El aborto entra en campaña

A lo largo de este año se ha recordado en múltiples ocasiones y se sigue y parece que se seguirá recordando en lo que queda de legislatura, que la renovación de los órganos constitucionales para la que se exige la mayoría cualificada de tres quintos por parte del Congreso de los Diputados y del Senado, se produce con normalidad cuando el PP está en el Gobierno, mientras que el proceso se entorpece e incluso se imposibilita cuando el PP está en la oposición.

Algo parecido ocurre con el aborto, que es un tema pacífico cuando el PP está en el Gobierno y que se convierte en un tema conflictivo cuando el PP está en la oposición y se prepara para intentar recuperarlo.

El aborto ha jugado un papel importante hasta la fecha en dos campañas electorales, la de 1996 y la de 2008. Da la impresión de que también va a jugarlo en la que tendrá que producirse a finales de este 2023, en que se agota la legislatura.

El PP nunca ha planteado la batalla de forma abierta desde la STC 53/1985, que resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad que diputados del PP interpusieron contra la reforma del Código Penal que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: violación, malformación del feto o peligro para la vida de la madre. El PP ha hecho suya la doctrina del Tribunal Constitucional en esta sentencia y ha intentado evitar que una mayoría parlamentaria encabezada por el PSOE fuera más allá de esta ley de supuestos sobre la que se pronunció el Tribunal Constitucional.

Lo ha hecho hasta el momento en dos procesos electorales como instrumento para intentar concentrar el voto de derecha e impulsar la abstención en el electorado de izquierda.

En la primera ocasión, en los meses previos a las elecciones generales de 1996, lo hizo de una manera abiertamente anticonstitucional. El Gobierno presidido por Felipe González remitió a las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, acordando que se tramitara por el procedimiento de urgencia, con la finalidad de que dicha regulación no quedara fuera del Código Penal que acababa de ser aprobado por las Cortes Generales.

Una vez aprobado por el Congreso de los Diputados, se dio traslado del mismo al Senado, en el que el PP tenía mayoría y cuya Mesa estaba presidida a la sazón por Alberto Ruiz-Gallardón. La Mesa acordó el 29 de noviembre de 1995 no admitir a trámite la declaración de urgencia del Gobierno. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 3 de marzo de 1996 enviaron el Proyecto de Ley al limbo.

Mediante la STC 234/2000 de 3 de octubre declararía anticonstitucional el acuerdo de la Mesa del Senado de no admitir a trámite la decisión del Consejo de Ministros de que se tramitara el proyecto de ley aprobado por el Congreso por el procedimiento de urgencia. Pero sin ningún efecto práctico. Habían pasado cuatro años. El PP consiguió su objetivo.

En las dos legislaturas con mayoría del PP, la de 1996/2000 y la 2000/2004, el aborto fue un tema pacífico. Curiosamente fue en esos años cuando se puso en práctica una interpretación abierta de la ley de supuestos vigente, que parecía que dejaba resuelto el tema de manera definitiva.

La derrota imprevista del PP en las elecciones de 2004 y la presidencia de José Luís Rodríguez Zapatero acabaría volviendo a dar protagonismo al aborto en campaña electoral en 2008.

El aborto se colaría en la campaña electoral de forma subrepticia. No sería el PP el que promovería dicho protagonismo, sino que sería la acción combinada de un capitán de la Guardia Civil y de una jueza de Madrid la que conduciría al registro de varias clínicas en las que se habían practicado operaciones de interrupción voluntaria del embarazo, generando una inseguridad enorme entre las mujeres que habían interrumpido el embarazo y entre el personal sanitario que había efectuado las interrupciones. También se extendió el registro a varias clínicas de Barcelona. Durante los meses previos a la jornada electoral de 2008 la información sobre las clínicas de Madrid y Barcelona ocupó un lugar destacado en los diferentes medios de comunicación.

Aunque el PP no protagonizó directamente la operación, es obvio que estuvo muy de acuerdo con ella y que hizo uso de la misma en la precampaña y en la campaña electoral.

En esta operación conjunta de un capitán de la Guardia Civil y de una jueza está el origen de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Aído, que reconoce por primera vez el derecho constitucional de la mujer embarazada a interrumpir el embarazo dentro de los plazos establecidos en la propia ley.

Contra dicha LO 2/2010 el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que todavía no ha sido resuelto. Parece que el recién elegido presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, tiene la intención de que el Tribunal Constitucional dicte sentencia próximamente. Sobre esta decisión del presidente, presentada como una señal de recuperación de prestigio por parte del Tribunal Constitucional, tendrá el lector mi opinión en esta misma semana.

El PP recuperaría el Gobierno de la nación en 2011 con una holgada mayoría absoluta. Podía haber retirado el recurso interpuesto o podía haber reformado la LO 2/2010. Pero no hizo ni una cosa ni la otra, llegando incluso a afrontar una crisis de gobierno: en 2014, Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, presentó un anteproyecto de reforma de la ley del aborto, argumentando que estaba en el programa del partido, pero, ante las protestas multitudinarias y las señales adversas de las encuestas, el presidente Rajoy frenó la iniciativa, lo que llevó al Gallardón a dimitir de su cargo. Mientras yo esté en el Gobierno, del aborto no se habla. Es un tema que solamente puede perjudicarme. Esa ha sido la posición de la dirección del PP.

Pero la pérdida del monopolio de la representación de la derecha española a partir de 2015 y, sobre todo, desde la irrupción de Vox en la escena política, ha vuelto a situar el aborto en la agenda electoral.

Esta vez tampoco de una manera frontal, sino de una manera oblicua, a través de la acción del Gobierno de coalición en Castilla y León, que ha puesto en circulación unas medidas que, en mi opinión, rozan la “tortura” y los “tratos inhumanos y degradantes” proscritos en el artículo 15 de la Constitución. Pienso que el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo deberían estar muy atentos a la forma en que se ejecuta la política anunciada por el vicepresidente del Gobierno.

Nuevamente en año electoral con el PP en la oposición en el Estado, el aborto vuelve a hacer acto de presencia. Pienso que la dirección del PP tal vez hubiera preferido que el tema no se situara en la agenda en un año electoral. Y menos de la forma en que se está haciendo. Pero ya se sabe que, cuando se siembran vientos, se recogen tempestades.

Vox es un partido tóxico, cuyo programa es una enmienda a la totalidad a la Constitución, aunque alardea de partido constitucionalista y pretende expulsar de la Constitución a quien no está de acuerdo con él. El PP sabrá lo que hace.

En todo caso, lo que resulta insoportable es que el PP no acepte que pueda haber normalidad constitucional si no ocupa el Gobierno de la Nación. Y en esas estamos.

 

A lo largo de este año se ha recordado en múltiples ocasiones y se sigue y parece que se seguirá recordando en lo que queda de legislatura, que la renovación de los órganos constitucionales para la que se exige la mayoría cualificada de tres quintos por parte del Congreso de los Diputados y del Senado, se produce con normalidad cuando el PP está en el Gobierno, mientras que el proceso se entorpece e incluso se imposibilita cuando el PP está en la oposición.

Algo parecido ocurre con el aborto, que es un tema pacífico cuando el PP está en el Gobierno y que se convierte en un tema conflictivo cuando el PP está en la oposición y se prepara para intentar recuperarlo.