¿Entre titiriteros y trileros anda la cosa?

La detención de dos titiriteros por exhibir en un espectáculo un cartel que decía “GORA ALKA ETA” no sólo me sorprende sino que, sobre todo, me alarma por el carácter represivo que tal actuación implica; es inaceptable, desde la perspectiva de lo que debe ser un Estado Democrático y de Derecho la criminalización de la sátira política y, especialmente, cuando la misma cuidadamente no dice lo que la gente está afirmando, sin pudor, que dice. Leamos bien “GORA ALKA ETA” expresión que nadie ha podido explicar como de apoyo o enaltecimiento a terrorismo alguno, sino todo lo contrario.

La reacción de la “caverna” ha sido la de siempre, criminalizándolos y utilizando el caso para atacar al actual gobierno municipal; lo sorprendente no es eso sino la reacción del propio Ayuntamiento de Madrid anunciando acciones legales en contra de unos titiriteros que ellos mismos habían contratado.

La actuación de la compañía de “Títeres desde Abajo” seguramente no debió programarse dentro de las actividades infantiles previstas durante la celebración de los carnavales en Madrid; ahí, qué duda cabe, existe una responsabilidad por parte de quien les contrató o les programó como espectáculo infantil. Pero llevarles a la Audiencia Nacional, detenidos e “investigados” por un presunto delito de “enaltecimiento del terrorismo” es un viaje muy largo y solo de ida.

Es decir, la discusión debe ser reconducida hacía dos planos distintos: de una parte, ¿estamos ante un espectáculo infantil o no?, y, de otra, ¿se debe criminalizar la sátira política? Separar las dos discusiones resulta esencial para delimitar los ámbitos de cada una y, sobre todo, las responsabilidades y posicionamientos de unos y otros.

Respecto del primero de los temas puedo entender, y comparto, que un espectáculo de sátira política no deba ser exhibido a un público infantil; cada cual es dueño de educar a sus hijos en las ideas y convicciones que estime convenientes pero esas convicciones no pueden, o no deben, ser divulgadas con dinero público. No estoy conforme con la educación religiosa con dinero público y, tampoco, con la sátira política, del signo que sea, en espectáculos financiados con dinero de todos.

Dicho esto, en lo que a mí concierne e importa y que es lo más grave del asunto por afectar a un derecho constitucional como es el derecho a la libertad personal de los dos detenidos, me parece que criminalizar este tipo de actuaciones es un claro atentado a la libertad de expresión impropio de un gobierno que se dice de progreso; con actuaciones policiales y legales de este tipo no se progresa sino que se retrocede a niveles preconstitucionales.

Más aún, la actuación policial (policía Municipal) ha abierto un escenario procesal-penal de difícil predicción en sus resultados pero que, como elemento cierto tiene los siguientes: dos personas han sido privadas de su libertad, imputadas (bueno investigadas) por un delito de enaltecimiento del terrorismo y, además, tendrán que afrontar un proceso penal en el cual la inefable Audiencia Nacional ya se ha posicionado: a prisión subiendo la apuesta, no enaltecen a una sino a dos organizaciones terroristas y, para ello, el Juez se basa en graves indicios de criminalidad como es el portar libros según consta en el auto de prisión. La cultura ha muerto o va de camino a prisión.

Llevamos tiempo viendo cómo la Audiencia Nacional persigue, sin prisa pero sin pausa, a todo aquel que no opina o no se expresa como gusta al “establishment”, la gran diferencia es que ahora, y por primera vez, los imputados, ya presos, lo son por la actuación cobarde de quienes les contrataron para dicho espectáculo.

La sátira política, algo que mensualmente hacemos en Revista Mongolia, es un sano y maduro instrumento para cuestionar al poder, es otra forma de contrapoder que siempre ha molestado a quienes ostentan el poder en sus diversas formas; lo que no deja de sorprenderme y preocuparme es que “la nueva política”, la que vino para representarnos a los que no nos sentíamos representados, actúe contra dicha forma de expresión en igual forma que lo viene haciendo el establishment desde tiempos inmemoriales.

Obviamente, cada cual debe saber dónde y ante quiénes expone sus ideas y en qué forma; en Mongolia nunca se nos ocurriría hacer un espectáculo infantil porque nuestra forma de entender la sátira política es impropia para los niños, algunas veces creo que hasta para muchos adultos; sin embargo, es evidente que a Mongolia nunca nos contratarían para hacer reír a niños con nuestra forma de entender la crítica a la realidad política, social, económica y cultural.

En resumidas cuentas, el error estuvo en la programación de un evento de esas características en una franja de espectáculos orientados a los niños y, peor aún, es que ese error se está tratando de tapar por la peor de las vías: criminalizando a los artistas como si de ellos fuese la responsabilidad de lo sucedido.

Me explicaré. Sin duda que el mismo espectáculo, destinado a adultos, no habría causado el revuelo que está generando el cartel de “GORA ALKA ETA” y, a quien no le hubiese gustado el mismo se habría marchado pero al exhibirse el mismo ante niños de corta edad se produjeron reacciones que los responsables del Ayuntamiento no han sabido manejar y, al final, la culpa es del mensajero.

Para los dos miembros de la compañía “Títeres desde Abajo” este Carnaval no se les olvidará y para los que pensábamos que ahora gobiernan los que sí nos representan tampoco; bajo ninguna perspectiva es admisible que el Ayuntamiento ejercite acciones legales en contra de unos artistas que, con mayor o menor acierto, solo han ejercido su derecho a la libertad de expresión cuidando, claramente, de no usar términos que tuviesen ningún significado de relevancia penal porque “GORA ALKA ETA” no tiene ningún sentido más que el satírico.

En un Estado democrático y de Derecho no es necesario probar el “animus iocandi” en pleno Carnaval, sino justo lo contrario: quien acuse o denuncie o detenga tendrá que probar que existía la intención y el ánimo de enaltecer a una organización terrorista. Lo actuado responde a un miedo insuperable a la crítica tratándose de una actuación desproporcionada con posibles consecuencias legales para quien ha actuado precipitadamente privando de libertad a dos personas que no han cometido ilícito alguno.

Criminalizarles a ellos es criminalizarnos a todos y, también, representa una renuncia evidente a valores por los cuales fueron elegidos para dirigir los destinos de Madrid; gobernar tiene sus costos y uno de ellos es admitir los errores y aceptar las críticas porque la política no sólo consiste en tener un cargo sino en ejercerlo conforme al mandato recibido de los ciudadanos; Celia Mayer y quienes la apoyan están demostrando que no tienen ni la capacidad ni la integridad para ser representantes de nadie.