¿Qué ha podido querer decir Pedro Sánchez?

No cabe duda de que el intento nacionalista de constituir Catalunya como un Estado independiente se saldó con un fracaso. Los propios partidos nacionalistas lo reconocieron participando en las elecciones autonómicas catalanas el 20 de diciembre de 2017 convocadas no por el president de la Generalitat, sino por el presidente del Gobierno de España. Han participado después en las elecciones generales del 28 de abril así como en las municipales y europeas del 26 de mayo de 2019, todas ellas celebradas simultáneamente en todos los territorios integrados en el Estado español.

¿Qué ha podido querer decir Pedro Sánchez al urgir al nacionalismo catalán a que “reconozca su fracaso”? ¿No considera suficiente reconocimiento no solamente esta participación electoral, sino la participación en la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del Gobierno? ¿Se ha olvidado Pedro Sánchez de que sin el nacionalismo catalán no hubiera sido presidente? ¿Y que dicha participación se produjo tras la aplicación del artículo 155 y con los dirigentes nacionalistas en el exilio o en prisión?¿Está exigiéndoles que dejen de ser nacionalistas?

La convivencia del nacionalismo español con cualquier otro nacionalismo en general, pero sobre todo, con el nacionalismo catalán en particular no ha sido fácil. Esa difícil convivencia ha marcado la historia constitucional de España. Desde 1812 hasta 1931 el nacionalismo español es el único que ha tenido reconocimiento constitucional. Vinculado siempre a la monarquía y subordinado durante la mayor parte del periodo al principio monárquico-constitucional como fuente de legitimidad del sistema político, que no fue, justamente por ello, un Estado constitucional, sino una monarquía constitucional. De ahí que las constituciones españolas desde la de 1812 en adelante se promulgaran como “Constitución de la Monarquía Española”. No del Estado o de la Nación, sino de la monarquía. Solo nacionalismo español, pero un nacionalismo debilitado, subordinado a la institución monárquica.

A partir de 1931, el nacionalismo español sigue siendo el único reconocido constitucionalmente, pero con dos singularidades que lo diferencian del reconocido anteriormente desde 1812.

En primer lugar, el pueblo español, la nación española, se convierte en la única fuente de legitimidad del Estado, que ahora sí es un Estado Constitucional democrático. Las constituciones dejan de ser de la Monarquía Española. Sin monarquía en la fórmula de gobierno en la Constitución de 1931. Con monarquía en la de la Constitución de 1978. Con una negación de la democracia entre ambas durante el Régimen nacido de la Guerra Civil. /p>

En segundo lugar, aunque los demás nacionalismos hispánicos no obtienen reconocimiento en la Constitución, sí condicionan la estructura del Estado, que deja de ser la de un Estado unitario y centralista, para convertirse en un Estado políticamente descentralizado, “integral” en 1931, “autonómico” en 1978. El nacionalismo catalán ha sido la clave en dicho proceso de descentralización política del Estado.

El nacionalismo español solo ha tenido consistencia para servir de fundamento a un Estado Constitucional cuando ha tenido que convivir con los otros nacionalismos hispánicos en general y, sobre todo, con el nacionalismo catalán. La hegemonía del nacionalismo español sobre los demás ha sido indiscutible, pero sin el reconocimiento constitucional de las “regiones” (1931) o las “nacionalidades y regiones” (1978), no ha podido expresarse de manera democrática.

La democracia en España ha sido el resultado de la confluencia del nacionalismo español con otros nacionalismos, especialmente con el nacionalismo catalán y también, aunque en menor medida, con el vasco. Nunca podremos saber si la democracia se hubiera podido imponer en España sin dicha confluencia, con base exclusivamente en el nacionalismo español, pero el hecho acreditado es que las dos únicas experiencias democráticas se han producido a partir de dicha confluencia.

El fracaso de la democracia es el fracaso de la confluencia del nacionalismo español con los demás nacionalismos hispánicos. Esto es lo que nos estamos jugando casi desde el comienzo del siglo XXI, con el Plan Ibarretxe en un primer momento y con la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya después. El reto del Plan Ibarretxe se pudo superar sin quiebra constitucional. El de la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya no ha sido posible. El Tribunal Constitucional, con su sentencia sobre el Estatuto, quebró el pacto constituyente, que exigía el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales más el referéndum de los ciudadanos de la nacionalidad catalana para la aprobación y reforma del Estatuto. Desautorizó con dicha sentencia el pacto entre los dos parlamentos y desconoció el resultado del referéndum. Contra esta quiebra del bloque de la constitucionalidad se ha estado rebelando pacíficamente el nacionalismo catalán de manera ininterrumpida. La respuesta del Estado ha sido la callada por respuesta primero y la aplicación del 155 después de forma que doy conocida por los lectores.

El interrogante se impone: ¿estamos ante un fracaso del nacionalismo catalán exclusivamente o ante un fracaso también del nacionalismo español? ¿Se puede gobernar democráticamente España criminalizando al nacionalismo catalán?