Palestina y la comunidad internacional: la falacia de la equidistancia

En Palestina el gobierno no puede pagar los sueldos. Ello se debe a que Israel ha decidido retener el dinero que, según los acuerdos firmados, recauda en nombre de Palestina. Son prácticamente 200 millones de dólares mensuales que permiten que hospitales, escuelas y otros servicios puedan funcionar. Si esta ha sido la reacción israelí al ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional (CPI), debemos esperar medidas más drásticas para cuando los primeros casos se presenten ante al fiscal general de la Corte, probablemente a comienzos de abril. En ese sentido, es importante recordar cuáles son los puntos de discordia para entender cuál o quién es el problema.

Palestina señala que acudir a la CPI es un paso legítimo, no violento, para terminar con la impunidad israelí. También señala que dio este paso dos años después de poder hacerlo (tras la votación en Naciones Unidas que otorgó a Palestina la condición de Estado) y tan solo después de que el gobierno israelí hiciera lo imposible para que las negociaciones fracasasen. De acuerdo a los hechos y a la propia declaración del secretario de Estado norteamericano John Kerry en su Congreso sobre las negociaciones, esta afirmación tiene un sustento real.

Israel señala que el paso dado por Palestina es ilegitimo debido a que es una “violación de los acuerdos firmados”, además de insistir en que Palestina no es un Estado. Para Israel -por lo menos públicamente-, todas sus violaciones son “materia de negociaciones”. En consecuencia, y con independencia de las colonias construidas en territorio ilegalmente ocupado, los palestinos deben sentarse a negociar. Ello, claro está, mientras la comunidad internacional se limita a observar, no sanciona a la potencia ocupante y se suma al coro sagrado de su majestad las “negociaciones”.

Para Palestina el problema no son las negociaciones. Todo conflicto se ha solucionado a través de negociaciones. El problema radica en que parece ser que relanzar el mal llamado “proceso de paz” hoy es más importante para muchos que la libertad de Palestina. Probablemente por comodidad -ya que dudo que sea por ignorancia-, para muchos es preferible repetir la frase mágica de que “ninguna de las partes debe tomar acciones unilaterales que afecten al proceso de paz”, antes que fijarse en la realidad sobre el terreno que más que llamar a “relanzar el proceso de paz” llama a hacer todo lo posible para salvar de su completa destrucción a la solución de los dos Estados.

A pocas semanas de las elecciones en Israel, la parálisis parece ser aún mayor. Es un secreto a voces que -probablemente salvo el caso de Canadá- toda la comunidad internacional apuesta sus fichas a que la dupla Herzog-Livni gane las elecciones de forma tal que se puede relanzar el “proceso de paz”. Sea esto posible o no, lo cierto es que ello ha conllevado a que se paralicen todas las acciones que se pensaban llevar a cabo en contra de las colonias israelíes. Claro que todo se paraliza salvo las colonias mismas, que junto al régimen colonialista continúan negando al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación. Ello nos recuerda una de las principales victorias históricas del Partido Laborista israelí frente a la comunidad internacional: paralizar cualquier acción internacional en función de no amenazar al “proceso de paz”.

Si resumimos las posiciones sobre los temas centrales, la posición de Palestina se alía a la de la comunidad internacional: dos Estados sobre la frontera de 1967; Jerusalén Este como capital de Palestina en el marco de una Jerusalén (Este y Oeste) abierta; y una solución justa basada en el Derecho internacional (y en la Resolución 194 de Naciones Unidas) a la situación de los refugiados palestinos. Esto, que según la Iniciativa de Paz árabe ha de garantizar la total normalización de relaciones entre Israel y 57 países árabes y musulmanes, ni siquiera ha sido respondido formalmente por Tel Aviv. En Israel la solución de los dos Estados no es parte de su programa de gobierno y, según todas las recientes encuestas consultadas, probablemente la próxima coalición gubernamental tampoco ha de aceptarla.

Con llamamientos a “ambas partes” a “no tomar acciones unilaterales” se da la impresión de que tanto Israel como Palestina tienen el mismo grado de responsabilidad, olvidando que uno es el ocupante y otro el ocupado. Más aún, se olvida que las acciones unilaterales adoptadas por Israel apuntan a la destrucción de la posición defendida por la comunidad internacional (dos Estados), mientras que las supuestamente unilaterales acciones palestinas (como por ejemplo su derecho de acudir a la CPI) apuntan en gran parte a todo lo contrario.

Sin saber en Palestina si se van a pagar salarios y con las colonias israelíes expandiéndose, Israel no se siente presionado a terminar sus violaciones mientras la comunidad internacional observa. Para poder alcanzar una solución pronta, es mejor terminar con el estado de negación que intentar poner a ambos en el mismo lugar. Si todo el mundo dice creer en la misma solución y es tan solo Israel quien la rechaza, está claro por donde hay que empezar a actuar.

En Palestina el gobierno no puede pagar los sueldos. Ello se debe a que Israel ha decidido retener el dinero que, según los acuerdos firmados, recauda en nombre de Palestina. Son prácticamente 200 millones de dólares mensuales que permiten que hospitales, escuelas y otros servicios puedan funcionar. Si esta ha sido la reacción israelí al ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional (CPI), debemos esperar medidas más drásticas para cuando los primeros casos se presenten ante al fiscal general de la Corte, probablemente a comienzos de abril. En ese sentido, es importante recordar cuáles son los puntos de discordia para entender cuál o quién es el problema.

Palestina señala que acudir a la CPI es un paso legítimo, no violento, para terminar con la impunidad israelí. También señala que dio este paso dos años después de poder hacerlo (tras la votación en Naciones Unidas que otorgó a Palestina la condición de Estado) y tan solo después de que el gobierno israelí hiciera lo imposible para que las negociaciones fracasasen. De acuerdo a los hechos y a la propia declaración del secretario de Estado norteamericano John Kerry en su Congreso sobre las negociaciones, esta afirmación tiene un sustento real.