Eduardo Zaplana tiene una singular capacidad para resultar grabado en investigaciones judiciales. Lo fue en el sonado caso Naseiro, en la última década del siglo pasado, centrado en la supuesta financiación ilegal del PP, del que fue exonerado porque los audios de las conversaciones con el concejal del PP Salvador Palop fueron anulados como prueba por los tribunales. Emerge entre los interlocutores de Alejandro de Pedro en el sumario de la trama Púnica. Y también en la Operación Lezo, en la que ha sido grabado con el principal imputado, el expresidente madrileño Ignacio González, hoy en prisión.
Le señala también el juez Eloy Velasco, que dirige la investigación de este caso de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, empresa pública que gestiona el agua de Madrid, por una supuesta operación con Ignacio González para comprar en el extranjero el 50% de una empresa que controlaba los derechos de una patente de desinfección de agua. Una operación que la investigación no ha podido comprobar si llegó a realizarse y que el propio Zaplana ha desmentido públicamente. “Nunca he participado en hecho delictivo alguno”, señaló este sábado en declaraciones a El Mundo. “Nunca he tenido ni tengo ninguna sociedad ni relación mercantil con don Ignacio González”.
El interés de Zaplana por el negocio del agua, sin embargo, no es nuevo. Es más, en sus años de presidente de la Generalitat Valenciana intervino activamente en el conflicto por el control de Aguas de Valencia, la compañía que acabó obteniendo uno de los más importantes contratos del sector al hacerse con la concesión del servicio de agua en alta para 44 municipios del área metropolitana de Valencia por 50 años.
A comienzos de siglo, el gobierno madrileño de Alberto Ruiz Gallardón impulsó el proyecto de privatizar el Canal de Isabel II, finalmente frustrado. Mientras recibía en su despacho del Palau de la Generalitat Valenciana a las partes enfrentadas por el control de Aguas de Valencia, básicamente un grupo de accionistas valencianos apoyado por el Banco de Valencia que acabaría ganando la batalla al grupo francés Bouygues, Zaplana vislumbró la posibilidad de fusionar la empresa madrileña y la valenciana para crear una compañía capaz de competir con el gigante del sector, el grupo Aguas de Barcelona, con el que, por cierto, años después tuvo otro pulso Aguas de Valencia, que también ganó, cuando el primero compró el 33% de la empresa valenciana.
La idea de una fusión de Aguas de Valencia y el Canal de Isabel II, que consistiría en el asalto a la privatización de la empresa madrileña vía la entrada en la compañía valenciana de capital de Florentino Pérez, fue apenas un sueño de verano, pero dio que hablar en el mundillo empresarial en los años 2002 y 2003 y se hicieron eco de ello algunos medios.
Muchas más páginas ocupó la intervención de Zaplana en 2002 para relevar de la dirección de Aguas de Valencia, al consejero delegado, Aurelio Hernández, que fue alcalde de Càrcer por el PP, a quien repescaría tiempo después Francisco Camps y que, vía su amistad con Alfonso Rus, acabaría salpicado por la investigación judicial que hizo caer al dirigente provincial de Valencia. Zaplana intentó entonces, y no lo consiguió, colocar al frente de la empresa de suministro de agua a Juan Francisco García, su exjefe de gabinete.
Y también intentó, incluso cuando ya había dejado la presidencia de la Generalitat para asumir la cartera de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, que Bouygues y Aguas de Valencia financiaran un grupo de medios de comunicación afín. Los socialistas intentaron sin éxito que diera explicaciones tanto en el Congreso de los Diputados como en las Corts Valencianes.