El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, regó de manera generosa los negocios públicos y privados de su entorno benidormense, donde llegado desde Cartagena creció como político en los años 80. Tras la operación Erial, en la que fue detenido por blanqueo de capitales y otra media docena de delitos al intentar repatriar dinero de dudosa legalidad, cayó también una red de empresas y personas que sirvieron de testaferros para consolidar la fortuna amasada de las presuntas “mordidas” del que también fuera directivo de Telefónica.
Clave en la red empresarial opaca de Zaplana fueron los detenidos Joaquín Barcelo -todavía en prisión preventiva- y Felisa López, ambos considerados testaferros del expolítico a través de sus sociedades. El matrimonio de Benidorm tiene una decena de empresas, entre ellas tres constructoras y cuatro inmobiliarias. Barceló fue su número tres en el PP valenciano y a quien situó como directivo del parque de atracciones Terra Mítica.
Así, la empresa Promotora de Vídeo SA -de la que era consejera Felisa López- recibió en 2004 un contrato de Canal 9, la televisión pública valenciana, cuando su director general era Pedro García, quien anteriormente había sido jefe de prensa de Zaplana. García está imputado en el caso Gürtel por una adjudicación a la trama Gürtel y su estrecha relación con Álvaro Pérez El Bigotes.
El contrato, que no fue el único, consistía en el “suministro e instalación del sistema de producción de edición de noticias para informativas vía red, sistema de postproducción y de ingesta vía red así como la gestión de catalogación para Televisión Valenciana”. Canal 9 dependía de Presidencia de la Generalitat y, aunque ya estaba Francisco Camps al frente de la Generalitat la guerra contra Zaplana no había comenzado.
Este y otros contratos de la red de empresas de los testaferros de Zaplana con la Generalitat han sido aportados a la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso Erial por Mireia Mollà, portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes. La diputada explica que le ha sido imposible localizar por parte de los liquidadores en los archivos de la extinta Canal 9 los posibles contratos de la trama con la televisión pública en los años 95 a 2002 -sí de 2003-, cuando Zaplana fue presidente de la Generalitat.
Otro contrato de la empresa de Felisa López con la administración fue en 2009 a través de la Ciudad de la Luz de Alicante. La contratación fue por 306.896,22 euros por “el suministro e instalación del equipamiento técnico necesario para un control de realización en el centro de Estudios de la Ciudad de la Luz en Alicante.
Otra empresa del entramado, Aplem Consulting, propiedad de Francisco Grau, también detenido y en prisión por la operación Erial facturó contratos menores a la Conselleria de Hacienda y a la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de Presidencia. Grau es el asesor fiscal de Zaplana y el expresidente lo situó como secretario del Consejo de Administración de la CAM, el brazo armado de los megaproyectos que impulsó el expolítico.