Un homenaje vergonzante

Mientras los partidos que han gestionado el sistema político que tuvo su origen en la Transición, PSOE y PP, no estén dispuestos a reformar la ley de secretos oficiales de 1968 y permitir que se tenga acceso a toda la documentación relativa al 23F, celebrar actos como el que ha tenido lugar este pasado martes resulta contraproducente.

La monarquía española tiene un problema de credibilidad inocultable. El origen del problema está en la ejecutoria de don Juan Carlos durante su reinado. La credibilidad de la institución no ha sido asaltada desde fuera, sino que ha sido torpedeada desde dentro. Ha sido la propia Casa Real, con Felipe VI al frente de la misma, la que emitió un comunicado el día en que entró en vigor el primer decreto de estado de alarma, en el que levantó sospechas sobre la conducta de su padre. Nadie en España ha puesto en cuestión la honorabilidad de don Juan Carlos con la intensidad con que lo ha hecho su hijo. El comunicado de la Casa Real sobre las operaciones financieras del rey emérito es el equivalente del anuncio de la puesta en venta de Génova 13 por parte de Pablo Casado. Es la confesión de una trayectoria marcada por la corrupción.

Hasta el momento, el 23F había quedado fuera de cualquier tipo de sospecha acerca de la conducta en el mismo de don Juan Carlos I de Borbón. Se había publicado algún que otro libro o algún que otro artículo, en los que se ponía en duda que la conducta del rey ese día fuera tan inmaculada como se la había presentado a la opinión pública tanto española como internacional. Pero la figura de don Juan Carlos respecto al golpe de Estado se mantenía en este punto prácticamente incólume.

Desde la celebración del cuarenta aniversario del 23F de la forma en que se ha producido en el Congreso de los Diputados, ya no va a poder seguir siendo así. Nadie con relevancia en el país había considerado que la conducta del Rey Juan Carlos I respecto del golpe de Estado del 23F de 1981 era materia susceptible de ser sometida a investigación. No había nada que investigar. Me temo que no va a ser así de ahora en adelante.

Desconozco de quién ha sido la idea de la celebración del acto. Y de hacerlo con el formato con que se ha realizado. Formalmente ha sido un acto de celebración del triunfo de la democracia sobre el golpe de Estado. Materialmente ha sido un homenaje vergonzante a don Juan Carlos por su intervención en ese día.

¿No se le ha ocurrido a nadie que, con una celebración como la que se ha hecho, se está dando pie para que se solicite una reforma de la ley de secretos oficiales y se tenga acceso a la documentación sobre el 23F? ¿Están tan seguros los organizadores del acto de que la conducta del rey ese día no se vería afectada por el conocimiento de la documentación clasificada como secreta? ¿Qué van a hacer el Gobierno y el Congreso de los Diputados si se solicita una reforma de la ley para tener un conocimiento más exacto de lo que ocurrió el 23F y de la conducta del rey respecto del mismo?

En mi opinión, el homenaje disimulado pero nada encubierto que se le ha tributado a don Juan Carlos este pasado martes ha sido un error. Y un error no menor. Se le ha podido tributar de la forma en que se ha hecho porque respecto del 23F se sabe lo que se sabe o, dicho de otra manera, porque todavía está clasificada como secreta información respecto de lo que ocurrió ese día.

Lo último que necesita don Juan Carlos en particular, y la monarquía en general, es que se solicite una investigación sobre el 23F. La conducta del rey Juan Carlos ese día era un “activo” de la institución monárquica. ¿Podrá continuar siéndolo si se tiene acceso a la documentación clasificada? ¿O si se rechaza toda solicitud de reforma de la ley para tener acceso a ella?

El acto de este pasado martes ha sido un homenaje vergonzante, que únicamente se ha podido celebrar por el déficit de información que existe sobre el 23F. Tengo la impresión de que no ha sido de utilidad para mejorar ni la imagen de don Juan Carlos ni la de la institución monárquica.

Mientras los partidos que han gestionado el sistema político que tuvo su origen en la Transición, PSOE y PP, no estén dispuestos a reformar la ley de secretos oficiales de 1968 y permitir que se tenga acceso a toda la documentación relativa al 23F, celebrar actos como el que ha tenido lugar este pasado martes resulta contraproducente.

La monarquía española tiene un problema de credibilidad inocultable. El origen del problema está en la ejecutoria de don Juan Carlos durante su reinado. La credibilidad de la institución no ha sido asaltada desde fuera, sino que ha sido torpedeada desde dentro. Ha sido la propia Casa Real, con Felipe VI al frente de la misma, la que emitió un comunicado el día en que entró en vigor el primer decreto de estado de alarma, en el que levantó sospechas sobre la conducta de su padre. Nadie en España ha puesto en cuestión la honorabilidad de don Juan Carlos con la intensidad con que lo ha hecho su hijo. El comunicado de la Casa Real sobre las operaciones financieras del rey emérito es el equivalente del anuncio de la puesta en venta de Génova 13 por parte de Pablo Casado. Es la confesión de una trayectoria marcada por la corrupción.