La segunda Restauración se enfrenta a su primera crisis

El rey Felipe VI contribuyó de manera decisiva con su discurso televisado del 3 de octubre de 2017 a intensificar la polarización política. En Catalunya y en el resto del Estado. Es obvio que la polarización no empezó ese día pero también lo es, al menos para mí, que la intervención del rey le dio una dimensión que hasta ese momento no tenía.

En los días 6 y 7 de septiembre se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica por el Parlament. El 20 tuvo lugar la concentración ante la Conselleria de Economia. Y el 1 de octubre se celebró el referéndum con los incidentes sobradamente conocidos. Todos ellos supusieron un desafío al Estado español definido en la Constitución. Pero era un desafío perfectamente manejable por los órganos constitucionales de Estado: singularmente por el Gobierno y el Tribunal Constitucional (TC). En ningún momento la acción de los nacionalistas catalanes puso en riesgo la integridad territorial del Estado ni afectó al funcionamiento regular de los poderes públicos.

En Catalunya no llegó a producirse ni una “crisis de orden público”, para la que está previsto el “Estado de excepción”, ni una “crisis de Estado”, para la que está prevista el “Estado de sitio” (art. 116 CE). El Estado español demostró que tenía consistencia suficiente para enfrentarse al desafío independentista sin tener que recurrir a ninguno de los institutos previstos para circunstancias excepcionales. Podía responder desde la normalidad al desafío. Declarando anticonstitucionales y dejando sin vigencia todas las medidas adoptadas en el interior y consiguiendo en el exterior que ningún Estado diera reconocimiento a la pretensión independentista.

No se entiende por qué el rey consideró que era necesaria su intervención. No se había producido ninguna ruptura de la Constitución o del Estatuto de Autonomía que estuviera en vigor, que hubiera estado en vigor ni un solo día, porque todas las medidas aprobadas fueron suspendidas por el TC en el mismo momento de su aprobación. No hubo, pues, ruptura del ordenamiento constitucional que llegara a estar en vigor. No se habían producido tampoco alteraciones que hicieran imposible la convivencia ciudadana. Se podían poner en marcha, en consecuencia, las actuaciones judiciales que fueran necesarias para exigir las responsabilidades pertinentes por las conductas antijurídicas que se habían producido. Desde el punto de vista político, era suficiente con la acción del Gobierno de la Nación. Desde el punto de vista constitucional, con la acción del TC. Y desde el punto de vista de la exigencia de responsabilidades penales, con la actuación de los Tribunales de Justicia radicados en Catalunya. La intervención del rey no añadía nada, absolutamente nada, a la respuesta por parte del Estado al desafío nacionalista ni desde la perspectiva político-constitucional, ni desde la de la exigencia de responsabilidades penales.

Lo único que podía conseguir con su intervención el rey era darle una dimensión al desafío nacionalista que hasta ese momento no tenía. Fue la intervención del rey lo que convirtió una crisis política territorialmente limitada en una crisis de Estado, dificultando con ello poder encontrar una salida a la misma.

Las consecuencias de la intervención del rey el 3 de octubre de 2017 han sido variadas:

Primera: Convirtió a la monarquía de manera expresa en la diana de todo el nacionalismo catalán, con la posibilidad de que se viera acompañado por los nacionalismos de las otras dos nacionalidades e incluso por parte de la población no nacionalista pero sí catalanista en Catalunya y de población no nacionalista, pero sí no monárquica o antimonárquica en el resto del Estado. Las ausencias el pasado lunes en el discurso del rey de apertura de la legislatura es un buen botón de muestra. Así como también lo fue la presencia de numerosos diputados y senadores que no aplaudieron el discurso del rey.

Segunda: Acentuó todavía más la tendencia a la baja de los partidos de gobierno de España en el tablero electoral catalán. De todos, incluidos los de izquierda, PSC-PSOE y En Comú Podem, pero sobre todo de los de derecha, en especial el más importante de todos, el PP, que ha pasado a ser un partido marginal en las elecciones catalanas y casi extraparlamentario en las elecciones generales. Este efecto se proyectó, corregido y aumentado, en el País Vasco.

Tercera: Cimentó una mayoría nacionalista en todas las consultas: municipales, autonómicas, generales e incluso europeas. Nunca ha habido tantos diputados nacionalistas catalanes en el Congreso como en las dos últimas elecciones. Nunca ha habido tantos nacionalistas catalanes en el Parlamento Europeo. Lo mismo ha ocurrido en el País Vasco.

Cuarta: Los partidos nacionalistas, dado el número de escaños que acumulan en el Congreso de los Diputados, son más imprescindibles de lo que lo han sido nunca antes para la investidura del presidente del Gobierno, haciendo muy difícil, por no decir imposible, la investidura de un presidente del PP. De ahí que el PP no tenga otra estrategia que la de torpedear la formación de Gobierno.

Quinta: La posición marginal de los partidos de la derecha española en Catalunya y País Vasco les ha conducido a una estrategia antinacionalista radical en las dos nacionalidades en la que ocupa un lugar de primer orden la intervención del poder judicial “lato sensu”. No solamente los Tribunales de Justicia propiamente dichos, con participación muy destacada de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, sino también el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central. Y por supuesto, la Fiscalía, que está escarbando metro a metro para ver donde encuentra una excusa para acusar a políticos nacionalistas.

La monarquía ha quedado emparedada entre un rechazo frontal de los partidos nacionalistas y el intento de apropiación de la institución por los tres partidos de las derechas españolas. La ausencia de los nacionalistas en el discurso del rey del pasado lunes con lectura de manifiesto incluido frente al aplauso prolongado de cuatro minutos y los gritos finales desde la bancada del las derechas lo dice todo. El PSOE, Unidas Podemos y el PNV están intentando que se pueda salir de esa situación de emparedamiento, ya que, de lo contrario, no será posible que España pueda tener una Constitución Territorial operativa. De que se consiga esto último va a depender la supervivencia del sistema político español con su Monarquía restaurada.

Este va a ser el eje en torno al cual va a girar la legislatura que acaba de empezar. A pesar de los esfuerzos que se están haciendo por dejar la Monarquía fuera del enfrentamiento político, me temo que ya no va a ser posible. Una vez que el rey decidió participar el 3 de octubre, ya no puede quedar fuera. Ha ligado su destino a la respuesta que se pueda pactar para tener una Constitución Territorial que sea aceptable en el conjunto de las “nacionalidades y regiones que integran España”.

Es importante que el rey se mantenga en la rectificación que ha iniciado con sus dos últimos discursos. Es la única manera en la que puede contribuir a que se pueda llegar a alcanzar el pacto de naturaleza constitucional que España necesita y del que depende la supervivencia de la institución monárquica.

Crucemos los dedos.