De primero de cuñadismo

En democracia, criticar a los políticos no solo es sano sino, también, necesario. Y quien no quiera ser criticado, lo mejor que puede hacer es buscarse otro trabajo. Ahora bien, la crítica, para que surta los efectos esperados, ha de ser seria, responsable, bien documentada y venir construida sobre la base de unos conocimientos mínimos que permita asumirla como tal y no como simple pataleta de quien no ve sus expectativas satisfechas o, peor aún, como un mero ataque ad hominem vaya uno a saber por qué motivo o por encargo de quién. Quiero entender que los ataques que han recibido estos días Alberto Garzón y las medidas propuestas por su ministerio, sobre publicidad del juego online, corresponden al ámbito de las pataletas.

En cualquier caso, no deja de sorprender que tan ácidas e infundadas críticas, llegando incluso a la descalificación, han venido, primero desde la izquierda, para luego ser asumidas como propias, por amplios sectores de la derecha. Seguramente, el nexo entre unas y otras sea la molestia que causa que un comunista llegue a ministro, pero así están las cosas.

A Garzón y a su equipo se les ha acusado de todo. Y un breve análisis de las medidas adoptadas demuestra que esas críticas no tienen ni seriedad, ni responsabilidad, ni se basan en un mínimo entendimiento; no ya de lo regulado sino, incluso, del ámbito de competencias que tiene un ministro. Entre esas críticas y una cena de cuñados no se aprecia gran diferencia, pero intentaré explicarme.

No cabe duda de que el juego, en su vertiente más extrema o patológica, puede llegar a ser un problema de salud pública y que, en un mundo ideal, igual tendría que no estar permitido. Aunque, claro está, toda prohibición siempre termina generando mayores disfunciones que su bien regulada existencia. Pero antes de criticar el conjunto de las más de cien medidas sobre publicidad del juego online, que suponen prohibir el 80% de los actuales anuncios y una restricción muy severa para el resto, igual habría que tener claros algunos conceptos básicos.

En primer lugar, la industria del juego no se puede prohibir en España porque eso, al estar permitido en el resto de países de la Unión Europea, contravendría el derecho a la libre circulación de capitales y, también, al derecho a la libertad de establecimiento. Expuesto más claramente: prohibir el juego, de entrada, solo se puede hacer si tal prohibición parte de la propia Unión Europea, no de Garzón ni de su equipo.

Un ministro, sea comunista o no, tiene unas limitadas competencias regulatorias y, más aún si lo que se pretende es que luego no le tumben esas iniciativas por ilegales; en este caso se ha acudido, como no podía ser de otra forma, al instrumento establecido en la Constitución y denominado “Real Decreto”. Este tipo de instrumentos tiene, además, una serie de limitantes como son las establecidas en las propias leyes y cuya razón de ser no es otra que la de impedir que el ejecutivo pueda invadir competencias exclusivas del poder legislativo.

Pero los límites no solo están en las propias normas reguladoras del juego sino también en el conjunto del ordenamiento y, por tanto, solo desde una apreciación simplista o de deliberada ignorancia puede aducirse que la propuesta de Garzón sea una rendición, una cesión o, incluso, una traición. Quienes así se posicionan en contra de estas medidas parecen desconocer aspectos básicos que afectan al sector cuya desaparición pretenden como son, por ejemplo, que en materia de juego las competencias están delegadas en las comunidades autónomas o que, a la hora de reconducir o restringir la publicidad de este tipo de actividades no sólo operan las normas directamente aplicables al sector del juego sino también, y, por ejemplo, las contenidas en Ley General de Comunicación Audiovisual.

Los objetivos iniciales de estas medidas, de cuya urgencia no dudan ni los más acérrimos detractores, no son otros que los expuestos por el propio Garzón: “proteger a los menores, a los mayores de edad en edad temprana, a los colectivos más vulnerables y en general a toda persona que quiera jugar” regulando tanto la difusión de publicidad −horarios− como el tipo de mensajes permitidos.

Pero no todo tiene que ver con la publicidad que, insisto, por decreto no puede ser prohibida como pretenden los cuñados de turno. También existen otras medidas que apuntan a algo esencial ante este fenómeno del juego como son aquellas orientadas a la “información, prevención y control sobre las posibles consecuencias que tiene el juego sobre la salud” y que, según han afirmado desde el ministerio, no son más que “un primer paso de una estrategia integral contra la ludopatía y para proteger la salud pública”.

Por otra parte, una de las críticas que más duramente se han realizado apuntan a la inexistencia, en la propuesta de Garzón, de medidas que regulen los salones presenciales de apuestas. No me cabe duda de que ese tipo de establecimientos han de ser regulados, no prohibidos, de forma tal que se desincentive su proliferación y la del juego para proteger tanto a los menores como a los ludópatas. El problema es que la regulación de este tipo de establecimientos, como ya he dicho, no es competencia del ministerio sino de las Comunidades Autónomas lo que, una vez más, no es culpa del comunista que tenemos por ministro.

Los criterios seguidos a la hora de establecer estas medidas no parecen sustentarse ni en presiones ni de precipitaciones, sino en la experiencia acumulada en otros países y en estudios muy claros que demuestran que la mejor solución pasa por la adecuada regulación y no por la prohibición del juego. Tal cual sucede con las drogas y otros tantos productos, en el caso del juego, la prohibición estimula la actividad ilegal y más aún cuando resulta tan accesible como sucede con el juego online que puede, incluso, llegar a implicar no solo su proliferación, sino el absoluto descontrol fiscal del mismo.

El paso dado hasta ahora, dentro de un ambicioso plan integral de regulación y de prevención contra los efectos patológicos del juego, es gigantesco, teniendo en cuenta de donde se ha partido: de un ámbito absolutamente descontrolado o desregulado o como el propio ministro ha expresado, provenimos de la “ley de la selva”.

Por tanto, convendría conocer el contexto, los límites legales y competenciales, así como el alcance de la norma y su sentido, antes de dispararse en el pie, como algunas voces de izquierda han hecho en su precipitación por ser los primeros en exhibirse duramente críticos contra un ministerio que se habría rendido ante los lobbies del juego, según su sesgada y poco formada opinión.

En todo caso, lo relevante no es si son las más acertadas o no, sino la ligereza con la que han sido criticadas y el que esas críticas vengan de sectores que se presumen de izquierda y que no han dado ni los cien días de gracia a un ministro al que parece no perdonársele que sea comunista.

En cualquier caso, y como partí diciendo, las críticas a los políticos han de ser bienvenidas y deben ser agradecidas si las mismas tienen una mínima solidez intelectual y no surgen de meros arrebatos producto del galopante cuñadismo que se está adueñando del debate político en nuestra sociedad; siendo muy triste tener que explicar conceptos básicos de cómo ha de funcionar un estado democrático y de derecho que son materias que, sin duda, debieron de explicarse en “primero de cuñadismo”.