada situación jurídica que hay alrededor del plan.
Pese a la sintonía entre Martínez y Ribó en sus encuentros, el primero ha mostrado su aparente cambio de parecer. “No voy a renunciar a la ZAL porque la considero absolutamente estratégica y vital”, ha afirmado. Y cuestiona con sorna la opción del tripartito municipal: “Revertir es una opción. Por mí, perfecto si me lo pagan, pero lo harán a precio de Manhattan. Con ese dinero, tendría para comprar media Valencia”. Martínez remató su intervención alegando que con la puesta en marcha del proyecto se pueden crear entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo.
Frente a la declaración de intenciones del presidente del Puerto, Ribó esboza una solución salomónica, en línea con la trazada desde su llegada a la alcaldía. De la parte de la autovía de El Saler hasta el mar, defiende que continúe la ZAL. Pero que al área más próxima a la ciudad se le dé otro uso, en referencia a su preferencia por que vuelva el verde al lugar donde ahora habita el cemento.
Sin embargo, él mismo enfría sus pretensiones. Admite la “complejidad” de devolver la zona para un uso a la ciudad. La opinión la comparten los vecinos afectados. Agradecen la “mayor sensibilidad” de Ribó, pero exigen participar en las negociaciones con el Puerto. Y, además, muestran su escepticismo sobre las intenciones del tripartito. Argumentan que durante las expropiaciones forzosas de Barberá y la construcción de la ZAL se destrozó todo, con lo que volver a ser útil para la huerta resulta “muy difícil”.
Según declaró a la Ser hace unos días un portavoz de los vecinos afectados, ahora rechazan la idea salomónica. Incluso, la tildan de “barbaridad”. “Nuestra lucha está en que nos den un 25% de indemnización más de lo que nos dieron, que es lo que está dictaminado en sentencia firme”, esgrimen. Con todo, la ZAL se convierte en un problema embarazoso para Ribó. Su compromiso electoral puede no resultar viable por la herencia de la anterior alcaldesa, la popular Rita Barberá.