Lobos con piel de cordero: legislando con fines ocultos

El pasado 12 de noviembre fue aprobada la Ley Orgánica 7/2014 con la que el legislador pretende incorporar al Derecho español la Decisión Marco del Consejo de Europa (2008/8F6/JAI) que, con la intención de fortalecer las bases del espacio común europeo, establecía unos mínimos sobre el reconocimiento de las sentencias dictadas en un Estado miembro en el resto de países del espacio comunitario. Meses antes, en marzo, ante la ausencia de trasposición de la Decisión Marco, el Tribunal Supremo realizó una interpretación de esta última en su sentencia 186/2014, considerando que establecía una obligación mínima para los Estados miembros y permitía, por lo tanto, la acumulación de sentencias de otros Estados, modificando de esta manera los límites de cumplimiento de la pena o revisando condenas ya impuestas.

Resulta sorprendente que desde 2008 el poder legislativo no hubiera mostrado el mínimo interés por trasponer la decisión y que, tan solo unos meses después de la citada sentencia, los mecanismos legislativos se hayan puesto súbitamente en marcha y de esta manera. Como ciudadanos, debemos preguntarnos el por qué de este repentino interés y cuál es la verdadera intención que enmascara esta ley. Si profundizamos un poco, parece claro que en el fondo lo que esta nueva ley pretende es limitar en la medida de lo posible -si no impedir de manera completa- futuras resoluciones que sigan la línea interpretativa marcada por el Tribunal Supremo.

La razón subyacente es que, de consolidarse como doctrina la interpretación del Tribunal Supremo, alrededor de unos 100 presos de ETA podrían ver rebajada su pena entre unos 5 y 6 años de media, al tener que descontar las sentencias francesas al límite máximo de cumplimiento de la pena. Para evitarlo, tras el paso de la ley en el Congreso, el grupo parlamentario popular propuso varias enmiendas a su paso por el Senado que limitaban el efecto en el tiempo de la nueva ley, de tal manera que impidiera su aplicación para resoluciones extranjeras anteriores, yendo directamente contra la interpretación del Tribunal Supremo. De esta manera, se ha generado una ley que desde el punto de vista estrictamente técnico puede resultar aparentemente correcta, aunque claramente no traslada al ámbito interno español el sentido de la Decisión Marco. Pero lo que sí resulta indudablemente más cuestionable es su intencionalidad última, claramente oculta, que la convierte en ilegítima.

Las enmiendas introducidas y aprobadas en la ley ponen de manifiesto una vez más la posición irresponsable y errática del gobierno de Madrid en el proceso de paz vasco, frente al que no solo muestra una actitud de parálisis, que llega hasta su negación, sino que ha dado un paso más, convirtiéndose en un auténtico spoiler (obstáculo) del mismo. Es bien sabida la importancia de proporcionar una solución razonable al tema de los presos dentro de un proceso de paz. Sin ir más lejos, en Irlanda del Norte fue una de las piedras angulares que permitió el desbloqueo y avance del proceso de paz. Constituyen un colectivo que debe ser tenido en cuenta y activamente integrado en la construcción de un futuro en paz.

Sin embargo, el gobierno español -lejos de favorecer una solución permitiendo la normalización de la respuesta penal y poniendo fin a la situación de emergencia y excepcionalidad jurídica todavía hoy vigente- continúa legislando fomentando la consolidación del Derecho penal del enemigo. Esta semana, durante la cumbre hispano-francesa, se pondrá sobre la mesa el traslado a cárceles españolas de más de 50 presos de ETA, a raíz de la promulgación y entrada en vigor de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Pese al ya consolidado cese de la violencia, el ejecutivo de Mariano Rajoy, lejos de instaurar políticas tendentes a la normalización jurídica y a la consolidación de la paz y la reconciliación, tales como descriminalizar al llamado entorno político de ETA y poner fin de manera paulatina a las medidas de dispersión de los presos así como adoptar políticas humanitarias (demandadas por numerosos colectivos e instituciones), no deja pasar ni la más mínima oportunidad para imponer su postura revanchista, haciendo alarde de su poder.

Para el Estado parece ser la guerra del bien contra el mal en la que cualquier gesto hacia los presos representaría una muestra de debilidad. Según esta visión polarizada, solo caben discursos totalizadores en los que ha de mostrar su poder y su voluntad irreductible de no dar su brazo a torcer en su lucha sin cuartel contra ETA. Como consecuencia, mientras la Secretaría para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco intenta implementar un plan de convivencia de carácter integrador con el punto de mira claramente puesto en un futuro en convivencia pacífica, el gobierno de Rajoy considera que la lucha contra el terrorismo no acabará hasta que se entregue la última arma, todos sus miembros se hayan rendido y ETA se haya extinguido formalmente. Es lo que Ignacio Sánchez-Cuenca llama la “moralización del conflicto” y que ha traspasado la esfera de lo político, permeando y dividiendo a la sociedad e impidiendo un escenario constructivo para la paz.

En gran medida la postura tan radical y rotunda del gobierno de la nación se debe al papel que vienen jugando ciertas asociaciones de víctimas del terrorismo a lo largo de las pasadas décadas. Asociaciones que han visto incrementada exponencialmente su capacidad de influencia, llegándose a convertir en uno de los lobbies políticos más influyentes en el panorama político nacional. Ninguno de los principales partidos políticos quiere arriesgarse a desatar el descontento de las asociaciones de víctimas, lo que genera una situación perversa en la que éstas marcan el ritmo y el sentido de la decisiones de todos los poderes del Estado. El resultado no puede ser más peligroso y dañino, ya que la legitimidad del Estado de Derecho se está viendo fuertemente erosionada, al recoger como suyas posturas que, bajo la cobertura de clamar por la justicia, en realidad lo que piden es venganza.

Y, como guinda del pastel, es este mismo gobierno que no concede ni un gramo de oxígeno a un proceso de paz asfixiado por la parálisis propiciada por el mismo, quien se permite ejercer internacionalmente de garante de procesos de paz. Esto es precisamente lo que ocurrió la semana pasada cuando el ministro José Manuel García-Margallo expresó su apoyo al proceso de paz colombiano y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se implicara en el proceso de paz. ¿Cómo un gobierno que niega de manera sistemática incluso la propia existencia del proceso de paz que tiene lugar en su Estado puede ser garante de la paz a nivel internacional? Una vez más, es una muestra de la política de doble rasero que rige en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país.