El precedente de 2008

El 9 de marzo de 2008 estaban convocados los ciudadanos a participar en elecciones generales. En la primera quincena de enero de dicho año, un juez de instrucción de Madrid con base en un informe de un capitán del Seprona (Guardia Civil) puso en marcha una operación contra la Clínica Isadora, en la que se habían practicado operaciones de interrupción de embarazo. Casi simultáneamente se iniciaron también investigaciones sobre clínicas de Barcelona por el mismo motivo.

En prácticamente todos los medios de comunicación fue noticia destacada desde el 12 de enero en adelante. He comprobado la información aparecida en esos días en El País, La Vanguardia y El Mundo. Las elecciones ya estaban convocadas, aunque la campaña electoral stricto sensu todavía no había empezado. Se puede decir que el juez y el capitán de la Guardia Civil dieron el pistoletazo de salida.

La operación se tradujo en una invasión sin precedentes de la intimidad de las mujeres que habían interrumpido el embarazo en años anteriores y generó una inseguridad notable en el personal médico que había intervenido en dichas operaciones. Recomiendo al lector que lea como botón de muestra la información que publicó El PAIS el 12 de enero con el titular “La persecución del aborto lleva a 25 mujeres ante el juez”. Los detalles que la información proporciona son de lo más elocuentes.

En 2008, el aborto había dejado de ser un tema de actualidad en España. La Ley de Supuestos de 1985 no era una buena ley, en la medida en que no consideraba la interrupción del embarazo como un derecho constitucional de la mujer embarazada, sino que lo consideraba siempre un acto antijurídico, aunque susceptible de ser exonerado de responsabilidad penal en determinados supuestos: violación, malformación del feto y peligro para la vida de la madre.

Con dicha Ley, sin embargo, se impuso una práctica que condujo a que la interrupción del embarazo dejara de ser un problema para la sociedad española. Los Barómetros del CIS no dejan lugar a dudas. La interrupción del embarazo había dejado de ser desde hacía muchos años una preocupación para los ciudadanos. Únicamente grupos integristas católicos muy minoritarios la veían como un problema.

Con la colaboración de un capitán de la Guardia Civil y un juez de Instrucción, uno de estos grupos minoritarios consiguió convertir el aborto en un tema central en medio de la campaña electoral más disputada, junto con la de 1996, de todas las que se habían celebrado desde la primera constitucional de 1979. El diseño del ataque a la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero no podía ser más claro.

La actuación del capitán y del juez generó una inseguridad extraordinaria de manera directa en las mujeres que habían interrumpido el embarazo hasta ese momento así como en los equipos médicos que habían practicado las operaciones. Afectó asimismo a las clínicas en las que se habían practicado las operaciones directamente y de forma indirecta a todas las demás. A partir de ese momento se hizo visible la situación de inseguridad en que la Ley de Supuestos de 1985 dejaba a cualquier mujer respecto de la decisión que pudiera tomar en el momento en que se quedara embarazada. Ninguna podía sentirse segura, ya que bastaba la combinación de un grupo ultra, un oficial de las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado y un juez de instrucción, para poder ser objeto de persecución judicial.

La ansiedad de las mujeres investigadas, de los profesionales y de los propietarios de las clínicas fue considerable, aunque al final no se llegó a someter a juicio a ninguno de ellos.

En dicha operación “electoral” respecto de la interrupción del embarazo está el origen de la Ley de Plazos de 2010. Visto lo visto, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que no llevó en su programa electoral de 2008 la Ley de Plazos, entendió que la aprobación de la misma era una una exigencia insoslayable.

Lo que hicieron el capitán de la Guardia Civil y el juez de Instrucción en 2008 es lo que han hecho en 2020 un teniente coronel de la Guardia Civil y una jueza de Instrucción en relación en esta ocasión con la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo. Han aprovechado una denuncia “estrambótica” de un personaje poco claro, para poner en marcha de una manera magistralmente descrita por José Antonio Martín Pallín en “El dedo y la luna”, una investigación incalificable en términos jurídicos, con la finalidad de dar aire a una estrategia política de “reventar” la legislatura y acabar con el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.

El aborto en 2008. La manifestación del 8 de marzo en 2020. No es casualidad que el antifeminismo esté siempre presente. La igualdad de la mujer es la frontera del constitucionalismo democrático del siglo XXI. No debería serlo, porque debería estar resuelta desde hace mucho tiempo. Pero no es así. Personajes como los que intervinieron en 2008 y como los que lo acaban de hacer en 2020 nos lo recuerdan.

“No hay dos sin tres”, dice el refrán. Ni el Gobierno en primer lugar, ni los partidos y ciudadanos democráticos a continuación deberíamos olvidarlo. Los próximos meses van a ser decisivos.

El 9 de marzo de 2008 estaban convocados los ciudadanos a participar en elecciones generales. En la primera quincena de enero de dicho año, un juez de instrucción de Madrid con base en un informe de un capitán del Seprona (Guardia Civil) puso en marcha una operación contra la Clínica Isadora, en la que se habían practicado operaciones de interrupción de embarazo. Casi simultáneamente se iniciaron también investigaciones sobre clínicas de Barcelona por el mismo motivo.

En prácticamente todos los medios de comunicación fue noticia destacada desde el 12 de enero en adelante. He comprobado la información aparecida en esos días en El País, La Vanguardia y El Mundo. Las elecciones ya estaban convocadas, aunque la campaña electoral stricto sensu todavía no había empezado. Se puede decir que el juez y el capitán de la Guardia Civil dieron el pistoletazo de salida.