Ya está bien de fraude constitucional

La renovación de los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del Defensor del Pueblo no ha dejado de ser nunca un problema desde la entrada en vigor de la Constitución. No lo ha sido siempre por igual. Cuando el PP está en el Gobierno, la renovación se produce con alguna dificultad, pero resulta manejable. Cuando el PP pasa a la oposición, la renovación resulta casi imposible. José María Aznar y Mariano Rajoy tuvieron alguna dificultad. Para José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez ha sido una tarea casi imposible. La renovación del TC y del CGPJ se convierten en “mini golpes de Estado”. Con protestas, además, de inconstitucionalidad y denuncias ante la Comisión Europea cuando se intenta encontrar una respuesta a los mismos.

Ha sido así cuando el PP monopolizaba la representación de toda la derecha española y sigue siendo así cuando tiene que compartir dicha representación con Vox y Ciudadanos. Se podría decir que cuanto más fragmentada está la derecha, menos incentivo tiene el PP para llegar a un acuerdo con la izquierda para la renovación de los órganos constitucionales que exigen la mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y el Senado. 

En consecuencia, no cabe esperar que lo que está ocurriendo con la renovación del actual CGPJ no se vaya a repetir en el futuro. O en el presente, ya que hay que renovar ya un tercio de los magistrados del TC y el Defensor del Pueblo. Y el TC tiene que resolver los recursos contra la sentencia del procés, de la misma manera que en 2010 un TC prorrogado tuvo que resolver el recurso contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

Por una vez la izquierda española debería imitar a la derecha y actuar “sin complejos”. Quiero decir que debería aprovechar la ocasión que le proporciona la desvergonzada conducta del PP para impedir la renovación del CGPJ y la incalificable ejecutoria de los miembros del CGPJ, que siguen actuando como si su mandato no hubiera caducado, para dar una respuesta de conjunto a la renovación de los tres órganos constitucionales que exigen esa mayoría cualificada.

Sería el momento de aprobar una Ley Orgánica de renovación de los órganos constitucionales, en la que se estableciera como Artículo Único: “Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo cesan el mismo día en que termina su mandato.”  

Este artículo único se incorporaría a las tres leyes orgánicas que regulan el TC, el CGPJ y el Defensor del Pueblo, poniendo fin a la discrecionalidad, que se ha convertido en arbitrariedad, del Congreso de los Diputados y el Senado para renovar tales órganos. Se tiene que poner fin al fraude constitucional al que reiteradamente estamos asistiendo.

Con ello se pondría fin, además, a todas las comparaciones con los gobiernos húngaro o polaco, a las que tan aficionado es el PP cuando está en la oposición. ¿Qué vulneración del Estado de Derecho se podría reprochar a la exigencia de que quienes ocupan un lugar en el TC, en el CGPJ o en la Defensoría  del Pueblo, dejen de ocuparlo cuando ha transcurrido el plazo establecido en la Constitución? ¿Se atrevería el PP a recurrir dicha Ley Orgánica por anticonstitucional?

La izquierda española no debería consentir ni un minuto más que el PP convierta en una “crisis de Estado” la renovación de los órganos constitucionales cuando se encuentra en la oposición. Los artículos de la Constitución en los que se fijan los plazos para la renovación de tales órganos tienen la misma fuerza normativa que todos los demás. Los plazos no pueden estirarse ni encogerse. Son los que son y tienen que ser respetados. 

No debería ser necesario imponerlo de manera expresa, pero, visto lo visto, pienso que resulta imprescindible hacerlo. Tolerar la chulería y la desvergüenza no es una opción. Ya está bien de fraude constitucional.

La renovación de los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la del Defensor del Pueblo no ha dejado de ser nunca un problema desde la entrada en vigor de la Constitución. No lo ha sido siempre por igual. Cuando el PP está en el Gobierno, la renovación se produce con alguna dificultad, pero resulta manejable. Cuando el PP pasa a la oposición, la renovación resulta casi imposible. José María Aznar y Mariano Rajoy tuvieron alguna dificultad. Para José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez ha sido una tarea casi imposible. La renovación del TC y del CGPJ se convierten en “mini golpes de Estado”. Con protestas, además, de inconstitucionalidad y denuncias ante la Comisión Europea cuando se intenta encontrar una respuesta a los mismos.

Ha sido así cuando el PP monopolizaba la representación de toda la derecha española y sigue siendo así cuando tiene que compartir dicha representación con Vox y Ciudadanos. Se podría decir que cuanto más fragmentada está la derecha, menos incentivo tiene el PP para llegar a un acuerdo con la izquierda para la renovación de los órganos constitucionales que exigen la mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y el Senado.