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Ya en 2014 la Unión Europea (UE) se planteaba, mediante la Directiva de Cuentas de Pago (Directiva 2014/92/UE de 23 de julio de 2014), la necesidad de garantizar a cualquier persona de la UE el derecho a disponer de una cuenta bancaria que permita realizar transferencias y pagos, y tener una tarjeta de débito.
El objetivo es evitar la exclusión financiera de las personas en situación de vulnerabilidad, esto es, desde personas en riego de exclusión social o pobreza a estudiantes sin ingresos, trabajadores extranjeros, etc. La idea es que sin una cuenta es imposible tener un desarrollo y un progreso económico que nos proteja.
Tal como explicaba en 2020 Beatriz Fernández Olit, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del colectivo Economistas Sin Fronteras, “este derecho debería apreciarse cuando necesitamos domiciliar un recibo de, por ejemplo, suministros como la electricidad, cuyo derecho de acceso ha tenido mucha más repercusión en el debate público”.
“O cuando se tiene que recibir una ayuda pública”, añade Fernández Olit: “léase una beca de estudios o el ingreso mínimo vital”. Otros casos para los que está pensada la cuenta de pago básica es cuando no se posee una nómina fija o en caso de trabajadores extranjeros.
Cuando se habla de cuenta básica de pago nos referimos a poder tener con cualquier banco una cuenta para recibir dinero, guardar ahorro o pagar gastos y domiciliaciones, con un coste máximo de 3 euros mensuales o, si cumplimos determinados requisitos de vulnerabilidad económica, de modo gratuito. Esto siempre y cuando no tengamos otra cuenta previamente abierta.
Poco interés de los bancos
Olit advertía ya en 2020 del poco interés que tienen los bancos en promocionar este tipo de cuentas, cuando no una sospechada intencionalidad en esconder su existencia, en lo que la economista llamaba “desequilibrio en la información que conoce cada una de las partes”.
“Son las entidades bancarias las que temen que quizá no vayan a ganar lo suficiente con las comisiones cobradas, o con otros servicios asociados a esta cuenta”, apuntaba entonces la economista para explicar la poca difusión de este instrumento contra la exclusión.
Este periódico ya constató en su día que los bancos exigen cada vez más vinculación a sus clientes para poder esquivar las comisiones en sus cuentas; esto es contratación de seguros, domiciliación de nóminas, préstamos, etc. Todo aquello que sustituya, en resumen, el negocio que suponen las crecientes comisiones.
Economistas Sin Fronteras realizó una prospección en entidades de diversos bancos mediante la técnica de mistery shoppers (camuflados de clientes) y determinó que “solo un 23% de las entidades colgaba la información [sobre la cuenta] en el tablón de anuncios”.
Además constataron que “ninguna entidad había desarrollado folletos u otros elementos de publicidad, más allá de los folletos legales, y en solo una sucursal el personal comercial había gestionado y abierto cuentas básicas”.
Sin poder retirar dinero en ventanilla de modo gratuito
Dos años más tarde, la situación parecía no haber cambiado, tal como denunciaba el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, que se quejó en febrero del año pasado de que “el Banco de España (BdE) se ha vuelto a posicionar del lado de la banca mediante una forzada interpretación de la normativa con la que pretende dar carta de legalidad a la práctica de negar la retirada de efectivo en ventanilla a los usuarios [de cuentas de pago básicas].
La Directiva 2014/92/UE de 23 de julio de 2014 establece que los usuarios de estas cuentas tienen derecho a sacar efectivo en las oficinas bancarias “en la ventanilla, o en los cajeros automáticos fuera del horario de apertura de la entidad de crédito”.
Según Sánchez, el gobierno de Rajoy eliminó el derecho a retirar el dinero en la ventanilla de modo gratuito al trasponer la directiva al Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, manteniéndolo solo cuando no hubiera la alternativa de un cajero automático, añadiendo así el problema de la exclusión digital.
La prospección de Asufin
Adicionalmente un nuevo estudio de la Asociiación de Usuarios Financieros (Asufin) mediante mistery shoppers ha revelado que el porcentaje de entidades que ofrecen directamente a sus futuros clientes la cuenta básica de pago apenas llega al 15%.
El estudio destaca que en el caso de colectivos declaradamente vulnerables “se ofrece la cuenta básica como primera opción” solo en un 38% de los casos, cuando está especialmente pensada para ellos. Si bien “cuando el usuario da a conocer su situación de vulnerabilidad (marcada por los ingresos en base al IPREM), este porcentaje se eleva al 80% de los casos”.
Además Asufin constata falta de información por parte de los empleados, ya que “en el 23% de los casos se omiten cuestiones importantes como que es gratuita para los colectivos vulnerables y que las condiciones para obtener esta bonificación se revisan cada dos años.”
El estudio también destaca que en el 66% de las ocasiones, en el caso de los jóvenes (que normalmente no tienen una cuenta bancaria y podría suponer un acceso cómodo y gratuito al sistema), se les ofrece la cuenta comercial como primera opción. Y lo mismo le sucede al 63% de las personas del colectivo inmigrante y al 53% de los trabajadores del hogar.
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