Cinco claves para entender el estallido social en Chile

El pulso que desde hace una semana mantiene entre los manifestantes y el Gobierno de Chile continúa en plena efervescencia. Este viernes a la madrugada el país cumplirá siete días bajo estado de emergencia y seis en toque de queda. Las últimas protestas han sido aún más masivas, especialmente el miércoles con la convocatoria de una huelga general muy concurrida, y han disminuido los incidentes y saqueos. No ocurre lo mismo con las denuncias contra la violencia y el abuso militar y policial, que sigue evidenciándose en un sinnúmero de denuncias. 

¿Cuál es el trasfondo real de la movilización?

Las primeras protestas empezaron hace 10 días, cuando los estudiantes de secundaria llamaron a no pagar el billete de metro en rechazo a un aumento de 30 pesos (4 céntimos de euro) anunciado por el Gobierno. “¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!”, fue la consigna de los jóvenes. Mucha gente respondió a ese llamado y el Ejecutivo envió a la policía a las estaciones donde la multitud saltaba el torno para llegar al andén. Según el doctor en Ciencia Política Hassan Akram, “el alza de precios del transporte público ha generado conflictos sociales de alta intensidad en distintos países de América Latina”. Como ejemplos cita el Caracazo de 1989 en Venezuela o las manifestaciones que tuvieron lugar en Ecuador unas semanas atrás. “El costo [del transporte] para las clases sociales más bajas puede llegar a ser hasta del 30% de su presupuesto mensual”, asegura.

Para la socióloga y experta en temas de seguridad y crimen de Universidad Santiago Chile, Lucía Dammert, la protesta “empezó con un tema puntual, pero después se estableció una mirada distinta de las relaciones sociales y políticas”. Los manifestantes expresan en la calle su hastío por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación; y el actual sistema de pensiones. “Fundamentalmente es un estallido contra la extrema desigualdad de Chile, donde el 1% toma más del 30% del ingreso nacional en comparación con la media de los países de la OCDE, que es de 15-20% máximo. Los privilegios de la élite chilena generan esta rabia”, sostiene Akram.

¿Quiénes son los que se manifiestan?

Si bien la movilización se ha convertido en un movimiento transversal, que aglutina personas de todas las edades y clases sociales, los principales protagonistas son los jóvenes, menores de 35 años. Una característica relevante es la ausencia de liderazgos del movimiento. “En general, en Chile, los liderazgos se han ido convirtiendo en vocerías. Eso habla de una construcción más horizontal. En este caso, el liderazgo no necesariamente generaría una reacción positiva por parte de la gente”, considera la socióloga. “No es un grupo específico ni un gremio particular y eso ha sobrepasado la clase política que no tiene con quién dialogar”, señala el politólogo. “Es mucho más difícil para el Gobierno desactivar un estallido de ese tipo cuando ha alcanzado masividad, y la izquierda tradicional no tiene capacidad de desactivarlo”, añade. 

Si bien las protestas son mayoritariamente pacíficas, se registran incidentes y saqueos. ¿A qué se debe?

Más allá de los enfrentamientos de pequeños grupos con la policía, la movilización ha implicado acciones como incendios y saqueos de grandes supermercados o cadenas farmacéuticas, pero también de locales que nada tienen que ver con el poder empresarial. Lucía Dammert cuenta que en el país sudamericano “hace muchos años que las movilizaciones o los partidos de fútbol terminan con situaciones de violencia”.

Aunque no se sorprende de que se exprese también ahora, destaca que “se da en un nivel más agresivo que hoy no tenemos capacidad de interpretar”. Hassan Akram considera que “las expresiones transgresoras de gente atacando símbolos del privilegio y la riqueza de las élites hablan de una rabia generalizada”, pero –a su parecer– eso “no mancha la movilización pacífica”. 

¿Cómo gestionan la crisis desde Gobierno y oposición?

Este viernes se cumple una semana del inicio del estallido. En ese tiempo, el presidente Sebastián Piñera se ha limitado a anunciar una “nueva agenda social” que incluye un aumento del salario mínimo y de las pensiones, la revocación del alza de la electricidad (anunciada hace unas semanas) y la reducción de las dietas de los parlamentarios, entre otros. Sin embargo, sus propuestas no han sido suficientes y la calle pide más. “La política está al debe en la gestión de esta crisis”, afirma Dammert.

Para ella, el Gobierno “azuzó el fuego” con declaraciones polémicas de algunos ministros. El titular de Economía, Andrés Fontaine, lanzó una polémica frase cuando se aprobó el alza del precio del metro: “El que madruga será ayudado (…) Alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Este jueves se disculpó públicamente por eso. Según la socióloga, el Ejecutivo “minimizó el reclamo ciudadano y demostró una falta de empatía total, cuyas consecuencias se ven hoy”. En relación a la oposición y a la clase política, opina que “se han visto fuera de juego porque la protesta no sólo repudia al Gobierno, sino también al establishment político en general”. 

¿Cómo se proyecta el escenario para los próximos días?

No hay claridad de cómo avanzará la crisis. La incertidumbre es evidente y es difícil pronosticar. Para este viernes se ha convocado una nueva marcha que se espera que vuelva a ser masiva. Pero no hay señales que permitan predecir hacia dónde va el Gobierno. “El nivel de movilización está bajando y esto puede tener que ver con que la gente está cansada porque llevan varios días en la calle, pero si no hay una respuesta concreta, en tres o cuatro días más podrían volver a salir”, señala Dammert. Hassan Akram apunta a un eventual cambio de gabinete presidencial para la próxima semana. Sin embargo, cree que si las reivindicaciones se alargan podrían llegar “cambios más drásticos”, como el retiro de los proyectos de ley que se están tramitando de pensiones –que no altera el modelo actual– o de la reforma tributaria que beneficia a los más ricos. Si se llegara al mes, incluso piensa que se podría plantear un cambio en la Constitución de 1980, creada en dictadura, a través de una Asamblea Constituyente.