CGPJ y amnistía: la ilusión europea del PP

No se acaba de entender cómo la dirección del PP ha buscado insistentemente la intervención de la Unión Europea en lo relativo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, primero, y a la aprobación de la ley de amnistía, después. 

Disponiendo de la evidencia empírica de la que disponían, era evidente que no cabía esperar que ningún órgano de la Unión Europea, ni de naturaleza política, como el Parlamento o como la Comisión, ni de naturaleza jurídica, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE), pudiera compartir su conducta respecto a ninguno de los dos asuntos. 

Desde que Carles Puigdemont fijó su residencia en Bélgica, el Tribunal Supremo, en el ámbito propio de la administración de justicia, y el PP, en el ámbito propio de la acción política, no han dejado de intentar que los órganos judiciales de la Unión Europea o de los Estados miembros o el Parlamento Europeo hayan compartido su posición respecto a la renovación, mejor dicho, no renovación del CGPJ, o respecto a la vulneración del derecho europeo por la proposición de ley de amnistía. 

Cada vez que ha salido de las fronteras del Estado español, el Supremo no ha conseguido convencer a ningún órgano judicial de la Unión o de los países miembros de la misma de que la orden de detención y entrega cursada contra Carles Puigdemont debía ser atendida. Aunque ningún órgano se lo ha dicho con todas las letras, parece razonable concluir de la lectura de todas las decisiones de los órganos que tenían que dar cumplimiento a la orden cursada por el juez instructor Pablo Llarena que ninguno consideraba que realmente se trataba de una persecución judicial legítima, sino que, disfrazada de persecución judicial, era una persecución política lo que realmente se estaba produciendo. Es lo que ha dicho la justicia suiza hace unos días, una vez que ha entrado en la escena el juez García Castellón con la pretensión de imputar a Carles Puigdemont y otros nacionalistas catalanes por el delito de terrorismo. 

Para intentar mantener la ficción de que el Estado español se estaba comportando como un auténtico Estado de Derecho, el PP necesitaba que no se produjera la renovación del CGPJ, ya que este órgano con la composición congruente con la mayoría absoluta del PP de 2011, y con la organización interna que fraguaron conjuntamente Alberto Ruiz Gallardón y Carlos Lesmes en 2013, era la garantía inexcusable de que el Estado Mayor del Poder Judicial español podría continuar actuando como lo venía haciendo sin control de ningún tipo. No se ha producido la renovación del CGPJ porque el PP no podía permitírselo.

Ahora bien, para eso resultaba imprescindible no salir de las fronteras españolas. De ahí que resultara sorprendente que el PP planteara al Gobierno de la nación que aceptara la mediación del Comisario de Justicia de la Unión Europea. Estoy convencido de que lo hizo pensando que el Gobierno la rechazaría. Una vez que esto no ha ocurrido, el PP se encuentra en una posición imposible, ya que su exigencia de que la renovación del CGPJ coincida con la firma de un pacto entre el PP y el PSOE que contenga un proyecto de ley regulador de la elección del CGPJ que atribuya a los jueces y magistrados la elección de los doce miembros del CGPJ de origen judicial no tiene posibilidad alguna de que sea hecha suya por el Comisario Europeo. Que se renueve el CGPJ y que se estudie a continuación la fórmula de su elección en las Cortes Generales: esta ha sido en todo momento la posición del comisario y esa seguirá siendo, porque no puede ser de otra manera. La Unión Europea, como he recordado en varias ocasiones, es una comunidad jurídica, en la que el Derecho se toma en serio. No valen las ocurrencias. El empeño que ha puesto el PP en hacer el ridículo no es fácil de entender.

Lo mismo le ha ocurrido en torno a la proposición de ley de amnistía. El intento de hacer uso de manera espuria de la Comisión de Venecia, que no es un órgano de la Unión Europea, pero que tiene un prestigio reconocido, con la finalidad de que emitiera una opinión contraria a la compatibilidad de la amnistía con el Derecho Europeo, tampoco lo ha llevado a ninguna parte. La amnistía es un asunto interno de cada Estado miembro y la proposición de ley que está siendo debatida en las Cortes Generales no está en contradicción con el Derecho Europeo. Tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que decida si está en contra o no de la Constitución. 

Ni apoyo del comisario de Justicia de la Unión Europea a su posición sobre la renovación del CGPJ, ni aval de la Comisión de Venecia a la incompatibilidad de la proposición de la ley de amnistía con el derecho europeo. 

Lo único que ha conseguido el PP es que tanto el Gobierno como Junts y ERC le tomen la palabra y hayan decidido convertir al Derecho Europeo en la referencia para la ley de amnistía en lo que al delito de terrorismo se refiere. Y esto es importante porque dificulta, por no decir que imposibilita, que el Supremo pueda elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE. 

El Derecho Europeo no es un obstáculo ni para la renovación del CGPJ, ni para la vigencia de la ley de amnistía. Todo lo contrario. Es una garantía para que se tenga que cumplir la Constitución Española. Esto es lo que ha conseguido el PP con su intento de llevar el debate más allá de nuestras fronteras.