La comunidad internacional frente a los crímenes de Israel

Probablemente la razón principal por la cual Palestina continúa bajo ocupación es la negativa de la comunidad internacional a tomar acciones claras en contra de las violaciones israelíes. El bloqueo de Gaza, el Muro y las colonias en Cisjordania, las demoliciones de hogares, las deportaciones y otros atropellos se han mantenido durante décadas debido principalmente a la impunidad de que Israel ha podido gozar. Conceptos tales como “responsabilidad internacional”, o la mera “responsabilidad de proteger”, son motivo para la acción o, al menos, el debate entre las naciones. Pero simplemente se olvidan cuando se habla de Palestina.

Basta con ver la actitud de la Unión Europea y la de sus respectivos Estados miembros. Todos los comunicados sobre la situación en Palestina terminan con un párrafo llamando a las partes a negociar, como si el “proceso de paz” exonerase de toda la responsabilidad de actuar a la comunidad internacional. Bajo el mismo paradigma, y mientras las bombas continuaban cayendo sobre Gaza, la UE decidió abstenerse de votar a favor de una comisión investigadora de las violaciones contra el derecho internacional cometidas por Israel en la Palestina ocupada. Si bien la introducción de las pautas sobre las colonias israelíes (que, en teoría, prohíbe que las instituciones vinculadas a la ocupación se beneficien de la cooperación con la UE) fue un buen primer paso, constituye, sin duda, una aportación minúscula comparada con lo que Europa puede y debe hacer.

De hecho, el silencio de muchos gobiernos al comienzo de la agresión israelí contra Gaza, así como el reconocimiento del “derecho a Israel de defenderse” (probablemente sea la primera vez que se reconoce a una potencia ocupante el derecho a “defenderse” de una población ocupada), fueron la luz verde que el gobierno israelí utilizó para expandir su agresión. Algunas acciones emprendidas, como la suspensión de la venta de armas por parte de España, son importantes, pero tardías, pues la utilización de material de guerra en contra de población civil no es una práctica nueva para Israel, sino que está enraizada en su política de castigos colectivos más conocida como “Dahiya.”

Contraria a la fría y complaciente actitud europea, la reacción de la mayoría de los países latinoamericanos frente a la agresión israelí provocó ciertos escalofríos a los agentes de Israel en esa zona. Por ejemplo, una columna de opinión de Andrés Oppenheimer publicada en El País criticaba airadamente la decisión de Brasil de llamar a consultas a su embajador frente a Tel Aviv debido a los crímenes cometidos por Israel. Para justificar su argumento, esta vez en el Miami Herald, hablaba de los informes de Human Rights Watch sobre Venezuela y el hecho de que Brasil no haya retirado a su embajador. Pero HRW nunca acusó a Venezuela por crímenes de guerra ni llamó al Tribunal Penal Internacional a tomar cartas en el asunto como lo ha hecho por los crímenes israelíes, algo que el Sr. Oppenheimer simplemente omitió. Fue justo un día después de su desesperado intento por salvar la imagen de Israel en Latinoamérica que Chile, Perú y El Salvador tomaron el mismo camino, sumándose tanto a Brasil como a Ecuador y Venezuela, que ya había cerrado su embajada en 2009. Bolivia canceló un acuerdo de exención de visas con Israel, Uruguay ha de abrir su embajada muy pronto ante el Estado de Palestina y Argentina amenazó a Israel con graves consecuencias para sus relaciones bilaterales si las amenazas de ataque contra la zona de la Iglesia Católica de Gaza, que alberga a casi 1000 refugiados bajo la protección del sacerdote argentino Jorge Hernández, se llegan a materializar. En definitiva, para Oppenheimer y los que piensan como él, solamente Colombia y Paraguay pueden servir como ejemplo del “bien” en Sudamérica.

Palestina se encuentra en una fase muy avanzada en pos de su admisión en el Tribunal Penal Internacional. Cuando ciertos países europeos se enteraron de las consultas que el gobierno del Presidente Abbas estaba realizando para acceder al TPI, no pocos se han acercado para pedir que Palestina no continúe por esa senda. Después de fallar miserablemente en la misión de proteger a la población palestina en Gaza, al no tomar ninguna medida punitiva a tiempo contra la agresión israelí, se le pide a Palestina que no ingrese al TPI para no perjudicar un “retorno al proceso de paz”. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Simplemente que el proceso de paz sirve a ciertos países como una forma de zafarse de su propia responsabilidad. Personalmente, no tengo nada en contra de las negociaciones como un método de resolución de conflictos, pero sí soy contrario a las negociaciones que busquen impulsar la impunidad de Israel. Las sanciones contra las violaciones israelíes no deben relacionarse con las negociaciones, ya que son dos aspectos distintos. El único escenario que permitiría solicitar a Palestina demorar su ingreso en el TPI supone la retirada por parte de Israel de todas sus fuerzas militares y colonias sobre territorio ocupado, algo que, sin lugar a dudas, no sucederá en el corto plazo. Lo mejor que esos países europeos podrían decirle a Israel en estos momentos es la siguiente frase, pronunciada por Saeb Erekat: “los que tienen temor a los tribunales, que dejen de cometer crímenes”.

El 2002, la Liga Árabe presentó su plan de paz “Iniciativa de Paz Árabe”, donde, a cambio de un retiro israelí a la frontera de 1967 (concediendo a Israel el 78% de la Palestina histórica) y una solución justa y acordada entre las partes, basada en la resolución 194 de la ONU, al tema de los refugiados palestinos, toda la Liga Árabe y la Conferencia Islámica establecerían relaciones diplomáticas con Israel, normalizando las relaciones de los 57 países de la región. Desde esa fecha, la población de colonos se ha incrementado prácticamente en más de 150.000 y el número de desplazados y muertos palestinos se ha multiplicado. El gobierno israelí, que rechaza airadamente la solución de dos Estados (mi amigo Daniel Jadue diría que Israel debe juzgarse “por lo que hace, no por lo que dice”), está condenando a toda una región a la violencia.

Durante todos esos años, la UE continuó con su Acuerdo de Asociación con Israel, que consolida a Europa como el principal socio comercial de Israel. El artículo 2 de ese acuerdo establece que “las relaciones entre las partes (…) estarán basadas en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos (…) que constituye un elemento esencial de este acuerdo”. ¿No ha llegado la hora de que la UE revise su acuerdo? Ya que se entiende que es difícil lograr consensos en Bruselas (a menos que sea para abstenerse de enviar una misión de expertos a investigar crímenes de guerra israelíes), hay una serie de iniciativas que cada país puede y debe tomar si es que quiere promover el respeto al derecho internacional y salvar la solución de dos Estados. He aquí algunas ideas: prohibir los productos de colonias israelíes, exigir visas a los colonos israelíes, investigar a ciudadanos europeos involucrados en la ejecución de crímenes de guerra, ilegalizar las organizaciones que financian colonias y, por último, condicionar las relaciones con Israel a su cumplimiento de las resoluciones internacionales.

Es hora de que a los palestinos y a los israelíes se les trate como al resto y no como a inferiores o superiores. La falta de acción internacional incentiva al gobierno israelí a continuar con sus violaciones al mismo tiempo que resta esperanza a todos quienes confiamos en que sea el derecho, y no la violencia, lo que permita a Palestina recuperar los derechos sobre su tierra. Cada país debe asumir su cuota de responsabilidad.

Probablemente la razón principal por la cual Palestina continúa bajo ocupación es la negativa de la comunidad internacional a tomar acciones claras en contra de las violaciones israelíes. El bloqueo de Gaza, el Muro y las colonias en Cisjordania, las demoliciones de hogares, las deportaciones y otros atropellos se han mantenido durante décadas debido principalmente a la impunidad de que Israel ha podido gozar. Conceptos tales como “responsabilidad internacional”, o la mera “responsabilidad de proteger”, son motivo para la acción o, al menos, el debate entre las naciones. Pero simplemente se olvidan cuando se habla de Palestina.

Basta con ver la actitud de la Unión Europea y la de sus respectivos Estados miembros. Todos los comunicados sobre la situación en Palestina terminan con un párrafo llamando a las partes a negociar, como si el “proceso de paz” exonerase de toda la responsabilidad de actuar a la comunidad internacional. Bajo el mismo paradigma, y mientras las bombas continuaban cayendo sobre Gaza, la UE decidió abstenerse de votar a favor de una comisión investigadora de las violaciones contra el derecho internacional cometidas por Israel en la Palestina ocupada. Si bien la introducción de las pautas sobre las colonias israelíes (que, en teoría, prohíbe que las instituciones vinculadas a la ocupación se beneficien de la cooperación con la UE) fue un buen primer paso, constituye, sin duda, una aportación minúscula comparada con lo que Europa puede y debe hacer.