Han salido en tromba los más conspicuos representantes de la agroindustria contra la campaña, según ellos, orquestada quién sabe si por la masonería o la internacional ecolocomunista que no tiene otro fin que el de estigmatizar, criminalizar, vilipendiar y, finalmente, acabar con el “sufrido agricultor”. El tenor general de las declaraciones airadas de los portavoces agrarios es la queja por que “se señale directamente a los agricultores como responsables directos de lo sucedido», dicen.
Sin embargo, esta reacción colectiva y corporativista de los voceros de la agroindustria merece alguna reflexión y algunas precisiones. Para empezar, si la vox populi señala a la agroindustria no es porque la haya iluminado el espíritu santo, sino porque la gente no es tonta y sabe por muy diversas vías y conductos cuáles son las “prácticas agrarias” de las que habló la ministra Teresa Ribera “que tienen muy poco recorrido”.
Esa suave alusión de la encargada del ministerio de Transición Ecológica levantó ronchas entre los dirigentes agrarios de COAG, Proexport, ASAJA, Fecoam y demás. Pero la gente sabe porque se viene informando prolijamente desde hace tiempo, en primer lugar que el principal causante del desastre que padecemos en el Mar Menor son los vertidos de la agroindustria; y en segundo que esa causa se ve agravada por un sinnúmero de irregularidades e ilegalidades que se registran en torno a la actividad agroindustrial en el entorno del Mar Menor, esto es, en el Campo de Cartagena.
Y lo que era de dominio del común, vino a ser corroborado en diciembre de 2017 por el fiscal jefe Díaz Manzanera con su denuncia contra 37 personas y empresas agrícolas por la degradación del Mar Menor. Entre esos 37 que figuran en el escrito del ministerio público hay, además de políticos y funcionarios, 13 empresas agroindustriales. A saber: Agrícola Almazara s.l.; Agropecuaria La Cerca s.l.; Sociedad Cooperativa Copemoga; Agrícola Erica s.l.; Agrícola Palmasol s.l.; El Chincholero s.a.; Inagrup s.l.; Ciky Oro s.l; Vanda Agropecuaria s.l.; G`S España s.l.; GS España Internacional; Fortezza Rame s.l.; Insal Electricidad y Automáticos.
Así que si se aplicara el principio ecologista de “quien contamina paga” a quienes resultaran responsables, ya sabemos algunos a los que tocaría pechar con lo del Mar Menor. Esos mismos que, mientras no se demuestre lo contrario, son inocentes, pero están en el punto de mira judicial desde la denuncia de la Fiscalía.
También figuran en el escrito que en diciembre de 2017 Díaz Manzanera llevó al juzgado diez nombres de denunciados por los mismos hechos supuestamente delictivos y que son “agricultores”: Mariano Albaladejo Martínez; Aquilino Albaladejo Martínez; José Garre Garre; Juan Pedro López Reinaldos; Roque Madrid Pérez; Juan Marín Soto; Francisco Miguel Ruiz Almagro; Ángel Sánchez Fructuoso; Isidro Soto Pedreño; Bernardino Vidal Garre.
Otra tanda de inocentes mientras no se demuestre lo contrario también bajo escrutinio judicial. De manera que a los indignados representantes del Agro habría que explicarles que los supuestos responsables y, quién sabe, futuros acusados –– a los que conocen muy bien– tienen señas claras de identidad. Por tanto, nadie pretende “meter en el mismo saco” a todos los agricultores.
Lo malo es que a principios de abril pasado también supimos que el SEPRONA, continuando la investigación sobre vertidos al Mar Menor, tomó declaración a otros 45 agricultores y precintó 48 desalobradoras y 25 pozos, se supone que por operar ilegalmente. Se publicó entonces que uno de ellos era el presidente de COAG en Torre Pacheco, Juan Luis Sánchez. Y ahora se va sabiendo que la Fiscalía tiene intención de sumar esos nuevos 45 inocentes mientras no se demuestre lo contrario al procedimiento judicial que se incoa en el juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que dirige Ángel Garrote tras la reunificación del sumario, gracias al recurso interpuesto en su día por Ecologistas en Acción contra su “troceo” en sedes de Cartagena, Murcia y San Javier decretado por la juez Miriam Ruiz.
Y es lo que hay. Aunque, de momento, también hayamos conocido que la muerte de decenas de miles de peces y crustáceos en el Mar Menor no fue por un vertido agrícola, las acciones del Ministerio Público muestran que puede haber una buena parte –– no toda–– de la agroindustria involucrada en la contaminación de la laguna. No se criminaliza a ningún sector: se investigan judicialmente actos de posibles malhechores concretos. Nada más.
Otra cosa es que el tradicional poder e influencia del lobby agrario, favorecido y espoleado por las políticas del PP durante un cuarto de siglo, no soporte que algunos de sus miembros se vean obligados a dar explicaciones a la Justicia por prácticas habituales en el Campo de Cartagena. Cuestión de orgullo. ¿O de impunidad continuada? Cuando las barbas de tu vecino… Vale.
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